EL PAíS › OPINION

El Congreso está que vuela

La reestatización, sus pilares y sus zonas oscuras. Mal paso de Jaime por Congreso. El oficialismo quiere subir el piso. Cláusulas contradictorias que darán que hablar. Algunos proyectos de la oposición, sus riesgos. El Senado, en pos de la mayoría perdida. El Presupuesto y la ampliación que ya van a venir. Y algo sobre gentes sin voz.

 Por Mario Wainfeld

Aerolíneas Argentinas aterriza en el Parlamento, la pista tiene algunos baches, la bruma obstruye la visual. “No va a ser fácil aprobar el proyecto tal como está”, redunda una figura del bloque de diputados oficialistas. El clima de “la Casa” es de agrande opositor, para colmo desde la Casa Rosada y zonas linderas no terminan de “ayudar”. El debate sobre las retenciones móviles hizo tronar el escarmiento, ¿habrán escarmentado los derrotados? En el casi vacío edificio del Congreso los resquemores priman sobre las certezas. Nadie cree que Ricardo Jaime, con su mochila de causas judiciales abiertas, haya “sumado” en su presentación a la Cámara, más bien lo contrario. El cuestionado (y cuestionable) secretario de Transporte se presentó tal cual es, enjoyado y huraño. Monologó sin mayor garbo durante hora y media, repechó flojamente la cuesta de las preguntas. En horas previas había bregado por impedir la transmisión de la reunión por TV, desnudando poca pasión por la transparencia y una errada lectura de la coyuntura. Jaime aburrió pero no convenció, la postura oficial retrocedió un par de casilleros.

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Contrapesos: La norma propuesta tiene dos puntos fuertes. El primero es que la ex línea de bandera sostiene cantidades de destinos despreciados por empresas colegas, a quienes la integración territorial les importa un comino. Una ruptura de la continuidad de Aerolíneas (que controla el 90 por ciento de los vuelos de cabotaje) desconectaría ciudades y aun provincias, buen motivo para congregar gobernadores en busca de una solución.

El segundo es la preservación de la fuente de trabajo. La plantilla del personal incluye nueve mil personas calificadas, muchas con larga antigüedad. Nadie, desde la oposición, querrá ponerse de punta con esos laburantes, ligados a una empresa que, aun en declive, tiene su peso simbólico. El archipiélago opositor menciona algunos modos de solución que tutelarían los derechos de los empleados pero sin gastar la plata que supone el proyecto del Ejecutivo. El senador radical Gerardo Morales propone la quiebra con continuidad para dispensar al fisco del pasivo previo. Otros evocan lo que se hizo en Suiza, cerrar Swissair y abrir otra empresa desde cero. Sin conocer los detalles es imposible emitir juicios lapidarios. Pero a cuenta, como abogado laboralista que fue, el cronista imagina que esas jugadas tienen riesgos severos. Una empresa que comienza de cero, ¿mantendrá la plantilla, que muchos juzgan excesiva? ¿Reconocerá la antigüedad de los trabajadores en la extinta AA? Si no lo hace, vulnera sus derechos, afecta su patrimonio. Si la acepta, tiene que hacer una importante previsión presupuestaria para cubrir eventuales indemnizaciones futuras, limitando su capacidad financiera y afectando su precio. La situación no tiene por qué ser igual a la de otros países donde no impera el régimen indemnizatorio argentino y sí el seguro de desempleo.

Una empresa quebrada, farfullan con tino en pisos altos de Diputados, sudará la gota gorda para funcionar. El tráfico aéreo supone transacciones diarias, en cien lugares del mapamundi, el acceso al crédito es imprescindible. Pero un quebrado, se sabe desde el Papá Goriot de Balzac para acá, tiene que manejarse a puro cash. Minga de crédito o de paciencia. Ni para un chizito del cattering ni, menos, para un leasing de aviones.

Hay más tribulaciones para las bancadas oficialistas, incluida una incongruencia en el texto del proyecto. Su artículo segundo repite una tentativa resistida en el trámite parlamentario de la resolución 125. Contiene la aprobación de un acto administrativo, en este caso un “Acta acuerdo” suscripta por la Secretaría de Transporte y la administración Marsans. En ella se estipula que, para fijar el precio, la concesionaria nombrará un perito. A su vez, el Gobierno se valdrá del Tribunal de Tasaciones. En el supuesto (casi inexorable) de divergencia, ambas partes designarán un auditor internacional cuya estimación será inapelable. No es preciso ser un gurú para anticipar el “nones” de la oposición a ese aval tardío a un opinable sistema de arbitraje. El punto, es de manual, fue un requerimiento de la empresa y del Estado español. En otro párrafo del mismo artículo, brota la incongruencia. Determina que “el precio (...) deberá someterse, previo a su pago, a la aprobación del Congreso”. O sea, el arbitraje es inapelable pero el Congreso debe validar el precio. La inconsecuencia se explica por secuencia cronológica. El régimen de tasación fue convenido con los empresarios españoles, bajo la anuencia del susodicho gobierno. La sujeción al Congreso es una lógica atribución institucional, ineludible en los tiempos que corren (o vuelan, si usted prefiere). No se entiende cómo podrían compatibilizarse las dos partes de una misma norma.

