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El fallo de la Corte Suprema sobre el pluralismo sindical cayó como una piedra sobre el Poder Ejecutivo, que necesitó dos días para elaborar alguna forma de estrategia. La mayor molestia oficial fue por la falta de aviso previo por parte de los integrantes del tribunal.

Contra lo que afirmó el diario La Nación, el dictamen de la Procuración General no lo suscribió Esteban Righi, sino la procuradora fiscal Marta Amelia Beiró de Goncalvez, quien no se pronunció sobre el fondo de la cuestión. Sólo recomendó que la causa volviera a la Cámara de Apelaciones porque al rechazar el recurso de ATE no había contestado sus argumentos acerca de las leyes, decretos y resoluciones ministeriales que reconocen la coexistencia de distintos sindicatos con personería gremial en la Administración Pública. A esto se referían los ministros Carlos Tomada y Florencio Randazzo cuando dijeron, no por propia iniciativa, que el fallo de la Corte sólo se aplica a los trabajadores del Estado. El problema es que los jueces supremos no siguieron el dictamen de la procuradora Beiró y sus fundamentos en tratados internacionales de jerarquía constitucional alcanzan a los trabajadores de cualquier sector. Tomada citó como respaldo de su hipótesis de que nada cambiaba con el fallo, la resolución 255 que firmó en octubre de 2003 y que garantiza a los sindicatos estatales superpuestos los derechos “a la retención de la cuota sindical y la representación del personal”. Sus considerandos citan los mismos Convenios de la OIT que el fallo de la Corte. Son aquellos que “establecen los principios y derechos fundamentales de libertad sindical y de negociación colectiva para todos los trabajadores”. Su extensión a los que trabajan en empresas privadas no debería presentar dificultades legales, constitucionales ni convencionales. El problema es político.

Los Hugos

Tanto la CGT como la CTA consintieron en bajar el tono de sus pronunciamientos pero sin resignar nada de los modelos opuestos de organización sindical que reclaman. El Hugo Negro y quienes lo acompañan en la Mesa Directiva de Azopardo pidieron al gobierno que llenara a su favor con una nueva ley los vacíos de un fallo que se pronuncia sobre principios generales pero poco dice acerca de su aplicación concreta. El Hugo Blanco de la Central alternativa no se entusiasma con una ley, que arrojaría el tema a la vorágine de un año electoral y daría una indeseable relevancia a la oposición liberal. En cambio impulsa como paso inmediato tres decretos presidenciales que establecerían:

1) protección contra el despido a los delegados electos por sindicatos inscriptos pero sin personería gremial;

2) descuento de los aportes sindicales en las planillas de liquidación de sueldos, privilegio del que hoy sólo gozan las organizaciones con personería gremial;

3) representación colectiva en negociaciones con la patronal para los sindicatos que tienen delegados en los lugares de trabajo.

Moyano y Yasky desarrollaron en el último año una relación cordial, que incluyó una conferencia de prensa y un paro conjuntos en repudio al asesinato del maestro Carlos Fuentealba, la coexistencia de ambas centrales en el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil y la movilización simultánea en respaldo de algunas políticas oficiales, como la resolución 125, la integración de un único sistema previsional o el regreso de Aerolíneas Argentinas a la administración estatal. Esa proximidad tiene raíces en las luchas compartidas contra el neoliberalismo. En la década pasada Moyano integró el Movimiento de los Trabajadores Argentinos, MTA, que participó junto con la CTA en la mayoría de las movilizaciones contra la desregulación, las privatizaciones y el ajuste menemistas. La CTA tiene un modelo organizativo de afiliación directa y democracia interna distinto al de la CGT, pero cualquier comparación del momento actual con aquel del enfrentamiento de la JTP con la JSP peca de anacronismo. Mientras la CGT representa al sector formal privado, la CTA intenta hacerlo con los asalariados no formales (que todavía son cuatro de cada diez) y con los desocupados, que se han reducido en forma apreciable, además del sector público. Pero ni la CGT ni la CTA organizan a los trabajadores del 88 por ciento de las empresas del país en las que no hay ni siquiera un delegado gremial. Yasky insiste en que no hay riesgo de atomización, así como la ley de divorcio no destruyó a la familia, pero que tampoco es posible soldar piezas incompatibles. No propicia un enfrentamiento con la CGT y cree que la legitimidad nueva que obtendría todo el sindicalismo mejoraría las posibilidades de ambas centrales.

