EL PAíS › OPINION

Mitos urbanos, novedades, debates

El Senado debatió, un mito desbaratado, otros que lo sobreviven. Una sesión con novedades, que pueden repetirse. Una mayoría dudosa, las causas del apuro del arco opositor. La judicialización avanza, la Corte Suprema tiene sus recursos. Movilizaciones democráticas, acciones anónimas.

 Por Mario Wainfeld

Imagen: Sergio Goya.

Varios sucedidos interesantes jalonaron la sesión del Senado del miércoles pasado. Se desmintió la profecía del cierre del Congreso, presurosamente difundida con poco fundamento. Y además:

- Faltaron inesperadamente dos senadores, una contingencia que forzó respuestas improvisadas y que sin duda se repetirá. Los viajes continuos, las vicisitudes de la salud de setenta y dos personas (algunas maduras y otras de tercera edad) no serán un acontecimiento único. Se irán repitiendo, el azar (o si se quiere avatares lógicos pero no previsibles de antemano) intervendrá en una dinámica de enorme paridad.

- La rionegrina María José Bongiorno y el jujeño Guillermo Jenefes, los ausentes, no iban a votar emblocados con sus grupos. Iban a disentir en uno de los temas centrales a tratar. Ambos estaban dispuestos a aprobar el pliego de Mercedes Marcó del Pont y la reforma a la ley de cheque. Es decir, engrosarían las posiciones que sumaron más apoyos.

- Una integrante del bloque del Frente para la Victoria (FpV), la formoseña Adriana Bertolozzi, dio quórum, contrariando las directivas de su conducción. Era una contingencia que estaba al caer, son varios los legisladores oficialistas que recelan de la estrategia del faltazo, pensando en su futuro político. El recurso es legal pero mina su legitimidad ante los votantes.

Lo ocurrido subraya que el escenario es dinámico, que inciden en él acciones voluntarias o no deseadas de muchos protagonistas. El juego democrático es complejo porque intervienen intereses grupales, personales, de bloque, entre muchas otras variables.

El saldo de la sesión fue la deseable confirmación de Marcó del Pont y una polémica de aquéllas sobre la validez de la mayoría simple que quiso modificar la coparticipación de la ley de impuesto al cheque. El arco opositor aduce que es legal, que no era necesaria la mayoría especial (mitad más uno del cuerpo) que impone el artículo 75 de la Constitución. El oficialismo afirma lo contrario, con razón a los ojos de este cronista.

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Mitos urbanos: El cierre eterno del Congreso era un mito urbano, con buena prensa. Otro que se ha puesto de moda es la bondad y consistencia republicana del arco opositor. Crónicas remanidas pintaron a Bertolozzi como una víctima indefensa. Con respeto por su investidura y su trayectoria, es sensato destacar que la dinastía Bogado no es primeriza ni manca en la acción política y que la senadora no es Heidi sino una dirigente con millaje y espolones. Su nerviosismo era lógico y creíble, la leyenda que la nimbó después no. La ecuación política que la indujo a despegarse de su bloque incluyó diálogos con el ex presidente Eduardo Duhalde y con Miguel Angel Toma. Página/12 está en condiciones de afirmar que ninguno de ellos es un monje franciscano.

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Ganar antes que nada: Con mayoría en Diputados y equivalencia en Senadores, el Frente del rechazo viene mostrando que su afán es ganar, a como hubiera lugar, sin mayor cuidado por las reglas o las normas. Los peronistas federales acometen con furor. El supuesto apego radical a la institucionalidad, tan desmentido por la presidencia de Fernando de la Rúa, tampoco reluce años después.

Impresiona el flojo acumulado opositor en materia de legalidad. Algunos diputados acuñan una inédita nulidad absoluta de un decreto de necesidad y urgencia que propagaría sus efectos a la otra Cámara, reduciéndola a la superfluidad. Otros legisladores exploran una ley sobre veto que excluye la prerrogativa presidencial de ser vetada, o sea que modifica la Constitución sin mediar la necesaria reforma. El vicepresidente Julio Cobos ignoró las reglas que le prohíben hablar en las sesiones, varias veces. También alteró el orden de los oradores, indignando aun a aliados y correligionarios.

El salteo de la mayoría especial para modificar la coparticipación del impuesto fue inventado sobre la marcha, ante la perspectiva de no contar con los 37 votos, que parecían de fierro unas horas antes. Hubo mala fortuna, ya se dijo: dos votantes seguros no llegaron al recinto. Tanto el bloque oficialista como el radical especularon con retirarse y dejar la sesión sin quórum. El FpV desistió, pensando en que en una ulterior sus adversarios congregarían más apoyos. Los radicales tampoco se movieron, aunque Cobos propuso pasar la disputa a comisión. Lo hizo casi con las mismas palabras y visajes que usó en el debate sobre retenciones móviles, lo que fue tragedia se transmutó en parodia. Quizá, la sugerencia era astuta: esperar otra integración, en pocos días. El presidente del bloque radical lo retó a voz en cuello, por segunda vez en contadas horas. Los radicales, chimentan desde su propio riñón, no pensaban tanto en la consistencia jurídica de la mayoría obtenida cuanto en los titulares de los diarios del jueves. Privilegiaron una victoria dudosa a una más consistente pero diferida, con rapapolvo periodístico en el intervalo.

