La Cámara Federal porteña ordenó que el ex presidente Néstor Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, continúen siendo investigados en una causa en la que se investiga el presunto desvío de fondos de un fideicomiso de la Secretaría de Transporte, en el que la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció presuntas irregularidades.

La Sala II de la Cámara consideró “prematuro” el archivo de la causa por inexistencia de delito que dispuso el juez federal Sergio Torres y le ordenó que continúe con la pesquisa de la denuncia presentada en 2005 por un abogado contra Kirchner, De Vido, el renunciante secretario de Medios, Enrique Albistur; el entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández, y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime. Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron que las supuestas irregularidades denunciadas por la AGN, en el marco de una auditoría a la Secretaría de Transporte, no fueron investigadas, por lo que se requiere avanzar en la causa.

La denuncia señaló que la transferencia desde un fideicomiso de la Secretaría de Transporte a la de Medios tenía la intención de incrementar los fondos para publicidad oficial ante las elecciones legislativas de octubre de ese año, en las que Cristina Kirchner fue candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires.

La AGN analizó controles de la Secretaría de Jaime entre octubre de 2001 y diciembre de 2004 sobre los 1684 millones de pesos transferidos al Sistema Ferroviario Integrado (Sifer) y al Sistema Integrado de Transporte Automotor (Sistau). El organismo de control detectó varias anomalías, como la ausencia de recibos y de expedientes que avalen pagos y “la inexistencia” de controles en el uso de fondos en las mejoras de transporte. Además sostuvo que se realizaron “contrataciones directas por motivos de urgencia sin justificación suficiente” y con “irregularidades que mostraban falta de transparencia”. Y señaló que se transfirieron 17 millones de pesos a la obra social de los Camioneros para exámenes psicofísicos, que consideró “desproporcionados” frente a los reintegros que se hicieron.

En su momento, el fiscal federal Oscar Almirante pidió al juez Torres que sólo se investigue lo referente a la Obra Social de Conductores de Camioneros y Personal de Transporte Automotor. Torres luego archivó la causa por considerar que la propia AGN sostuvo que en esos hechos no había delitos penales y que los adelantos se habían compensado.

“Los suscriptos, sin embargo, no coincidimos con el peso otorgado a esos argumentos como tampoco, en definitiva, con la solución adoptada”, opinaron los camaristas ayer en su fallo. El tribunal puso en la mira el destino de los adelantos a la obra social de Camioneros y advirtieron que el fiscal no pidió que se investiguen las otras irregularidades denunciadas “cuya relevancia penal no cabe rechazar a priori, sin un dictamen fundado”.