El reaseguro

Así como el Poder Ejecutivo sospechó que la Corte Suprema abrigaba la intención política de diferenciarse de un gobierno al que supone débil, los malpensados en la CGT intuyeron un guiño oficial a la justicia para que fallara en ese sentido. Las respectivas hipótesis de complot y la consiguiente desconfianza revelan una cierta dificultad para acostumbrarse a un funcionamiento institucional sin tramoya ni trapisonda. Esto no es extraño en la organización gremial, donde tanto el duhaldismo residual como el sindicalismo empresario nacido en los ’90 recelan de un gobierno que reivindica a la generación de 1970, lo cual produce periódicas erupciones. Pero resulta paradójico que el kirchnerismo sea reacio a gozar de uno de sus mayores éxitos, la creación de una Corte Suprema de Justicia independiente y de alta calidad jurídica como reaseguro contra cualquier desviación del proyecto de recuperar las instituciones maltratadas desde 1990. Uno de los miembros fundamentales del gobierno justifica tal reticencia con la afirmación de que es peligroso dividir el frente nacional en un momento de extrema volatilidad económica global pero no alcanza a explicar de qué modo se expresaría esa supuesta división. Pasados los festejos y el fastidio de las primeras horas la voluntad de concertación mostrada por las dos centrales atenuó algunos de esos temores. Todos son conscientes de la gravedad de la situación internacional que requiere medidas para impedir que la recesión en el centro destruya empleos en la periferia, dado que a las transnacionales les resulta más barato despedir en Rosario que en Detroit. Las tres cuartas partes de la audiencia que Tomada concedió el viernes a la CTA se dedicaron a la adopción de medidas contra los despidos preventivos de trabajadores. El ministro expuso las medidas con las que el gobierno espera evitar una grave crisis hasta marzo, cuando se podrá evaluar mejor el panorama: incluye procedimiento preventivo de crisis, declaración de ineficacia de los despidos en empresas que no cumplan con todos los requisitos legales, mantenimiento de fideicomisos para la venta financiada de artículos de línea blanca, compre nacional. Lo ejemplificó con los despidos que el ministerio logró revertir en Mercedes Benz, Easy Avellaneda y GM, aunque en este último caso no está claro que la automotriz estadounidense se allane a lo dispuesto. En casos en los que la demanda internacional desapareció de un día para el otro, como en la industria del cuero, se subsidiarán salarios. La CTA planteó la prohibición de despidos por seis meses, la asignación de 100 pesos mensuales por cada hijo de un trabajador que gane menos de 2000 pesos mensuales, sea ocupado o desocupado, formal o precario, y poner la lupa en las ganancias de las empresas: las 15 principales del país han tenido durante el kirchnerismo una rentabilidad del 24 por ciento anual, que se reduce al 16 por ciento después del pago de impuestos, es decir el doble que en Europa. La CTA puso el acento en el nuevo escenario abierto por la crisis internacional. Hace cinco años no se hubiera podido terminar con el sistema de capitalización. Lo que se necesita es contrarrestar la tendencia recesiva con mayor intervención estatal que asegure la capacidad de consumo, concentre compras en empresas nacionales, genere una cadena de pymes. Pero al mismo tiempo reclamó que se discutiera a quién se subsidia y para qué, dada la histórica transferencia de ingresos a grupos económicos que incrementan sus beneficios con el financiamiento estatal a inversiones que por su alta rentabilidad harían de todos modos. También propuso el control de los balances de las empresas en los últimos tres años, para que fundamenten la razón de cada despido. Recién después se habló del fallo de la Corte y cómo sería su aplicación.

La construcción mediática

La construcción mediática de la realidad presentó la designación de Juan Rinaldi en la Superintendencia de Servicios de Salud como una compensación presidencial a Moyano, de quien el nuevo superintendente fue abogado. Sin embargo, el candidato de Moyano para ese cargo era Oscar D’Onofrio, director médico de la Obra Social de Camioneros y ex miembro del ARI. Rinaldi fue el candidato de Graciela Ocaña, con quien trabaja desde que asumió en Salud, en 2006. Rinaldi era titular de la Administración de Programas Especiales, APE, un organismo ministerial que maneja los subsidios a las obras sociales para tratamientos complejos. La Sigén detectó que Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde adelantaron subsidios por 350 millones de pesos sin respaldo documental. Mediante un convenio con la SigEn y la Universidad Nacional de Buenos Aires Rinaldi ya verificó la mitad de esa suma y exigió la devolución con intereses de lo pagado por cada prestación no documentada. También reemplazó el mecanismo del adelanto por el del reintegro posterior, lo cual facilita el control. Así ahorró 3 millones de pesos en 2006, 7 millones en 2007 y ya van 55 millones en este año. Le tocará ordenar ahora el desbarajuste administrativo que dejó su predecesor, Héctor Capaccioli, durante cuya gestión se pagaron servicios no prestados y troqueles falsificados por algunas droguerías, entre ellas la del traficante y aportante asesinado Sebastián Forza. Mientras Ocaña ponía en funciones a Rinaldi, CFK asistía en Nueva York a la cumbre del G-20, donde mantuvo dos reuniones con los representantes de Barack Obama. Esa mañana el matutino La Nación había publicado en su portada un simpático artículo de su enviado especial, con el título “No será una llegada triunfal la de la Presidenta”. Su texto dice que sólo Lula la recibiría porque la Argentina ha caído en la irrelevancia. Pura expresión de deseos, que una patriótica columna de opinión había formulado el martes: “Cristina Kirchner irá a Washington para la cumbre del G-20. Nada más que la inercia de los viejos formatos internacionales puede explicar que la Argentina esté donde no debería estar, porque carece de tamaño y prestigio”. Un tramo del mensaje de Kirchner en Chile fue ignorado por los medios argentinos: fue aquel en que habló de las presiones que recibe el gobierno por la introducción de nuevas tecnologías de comunicaciones. Sus actores son el Grupo Clarín, Telefónica, Telecom y los españoles de Prisa, quienes pugnan a favor y en contra del Triple Play. Entre el 1 y el 15 de enero Telecom Italia (controlada ahora por Telefónica Internacional) podrá ejercer su opción de compra sobre la parte en Telecom Argentina del grupo Werthein, que no quiere vender. También está pendiente la elección de la tecnología para la televisión digital: Clarín quiere la norma estadounidense, de la que ya compró equipos, y Telefónica/Telefé la europea. Ni una ni otra entusiasman al gobierno. La Argentina elegiría la norma japonesa, de mejor rendimiento técnico, que profundizaría la alianza estratégica con Brasil y constituiría la respuesta más independiente al juego de presiones que mencionó Kirchner.