La Corte Suprema de Justicia declaró ayer inconstitucional el cobro del impuesto a la ganancia mínima presunta, en una causa presentada por la firma hotelera Hermitage contra el Estado Nacional en la que se había acreditado, a través de un peritaje contable, que la empresa tuvo pérdidas en 1995, 1996 y 1998.

La causa llegó al máximo tribunal después de que la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocara lo resuelto por la instancia anterior y declarara inconstitucional el impuesto que había debido afrontar la empresa en los años mencionados.

En el fallo, la Corte comienza cuestionando la ley que establece el impuesto porque “no contiene una redacción clara y precisa, circunstancia que demuestra una deficiente técnica legislativa” y motivó numerosos debates acerca de la propia naturaleza del impuesto y de la hipótesis de incidencia que adopta la ley.

Luego se afirma que, como principio general, no es objetable que el legislador al establecer un tributo utilice la técnica de las presunciones, aunque en la doctrina existente sobre el tema, que incluye fallos de la propia Corte, y en los ordenamientos jurídicos de diversos países, se ha enfatizado que “su uso debe ser limitado a aquellos casos en que existan circunstancias especialísimas que lo justifiquen”. Sin embargo, la Corte sostiene que la ley 25.063, que creó el impuesto en cuestión, supone una renta equivalente al uno por ciento del valor de los activos de explotaciones comerciales diversas y no ofrece fundadas razones para impedir que se pruebe que no se ha obtenido la ganancia presumida.

Por ese motivo, el tribunal concluye que “el medio utilizado por el legislador para la realización del fin que procura no respeta el principio de razonabilidad de la ley, y por lo tanto, las normas impugnadas son constitucionalmente inválidas en su aplicación al caso”. Fuentes oficiales se limitaron a destacar que el fallo se refiere sólo al reclamo realizado por la firma Hermitage y que, por lo tanto, el impuesto se seguirá cobrando. No obstante, la Corte abrió la puerta para que a partir de ahora numerosas empresas cuestionen ante la Justicia el impuesto si consideran que no han obtenido ganancias que justifiquen su cobro.