ECONOMíA › LA AFIP SANCIONó A LA PETROLERA YPF

Le pisaron la manguera

 Por Fernando Krakowiak

La AFIP le prohibió a la petrolera YPF realizar cualquier operación de comercio exterior hasta que no cancele una deuda de 20 millones de dólares en concepto de derechos de exportación de gas. La sanción se oficializará en el Boletín Oficial a través de una resolución que incluye a más de 300 empresas que están en la misma situación, pero fuentes del organismo recaudador filtraron ayer a la agencia Télam sólo el dato de la petrolera controlada por Repsol. Esto ocurre en medio del conflicto que la firma mantiene con el Gobierno por la caída de la producción e impactó fuerte en la cotización de su acción, que cayó 4 por ciento en Buenos Aires y 2,7 por ciento en Wall Street. La empresa cancelará la deuda entre hoy y mañana, aunque igual presentará un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación cuestionando la medida.

El monto que se le reclama a YPF es fundamentalmente del período 2005-2006 y surge de la diferencia entre el precio de mercado del gas exportado, que toma como referencia la AFIP, y el valor que declaró oportunamente la petrolera. Son ocho millones de dólares, pero la suma de los intereses elevó la deuda firme a 20 millones. Repsol YPF es la principal petrolera del país, con cerca del 60 por ciento del mercado. Sin embargo, la medida no le provocará problemas logísticos. La compañía no exporta combustibles desde hace más de dos años y las importaciones que realiza para abastecer la creciente demanda interna tampoco se verán afectadas porque la inhibición se levantará de manera automática apenas cancele la deuda.

El impacto de la prohibición fue financiero. Ayer apenas trascendió la sanción, el precio de la acción de YPF comenzó a retroceder y cerró con una pérdida de 4 por ciento en la Bolsa de Buenos Aires y de 2,7 por ciento en Wall Street. En España, mientras tanto, la acción de Repsol cayó 1,3 por ciento. El martes, los papeles de YPF también habían bajado, aunque en ese caso la reacción negativa fue luego de que un cable de la agencia Bloomberg informara que ocho potenciales inversores de la empresa habían decidido no aportar recursos para financiar la exploración de los reservorios no convencionales debido al conflicto que la firma mantiene con el Gobierno. Bloomberg aclaró que los inversores eran estadounidenses, canadienses y europeos y, según la agencia, seis justificaron su decisión de retirarse debido a las “políticas impredecibles”.

El subsecretario de Coordinación y Control del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta, emitió ayer un comunicado donde respondió a las críticas difundidas por Bloomberg. “Las políticas de este gobierno son totalmente predecibles”, sostuvo. El funcionario, que anoche viajó junto al ministro de Planificación, Julio De Vido, a Brasil para renovar un acuerdo de intercambio de energía, agregó que “los yacimientos son para invertir y producir, no para obtener ganancias fáciles y repartir dividendos”.

El conflicto con Repsol YPF comenzó el 16 de enero, cuando el Gobierno denunció a cinco petroleras por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel a las empresas de transporte de pasajeros y carga. Ese día, el ministro De Vido aprovechó también para pedirle a YPF la rápida puesta en producción de los yacimientos de petróleo no convencional. “Necesitamos la puesta en valor del combustible para que los anuncios de nuevos descubrimientos no sirvan sólo para que la empresa obtenga una ganancia financiera”, afirmó. El 25 de enero fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que se puso al frente del reclamo. “Que no olviden que las dueñas del subsuelo son las provincias, las empresas petroleras son apenas concesionarias”, sostuvo.

El titular de Repsol, Antonio Brufau, viajó a la Argentina para tratar de recomponer la relación, pero la reunión que mantuvo el 6 de febrero con De Vido y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, no fue buena. El propio De Vido se los dijo a los gobernadores de las provincias petroleras el jueves pasado, en el encuentro donde los mandatarios y el gobierno nacional emitieron un duro documento reclamando inversiones y amenazando con quitar concesiones.

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