La Legislatura de Córdoba resolvió el miércoles investigar a uno de sus integrantes por su actuación durante la última dictadura. Se trata de Horacio Senn, que integra las filas de Unión por Córdoba, el partido del gobernador Juan Schiaretti. El legislador fue denunciado por un testigo que declaró en el juicio al ex juez federal Víctor Brusa y a cinco ex policías de Santa Fe, como “colaborador” de los grupos de tareas que actuaron en la ex Guardia de Infantería Reforzada (GIR) y en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía santafesina. La investigación estará a cargo de la Comisión de Asuntos Institucionales.

El testigo que vinculó al legislador con los represores santafesinos es Carlos Chiarulli, quien en su juventud fue compañero de militancia de Senn. “Entraba y salía de la GIR como si nada. Entonces, nosotros creemos que era un colaborador de los grupos de tareas. Pero eso tendrá que investigarlo la Justicia”, explicó ante Rosario/12. En su testimonio ante el tribunal que juzga a Brusa, Chiarulli relató su secuestro en Esperanza, las torturas que sufrió en el centro clandestino La Casita, su paso por los calabozos de la Comisaría 4ª y su traslado a la Guardia de Infantería, donde reconoció a Senn.

“Había bastantes compañeros. Ahí apareció un personaje que estuvo tres o cuatro horas y se me arrimaba permanentemente. Era Horacio Senn. Yo lo conocía de Esperanza. Me llamó la atención porque no lo veía desde hacía dos años. Y ahí pude hilvanar las preguntas que me hicieron en el interrogatorio en La Casita con la presencia de este señor en la GIR”, relató Chiarulli ante el periodista Juan Carlos Tizziani. “No conversé con él por resguardo. No era uno de los detenidos, aunque diera esa sensación, y después se fue. Con el tiempo supe que participaba de los grupos de tareas y por la precisión de las preguntas que me hacía el que me torturaba o el que estaba al lado, puede ser que él haya estado ahí en ese momento”, denunció el sobreviviente. “Por un compañero me enteré también que entraba con frecuencia a San Martín y Obispo Gilabert”, donde operaba el Departamento de Informaciones de la policía, agregó. Tras el retorno de la democracia, Senn “desaparece de la provincia de Santa Fe, donde era conocido y tuvo su actividad supuesta de represor, y se va a Córdoba”, donde “inicia una nueva vida política, entre comillas, con (el ex gobernador José Manuel) De la Sota”, concluyó.

La denuncia tuvo inmediata repercusión en Córdoba. Ante consultas del diario La Voz del Interior, el ministro de Justicia, Luis Angulo, intentó bajarle el perfil. “Hay que dejar que actúe la Justicia”, dijo. Idéntica fue la posición del ex preso político y secretario de Derechos Humanos Raúl Sánchez. Distinta habría sido la reacción de Ricardo Sosa, secretario de Gobierno, quien según el diario cordobés “habría puesto el grito en el cielo” por la presunta colaboración de Senn en la represión ilegal.

El Tribunal Oral Federal que recibió el testimonio recién podrá ordenar que se investigue la posible vinculación de Senn con el terrorismo de Estado cuando dicte sentencia. El pedido ya habría sido formulado por el abogado Horacio Coutaz, que representa a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y por el fiscal federal Martín Suárez Faisal. Mientras tanto, la Legislatura decidió no quedarse de brazos cruzados: el miércoles aprobó una cuestión de privilegio que habilita la investigación sobre el pasado de Senn, que por el momento continuará ocupando su cargo. El primer paso fue requerir antecedentes y documentos a organismos de derechos humanos y a juzgados de Santa Fe y Córdoba que instruyen causas por delitos de lesa humanidad.