EL PAIS › HAY 40 REPRESORES CON ORDEN DE CAPTURA QUE NO APARECEN

Buscados

La fuga de Julián Corres, que ya había estado prófugo, actualizó la problemática de los métodos utilizados para ubicar a los acusados por delitos de lesa humanidad. La unidad de búsqueda todavía no funciona.

 Por Diego Martínez

“En teoría las fuerzas de seguridad y el enorme aparato de inteligencia estatal los buscan. En la práctica más de uno sonreirá, mate en mano, al leer esta nota y pensar en sus argucias cotidianas para burlar al Estado que hasta hoy, con fundamentos, consideran bobo.” El comienzo del informe especial sobre represores prófugos que Página/12 publicó el 11 de marzo de 2007 mantiene su vigencia intacta. Según el programa Memoria y Lucha contra la Impunidad del Terrorismo de Estado, del CELS, hay 40 prófugos en causas por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, apenas tres menos que hace 17 meses. Teniendo en cuenta las 413 órdenes de detención, significa que uno de cada diez militares, marinos, aviadores, gendarmes, prefectos, penitenciarios, policías y colaboradores acusados por delitos de lesa humanidad logran escabullirse de la Justicia.

El principal agravante respecto de aquel momento es la existencia de un fugado: el teniente coronel Julián Corres. El 3 de abril cuando Interpol lo detuvo, con la fisonomía cambiada, el torturador de La Escuelita llevaba 18 meses escondido. El juez federal Alcindo Alvarez Canale alojó a un oficial de inteligencia en una dependencia sin las más elementales medidas de seguridad, a cargo de un comisario que va a sus cumpleaños. Recién tres meses después, tras procesarlo por 47 secuestros, 38 torturas, 17 homicidios y siete desapariciones forzadas, ordenó su traslado a Campo de Mayo y se fue de vacaciones. Durante el mes siguiente fue el Servicio Penitenciario Federal el responsable de no concretar el traslado.

La segunda diferencia es una decisión política que nunca se concretó: la creación de un organismo dedicado a buscar a los represores prófugos. El 29 de mayo la presidenta Cristina Fernández promulgó la ley 26.375 que creó una Unidad Especial con ese fin, dotada de un fondo de recompensas de cinco millones de pesos. El 27 de junio el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos fijó una serie de pautas para regular los pagos. Tras la fuga de Corres, cuando Página/12 recordó que la unidad no existía, el ministro Aníbal Fernández la invocó para ofrecer 150.000 pesos a quien aportara información sobre el Laucha. Pero al día de hoy, esa fue toda su actividad. Fernández explicó ayer por medio de su vocero que la demora obedece a que Jefatura de Gabinete no transfirió los fondos necesarios y anticipó que la creación se concretará en la semana próxima.

La desidia dio lugar a situaciones que, sin el trasfondo de la masacre, serían risueñas. El ex agente Raúl Guglielminetti, con orden de detención desde 2003, vivió siempre en su casaquinta La Mapuche, que todos en Mercedes conocen. Hasta agosto de 2006, cuando el juez Daniel Rafecas dio instrucciones sobre la ubicación del empresario, ninguna fuerza de seguridad lo había buscado. El teniente coronel retirado Ernesto Kishimoto llevaba un año y medio prófugo cuando entregó su DNI para el check in en el aeropuerto de Posadas. Mientras lo detenían aclaró que ignoraba el pedido de captura y que siempre vivió en un departamento de Corrientes al 4500 que figura a su nombre en la guía telefónica.

Más insólito es el caso del capitán Carlos Eduardo Domínguez Linares, próspero hacendado cordobés y ex mano derecha del gobernador de facto de Formosa, general Juan Carlos Colombo. La APDH local informó a la Justicia el domicilio y el número de celular del militar, que solía aparecer en el canal rural con bombacha y chiripá como presidente de la Confederación Gaucha Argentina. Según los querellantes, el juez federal cordobés Ricardo Bustos Fierro “transformó un pedido de captura en una averiguación de paradero” y recién un año y medio después, cuando el Consejo de la Magistratura lo convocó a dar explicaciones, ordenó su detención.