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Sumar de a uno: Juntar votos, he ahí un arte. La base está, explican los operadores del Frente para la Victoria (FPV) en Diputados, evocando la precisa frase del filósofo hedonista Héctor Veira: son los apoyos que valieron una victoria angustiosa, cuya real calidad se midió cuando la debacle en el Senado. A partir de ese piso, “sumamos de a uno”. Hay que explorar a todos los peronistas divergentes, o a casi todos. La salteña Beatriz Daher, quien preside la Comisión de Transporte, parece haber regresado al redil, Manuel Baladrón anda en eso. “Con Felipe (Solá) no hay caso –tábula, ábaco en mano, un contador de porotos–, su opción racional es pasarse a la oposición.” Enrique Thomas, quien fuera derrotado como candidato a vicegobernador mendocino por la Concertación Plural, tiene casi tanta bronca como su aliado Julio Cobos, se lo da por perdido. Los radicales K se rompieron casi al medio, cabe esperar que sin doblarse.

Varios legisladores tienen sobrados motivos para no repetir mecánicamente su alineamiento en los idus de julio. Ya se dijo: a sus provincias debe importarles que el servicio de Aerolíneas no cese, no decrezca, mejore si es posible.

Con los cordobeses no habrá remedio, si sigue la tirantez actual, con los del ARI de Tierra del Fuego debería dialogarse a fondo. “Pero eso tienen que hablarlo pronto, allá”, señalan desde Entre Ríos y Rivadavia hacia Plaza de Mayo. El maratón de paliques entre Sergio Massa y mandatarios provinciales debería hincar el diente en acuerdos sobre el tema. En el Congreso, hasta ahora, reconocen el esfuerzo comunicativo del flamante jefe de Gabinete y aguardan resultados de gestión y de consensos que todavía registran.

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Agenda tupida: El martes los siete gremios llevarán sus posturas al Congreso. El miércoles está agendada la visita de autoridades del Grupo Marsans. Se olfatea que pegarán el faltazo, haciendo llegar algo escrito o que mandarán una comisión de poca monta.

En 2001, Aerolíneas afrontó otra situación terminal, durante el gobierno de la Alianza. Domingo Cavallo, ministro de Economía, bosquejó la solución de la quiebra y el surgimiento de otra línea cual el ave Fénix. Un pase mágico que, alucinaba el Mingo, insumiría “dos días”. La moción no prosperó, ni aun dentro de la administración De la Rúa. En esa circunstancia fue determinante la movilización sindical, en las calles, en los medios e incluso en el aire. Era común, cuando se difundían las clásicas instrucciones para emergencia, que se interpelara a los pasajeros para que se comprometieran en la defensa de Aerolíneas. Habrá que ver si ese activismo se repite ahora, con el prestigio de la empresa zaherido. Es algo que espera el oficialismo y que limitaría los márgenes de acción de la oposición.

Si el sistema político local fuese congruente, dejaría lugar a un rol playing de suma positiva. La oposición podría vapulear a Jaime, revisar los números del Ejecutivo y hacer su aporte a la paz social, a la integración territorial y al esquema de transporte consintiendo la aprobación de la ley general. El Gobierno pagaría algunos costos (acaso denuncias a la Justicia), tendría la onerosa carga de zafar del brete y recibiría un envión para garantizar la gobernabilidad. Y los trabajadores no necesitarían enrostrarle a nadie su desaprensión. Presuponer que ese esquema racional y sistémico primará en el país de la suma cero es tal vez demasiado optimista.

