La AFIP detectó una evasión previsional de 12,6 millones de pesos de la cadena de comida Sushi Club y acusó a la empresa de realizar maniobras para evitar pagar adicionales por antigüedad y vacaciones a sus empleados. El organismo encabezó ayer un operativo por el cual allanó 14 domicilios de la firma en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires y realizó más de diez procedimientos de control en el resto del país. La AFIP denunció penalmente a Sushi Club por evasión tributaria y previsional, figura que contempla penas desde dos a nueve años de prisión y una multa que podría llegar a más de 120 millones de pesos.

La maniobra descubierta por los agentes de la AFIP involucra a las sociedades Sushi Recoleta, Sushi Club, Sushi Cañitas, Sushi Gasset, Sushi Puerto Madero, Sushi Aca-ssuso, Sushi Este, Sushi Gorriti y Sushi Parque. Todas esas empresas tienen los mismos socios mayoritarios, directores y/o gerentes, idéntica actividad económica y administración centralizada. Pertenecen a un grupo económico llamado Sushi Club, que factura más de 100 millones de pesos al año.

El salario promedio que paga la empresa es de 5600 pesos, según la información oficial. Los empleados estaban registrados como “media jornada”, pero en realidad se desempeñaban bajo el régimen de jornada completa, de modo que el resto del salario (unos 2400 pesos en promedio) se les pagaba “por atrás”. “Mediante este tipo de maniobras se reduce el ingreso de fondos en el sistema fiscal que no sólo se destinan a las futuras jubilaciones de los empleados, sino a partidas como la Asignación Universal por Hijo, las jubilaciones y pensiones, las pensiones por discapacidad y los seguros de desempleo”, explicó la AFIP.

Pero, además, el organismo detectó 576 registros de bajas en el sistema laboral que luego fueron declarados como activos por otras empresas del grupo. La maniobra consistía en que alguna de las empresas del grupo contrataba un trabajador, pero al poco tiempo se lo obligaba a renunciar y era trasladado a otra compañía vinculada. El segundo empleador aprovechaba con esa contratación los beneficios de la ley de promoción del trabajo no registrado pero, nuevamente, al poco tiempo obligaba al trabajador a renunciar y lo trasladaba a otra firma del grupo. El tercer empleador también hacía uso indebido de los beneficios fiscales.

Esa operatoria era repetitiva y perjudicaba a los trabajadores, que no podían acumular antigüedad, con el impacto negativo en las vacaciones y en el aguinaldo. Además, la empresa abusó de los beneficios de la reducción de las contribuciones (de entre 25 y 50 por ciento) previstas por ley para las empresas que contratan trabajadores. En los allanamientos, la AFIP secuestró documentación contable y extracontable, legajos de personal y recibos de sueldo. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal Criminal y Correccional Nº 1 de Morón, a cargo de Juan Pablo Salas.