Otras detenciones sirven de contracara y sugieren que el Estado, cuando se lo propone, puede. El capitán Enrique José Del Pino, ex jefe de un grupo de tareas de El Banco y El Olimpo, fue detenido por Interpol cuando salía de un restaurante de Palermo después de un prolongado trabajo de inteligencia. Llevaba 18 meses prófugo. Su compañero de andanzas, sargento ayudante Alfredo Omar “Cacho” Feito, ex miembro de la Central de Reunión de Contrasubversión del Batallón de Inteligencia 601, se burló mientras pudo: dos meses después de ser declarado en rebeldía su nombre apareció en el Boletín Oficial como socio de la sociedad anónima Poitagua. Tras el informe de Página/12 de marzo de 2007, el juez federal Ariel Lijo encomendó su captura al Escuadrón Buenos Aires de Gendarmería. Fue detenido seis meses después, tras un trabajo de escuchas en las que se lo mencionaba como “Señor X” o “Innombrable”. También el capitán Carlos Esteban Pla, ex subjefe de policía de San Luis sindicado como asesino de Graciela Fiochetti, fue detenido en Vicente López por la división Antiterrorismo de la Policía Federal tras un año bien guardado.

La última captura destacable fue la de Corres, que además de su oficio en inteligencia disponía de todos los recursos materiales imaginables. Su padrino es el empresario Héctor Lapeyrade, un multimillonario dueño de la petrolera Chañares Herrados e íntimo de su padre, a quien prometió garantizar la buena vida de la familia. Lapeyrade admitió que le pasaba 4500 pesos al prófugo y otros 5000 a su esposa. El juez bahiense Alvarez Canale frustró la pesquisa que pudo haber derivado en su detención. En la investigación por la fuga de Corres obligó al pase a disponibilidad de dos militares en actividad: el secretario y el comandante del V Cuerpo de Ejército.

Celebridades

La causa ESMA tiene más de cincuenta represores procesados con preventiva, pero también ostenta el récord de prófugos. El más antiguo es el capitán de fragata Jorge Vildoza, ex jefe de un grupo de tareas. La justicia ya lo buscaba en 1986, junto con su esposa Ana María Grimaldos, por la apropiación de una menor. Sus buenos contactos le permiten reunirse sin mayores problemas con uno de sus hijos biológicos, titular de la firma de máquinas de juego American Data, con sede en Martínez y negocios en la Patagonia.

Rosario tiene más prófugos que procesados. La ceguera selectiva de su policía provincial es ostensible. El ex PCI del Ejército Walter Pagano fue detenido de bronca, mientras escuchaba misa, por el hijo de otro represor. El ex comisario César Luis Peralta, alias “La Pirincha”, es dueño de una flota de taxis y compartiría con sus ex camaradas negocios menos transparentes pero más rentables. La última captura, por parte de la Policía Federal, fue la del comisario inspector Carlos Alberto “Dippy” Moore. En febrero Rosario/12 publicó por primera vez una foto del prófugo Jorge Andrés Cabrera, alias Barba, uno de los más finos especialistas en torturas de la patota de Feced.

Un caso insólito es el del teniente de navío Roberto Bravo, acusado por la Masacre de Trelew. El juez Hugo Sastre ordenó su detención el 9 de febrero. Luego Página/12 informó que Bravo es dueño en Florida de RGB Group, que factura millones de dólares y provee servicios al Pentágono. Interpol pidió que le traduzcan acusación y pruebas, tarea que comenzó en abril. El viernes el fiscal Fernando Gélvez le pidió al juez que intime a la intérprete a terminar. Bravo ya tuvo siete meses para esconderse.

La lista de prófugos que Aníbal Fernández debería poner a disposición de la justicia incluye varias celebridades. El mayor Jorge Antonio Olivera viajó a Italia para defender a Carlos Suárez Mason pero quedó detenido por la desaparición de Marie Anne Erize. Recuperó su libertad con ayuda de inteligencia del Ejército, que faxeó a Italia un documento falso. El coronel Aldo Mario Alvarez, ex jefe de inteligencia del Cuerpo V, fue hasta 2000 titular de la empresa de seguridad Alsina SRL. Felipe Romeo dirigió el pasquín El Caudillo, vocero de la Triple A.

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