ECONOMíA › VECINOS Y AMBIENTALISTAS SE MANIFESTARON EN ANDALGALá

Marcha contra las mineras

Conmemoraron ayer los dos años de la represión policial ejercida contra quienes resistían el proyecto minero de Agua Rica. Un grupo que defiende la actividad bloqueó un puente cercano para boicotear el acto. La Infantería evitó un enfrentamiento.

Con una extensa serie de actividades, ayer los vecinos de Andalgalá junto a otros ambientalistas recordaron y repudiaron la represión policial ocurrida hace dos años, en medio de las protestas contra el proyecto minero de Agua Rica. “Por ahí no se conoció tanto este hecho porque no había mucha prensa nacional, pero el accionar de la policía fue más brutal que el de Tinogasta la semana pasada”, aseguró ayer Urbano Cardozo, un ambientalista de Andalgalá. A diez cuadras de estas actividades un grupo pro minería cortó el puente del río de La Cañada, por el que se accede a esta ciudad, impidiendo que se sumen pobladores de pueblos vecinos. La fiscal Marta Nieva, la misma que pidió el desalojo hace dos años, consiguió una orden judicial para desbloquear el puente. Y aunque esto no fue posible, esta vez no medió la violencia: la Guardia de Infantería se limitó a evitar enfrentamiento entre ambos bandos.

Según denunció el diputado nacional Jorge Cardelli, de Proyecto Sur, los manifestantes pro minería lo retuvieron varias horas “violando todas las normas y derechos de libre circulación y burlándose de mis fueros como representante de los ciudadanos”. Fue él quien se contactó con la fiscal Nieva y otras autoridades judiciales para poder ingresar a Andalgalá.

“Vamos a marchar alrededor de la plaza 9 de Julio. Estamos sitiados, pero no pensamos enfrentarnos entre vecinos, aunque del otro lado no sean todos vecinos”, dijo anoche Rosario Carranza, asambleísta de El Algarrobo.

Hace dos años, la policía municipal junto a la provincial y al grupo de elite Kuntur arremetió con gases y balas de goma contra una veintena de militantes de El Algarrobo, que frenaban los camiones que iban a hacia Agua Rica. “Pensaban que era un grupo chiquito, que iba a ser algo fácil, pero corrió la voz y fueron miles de vecinos a apoyarlos”, comentó el abogado Javier Garín, quien por entonces ayudó a liberar a muchos de los más de 30 detenidos, tras los incidentes.

Ayer, reunidas frente a la comisaría del pueblo, un centenar de integrantes de “Las mujeres del Silencio” hizo una caminata a las nueve, que incluyó el juzgado de garantía de donde partió la orden de desalojo y luego la plaza central de Andalgalá. “Marchamos con la boca vendada y las manos atadas, como hacemos todos los miércoles desde hace un año. Y no sólo repudiamos la represión, sino también la judicialización de la protesta”, contó Patricia Alvarez, una de “Las mujeres del Silencio”. Estas y las demás actividades se desarrollaron sin incidentes.

Esta caminata también incluyó la casa de la familia Rojano, dueña de la empresa Mafap, proveedora de la mina Villa Rica. Por entonces, los transportes de esta empresa eran interceptados por los activistas de la asamblea El Algarrobo, que solían acampar a la vera del camino vecinal que une Chaquiago con El Potrero, cerca de las minas en el nevado de Aconquija. Los terrenos del acampe que había comenzado a mediados de diciembre de 2009 eran de un particular que apoyaba la causa.

El juez Rodolfo Cecenarro ordenó sacarlos de ahí con el apoyo de José Perea, intendente de Andalgalá, una ciudad con 20 mil habitantes, la segunda en importancia después de la capital provincial. El mismo juez había recibido varios pedidos para frenar las obras en Villa Rica. “Casi nadie se salvó de las balas de goma, ni la Virgen del Valle”, contó Cardozo. Ayer, por la tarde, hubo una peregrinación encolumnada tras una esfingie de San Francisco de Asís (patrono de Andalgalá) y otra de la agujereada Virgen del Valle.

La represión continuó en varios puntos de Andalgalá ya entrado el amanacer, dijo Garín. “Pudimos sacar a la mayor parte de los detenidos al poco tiempo porque estaban acusados de resistencia a la autoridad y otros delitos menores, pero hubo dos o tres activistas importantes que fueron acusados de coacción agravada”, recordó este abogado. Según él, Cecenarro había aceptado analizar uno de los pedidos de amparo para detener la explotación en Villa Rica: “Lo firmó dos días antes y no lo envió confiando en que se podía frenarnos. Cuando vio que no, los envió”.

Más tarde, el amparo fue rechazado por Cecenarro, pero el juez de minas de Catamarca, Raúl Guillermo Cerdas, suspendió la explotación de Villa Rica “para mantener la paz social”. El actual secretario de Minería de Catamarca, Rodolfo Miccone, advirtió que este proyecto es “interesante” y se está evaluando nuevamente. “Eso nos tiene preocupados. Un equipo de la Universidad Nacional del Tucumán advirtió, entre otras cosas, que había posibilidades ciertas de contaminación de las aguas superficiales y profundas y riesgo de avalanchas sobre la ciudad”, agregó.

Según los organizadores, todas las actividades fueron multitudinarias y sirvieron también para repudiar la actividad de la mina Bajo La Alumbrera. “Y eso pese a las interferencias que sufre la radio El Algarrobo y a las patotas pro megaminería que bloquean la llegada de más gente, entre ellos muchos periodistas”, denunció Carranza, de El Algarrobo.

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Integrantes de “Las mujeres del Silencio” se manifestaron frente a una comisaría.
Imagen: andalgalá.com
 
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