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Ojos bien abiertos: En el Senado, los operadores del oficialismo bullen, hiperquinéticos con la mezcla de ansiedad y entusiasmo que genera estar en combate, así sea de contragolpe. El objetivo es recuperar la mayoría perdida malamente semanas atrás. Con algunos senadores se va avanzando, confidencian. Con Lole Reutemann, con Rubén Marín “se puede hablar” y en eso se anda. Avezados baqueanos de los pasillos de la Cámara creen que en la votación de las retenciones hubo movidas feroces y astutas que, en cuanto tales, no son definitivas. PáginaI12 ya comentó que los dos senadores justicialistas de La Pampa votaron distinto para poner huevos en las dos canastas, por decisión de Marín. Un afán semejante, malician en el FPV, motorizó las supuestas disidencias entre el gobernador rionegrino Miguel Saiz (que esta semana volvió a emitir señales de mantenerse en la Concertación) y su jefe de más de una década, el senador Pablo Verani, cuyo voto fue “negativo”, sin firuletes. Esas movidas, interpretan los líderes de la bancada del FPV, fueron una exhibición de fuerza, enfilada a más atención (y más recursos para sus distritos) pero no una ruptura en toda la línea. Lo de Aerolíneas, bien “armado” puede servir para un gesto en sentido inverso. Optimistas de la voluntad, internalizan que cada votación será un caso distinto que habrá que negociar y muñequear como si fuera la última vez.

Incluso en medio de tanto despliegue hay tiempo para echarle una mirada de reojo a Julio César Cleto Cobos. “Estamos durmiendo con el enemigo –se entretiene contando un empinado interlocutor de PáginaI12–. Mejor así, tenerlo cerquita. Claro, hay que cuidarse de no cerrar los ojos antes que él, pero verlo todo el tiempo viene bien.” Aunque sigue muy “subsidiado” por los medios, al vicepresidente le cuesta mantener acciones visibles e interesantes. Una reunión con tres intendentes le garantiza una página en los diarios, sin asumir mayor riesgo de estresarse. Las especulaciones acerca de su futuro político son comidilla de todos, pero el tratamiento de las leyes es más premioso, así que volvemos a la pista.

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Deber y poder: Un calendario vertiginoso se cierne sobre lo que antaño se motejara “escribanía”. En dos semanas, tres máximo, se espera llegar al recinto con la reestatización de Aerolíneas en paralelo con la movilidad jubilatoria. La ley de arrendamientos rurales está siendo revisada por Carlos Cheppi. El secretario de Agricultura entró cosechando elogios de las entidades ruralistas y de sus compañeros de gestión, tiene por delante tareas bifrontes: despejar trabas a la producción (muchas de ellas hijas de los desmanes de gestión de Guillermo Moreno) y en contrapunto frenar las embestidas de la Mesa de Enlace, que sigue embravecida y con más ganas de confrontar de nuevo que lo que sugiere su discurso explícito.

Por añadidura, la economía también da sobresaltos. Las quejas de varios empresarios afines al Gobierno (Werthein, De Mendiguren) sobre el Indec o la inflación son señales de alerta. Y apuntan aún más allá... La Unión Industrial Argentina prepara un documento que divulgaría la semana que viene, demostrando los efectos nocivos del retraso cambiario. A los papers corporativos los carga el diablo, siempre prueban lo que interesa a sus promotores. Seguramente, los números merezcan una revisada, pero la disminución de la competitividad industrial es un hecho. Tanto como la inflación, porfiadamente negada.

Sin respirar, el Ejecutivo se apresta a enviar el Presupuesto del año entrante y un pedido de ampliación sobre el de 2008. “Serán 10.000 palos”, redondea un confidente del cronista y avizora que será peliagudo sacar una aprobación. Mucha plata, todos querrán una partida o dos. El oficialismo debería fundarlo muy bien, defenderlo con uñas, dientes y discurso. El silente ministro de Economía, Carlos Fernández, no parece ser la persona indicada. Demasiados funcionarios de alto rango mudos componen el actual gabinete, un déficit que se hace sentir en el ágora.

“No podemos perder una más”, estiman frentistas para la victoria en ambas cámaras. En jerga coloquial, “poder” y “deber” funcionan a menudo como sinónimos. Cuando la tribuna brama “esta hinchada está loca/hoy no podemos perder”, no enuncia un cálculo de probabilidades sino un mandato imperativo. En esos casos, la caída es posible, hasta factible, pero esa contingencia se juzga inadmisible o intolerable. Y supeditada al buen juego, a la garra o a las dos cosas.

En la cuestión que nos ocupa, el oficialismo sabe (de forma semejante) que no “puede” perder. “Por lo menos, el Gobierno salió de la clandestinidad –dice una de sus espadas parlamentarias–, ahora todas las reuniones se anuncian, filman y fotografían.” Festeja su broma de buena gana y empieza a encaminarse a su terruño. Este fin de semana no será extenuante, no habrá piquetes, vuelve el fútbol de primera, esa competencia en la que “hoy no podemos perder”.

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