EL PAíS › LAS NEGOCIACIONES PREVIAS DEL GOBIERNO, URUGUAY Y LOS AMBIENTALISTAS

La tregua que buscaba la Rosada

Fuentes del Gobierno admitieron que se negoció para propiciar el levantamiento del corte. Hubo gestiones para que José “Pepe” Mujica hiciera un gesto favorable al monitoreo conjunto del río y la pastera.

 Por Martín Piqué

Se lo veían venir. En la Casa Rosada preveían que la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú decidiría levantar el corte del puente internacional que une la ciudad entrerriana con Uruguay. Sin embargo, hasta anoche a última hora, cuando los ambientalistas votaron “negociar con el Gobierno” y liberar el bloqueo de la ruta 136, se mantuvo el suspenso.

Desde hace días, en las áreas del Ejecutivo que venían siguiendo el conflicto comenzaron a notar que los ambientalistas estaban interesados en “retomar el diálogo”. Así, a pesar de los cuestionamientos de los que fue objeto el Ejecutivo (“el Gobierno nos abandonó”, se escuchó en el club Frigorífico), en la Rosada intentaron poner su cuota para facilitar el levantamiento del piquete. Mientras que los canales de negociación fueron el intendente Juan José Bahillo y el gobernador Sergio Urribarri, el Ejecutivo ensayó otra gestión con el presidente uruguayo, José “Pepe” Mujica.

El sondeo, de carácter reservado, buscaba que el jefe de Estado de Uruguay hiciera algún gesto que diera más argumentos a quienes proponían levantar el corte o como mínimo flexibilizar la forma de la protesta. “Hubo una negociación. Eso se lo puedo garantizar”, aseguró a Página/12 un allegado muy cercano al matrimonio presidencial que suele visitar Olivos y también la Rosada.

La condición que la asamblea había puesto para levantar la medida era que Uruguay hiciera lo necesario para que comenzara a funcionar el demorado monitoreo de las aguas del río. También exigía –y era el punto más sensible, el más discutido– que Montevideo facilitara una inspección por parte de técnicos y ambientalistas argentinos dentro de la propia planta de UPM (ex Botnia). Este, puntualmente, era uno de los reclamos que más se venía escuchando entre los referentes de la asamblea. En la madrugada de ayer, un texto firmado por Mujica apareció en el sitio web de la presidencia uruguaya: “El autocontrol puede ser un concepto muy valioso en la discusión ética pero tiene patas cortas en la vida material. El sistema de control que vale es el que hace espacio a la oposición de intereses, porque es la única manera de contener la natural inclinación a ser indulgentes con nosotros mismos”.

Una simple lectura de su contenido parecía sugerir una posible revisión de la postura del gobierno oriental, hasta ahora contraria a la realización de inspecciones dentro de la planta. Esa postura intransigente fue expuesta originalmente por el canciller de la otra orilla, Luis Almagro. Anoche, en la Rosada se atribuían en parte la posibilidad de que Mujica termine autorizando la inspección dentro de la pastera.

Mientras la asamblea continuaba su debate, en el Ejecutivo se hicieron eco de una de las propuestas que surgía en Gualeguaychú. Allí se había exigido que el Estado dejara sin efecto su denuncia penal contra los referentes más conocidos del corte. “La denuncia no se puede levantar porque no se trata de delitos de acción privada, sino de delitos de acción pública. Lo que sí puede suceder es que el juez, si se levanta la interrupción del puente, considere que el delito ha desaparecido y declare abstracta la denuncia”, aseguró a Página/12 un alto funcionario que conoce de temas judiciales.

Anoche, cuando la asamblea aún discutía cómo contar los votos de los vecinos que se dividían entre negociar con el Gobierno manteniendo el piquete o corriéndose a la vera de la ruta, los funcionarios nacionales seguían lo que iba pasando desde las pantallas de TV. “Sabemos, por lo que nos cuentan los medios, que la Presidenta y Aníbal Fernández están viendo esto por la televisión”, comentó en un momento uno de los organizadores de la asamblea. La reacción fue una silbatina y cantitos contra la jefa de Estado: “Y ya lo ve/ y ya lo ve/ es para Cristina que lo mira por tevé”. Recién cerca de la medianoche, y tras varios intentos infructuosos, los ambientalistas pudieron comprobar cuál de las dos mociones había ganado: por unos cien votos se había impuesto la propuesta de levantar el corte y negociar dejando libre el paso de la ruta.


Prórroga por la querella

El Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, a cargo del juez subrogante Gustavo Pimentel, concedió una prórroga para expedirse sobre la querella presentada por el Gobierno contra el corte de ruta en Gualeguaychú. Según informó el Centro de Información de la Corte Suprema, la prórroga fue autorizada por el juez Pimentel, ante una solicitud de la representante de la fiscalía. De este modo, la fiscal federal de Concepción del Uruguay, Milagros Squivo, obtuvo el plazo para que realice o no el requerimiento de instrucción, previo a tomar la decisión de aceptar o rechazar la querella. El Poder Ejecutivo decidió presentarse como parte querellante en la causa en donde se instruye el bloqueo de los asambleístas de Gualeguaychú. El Ejecutivo los acusó por los presuntos delitos de “homicidio culposo, privaciones de la libertad, amenazas calificadas, extorsión, instigación a cometer delitos y actos de intimidación”.

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La presidenta Cristina Fernández y su par uruguayo, José Mujica.
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