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Convencidos, ma non troppo: La polémica sobre la legalidad se organizó como de costumbre. Los juristas afines al “Grupo A” (muchos de ellos, abogados del “Grupo”) justificaron la constitucionalidad. Si se los lee con atención, se nota que hay menos énfasis en su aprobación que en otros casos: menciones a la consabida “media biblioteca” o confesiones de que es un asunto “opinable”. El senador radical Ernesto Sanz rescató una perla, de su propia cosecha: había objetado una anterior prórroga de la ley de cheque porque no se incluía afectación específica de los fondos. Sanz es un buen orador, el más convincente de su bancada, pero soslayó que su argumento de antaño tendía a quitarle legalidad al proyecto, no a hincar el diente sobre la mayoría necesaria.

El artículo 75 es tajante, la excepción es inviable, refirma el cronista. A su ver, hay otro motivo para dudar de la legalidad de la mayoría simple. Dos artículos de la Carta Magna que reglan cuál es la Cámara iniciadora en materia impositiva (en la mayoría de las leyes es indistinto). La de Diputados (artículo 52) primerea en general. Pero cuando se trata de contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, la prerrogativa le cabe al Senado. La razón es lógica: la Cámara baja (formada por los representantes del pueblo) prevalece para imponerle tributos, la alta (compuesta por los representantes de las provincias) tiene voz cantante sólo en las instancias previstas en el artículo 75. Si no se trataba de una norma que exigía mayorías especiales, cabía la iniciación por Diputados. Desde luego, hay media biblioteca y la cuestión es opinable...

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Y por casa cómo andamos: La urgencia opositora le hizo perder el apoyo del senador oficialista misionero Luis Viana. Viana reprobó el encuadre legal y deploró que no se hubiera tratado su proyecto, que sumaba la obligación de las provincias de coparticipar los fondos con los municipios. Un tema tabú, porque los gobernadores, allende la retórica, distan de cumplir puertas adentro las conductas que les exigen a la Nación.

La historia continuará, con la estridencia que es de rigor.

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Camino a Tribunales: En el mejor de los casos para su tesitura, según asumen legisladores y académicos afines a la oposición, ésta se embarcó en un terreno polémico, seguramente instada por la urgencia.

El oficialismo encontró una nueva razón para cimentar el veto presidencial, que ya estaba en la caja de herramientas. Sus operadores en el Congreso anuncian que llevarán el entuerto a Tribunales y que objetarán la entrada del proyecto a Diputados. Aunque más enmarañada y seguramente nimbada por discusiones y gritos, al cronista la segunda vía le parece más interesante que la primera. La judicialización de la actividad parlamentaria es un hábito expandido que deteriora la reputación del sistema democrático sin terminar de resolver sus conflictos.

Claro que en una contienda tan enconada es difícil y hasta ingenuo propugnar un “desarme” unilateral, equivalente a una rendición. La encrucijada no registra salida, un problema compartido que la dirigencia debería contemplar mejor.

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La Corte, interpelada: Cuestiones judiciables siempre habrá, el desafío es reducirlas cualitativamente e ir relegando ese recurso desgastante. No se trata, apenas, de deplorar incursiones sin fundamento en Tribunales. Lo ilegal es una vara exigua para medir la calidad de la acción política.

La Corte Suprema pregona su –sincera y sistémica– preocupación por la compulsión que atiborra los tribunales de cuestiones políticas. El problema la excede. Sólo se irá superando con un tratamiento homeopático, prolongado, asumido por la dirigencia. El máximo Tribunal no tiene cómo (ni por qué) mocharlo de raíz. Pero sí dispone a su alcance de herramientas para emitir una fuerte señal, desestimulando la adicción. Son dos pleitos de alta exposición y voltaje: la suspensión de la vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) y la causa que investiga el origen de los hijos de Ernestina Herrera de Noble.

Desde un ángulo técnico, son expedientes de sencilla resolución. En ambos se discute la “legitimidad”, esto es, la aptitud para actuar en juicio. En uno, la “legitimidad” sustancial del diputado peronista federal Enrique Thomas para impugnar (en defensa de intereses que no le son propios) una ley que se aprobó por amplia mayoría, con su intervención por minoría. En el otro, la “legitimidad procesal” de dos abogados que se presentaron invocando representar a los jóvenes Herrera Noble sin contar con su firma, ni haber sido autorizados en el expediente ni contar con un poder suficiente.

La solución, queda dicho, es sencilla. Rechazo clavado en los dos juicios, como marcan las primeras bolillas de Derecho Procesal I. El voltaje político es, en cambio, elevado, por estar implicada una de las corporaciones más poderosas de la Argentina. Hacer justicia, en esos casos simples desde lo técnico y arduos desde lo político, alumbraría un camino contra el abuso de la judicialización y de las chicanas.

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Ponerle la firma: Multitudes en muchas ciudades del país defendieron la vigencia y legitimidad de la ley de Medios. La Ciudad Autónoma y la de Mendoza fueron emblema entre muchas otras. Una ciudadanía activa entremezcló personas del común no encuadradas con movimientos sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos y referentes del mundo de la cultura. El activismo ciudadano le da tono al momento, muy politizado. Las polémicas versan sobre los medios y sobre la profesión periodística. El cronista las considera beneficiosas en tendencia, más allá de aciertos o excesos parciales. Una de sus virtudes cardinales es la implicación de ciudadanos y colegas profesionales, que le ponen el gancho a lo que dicen y se exponen a las consecuencias. Contradice ese contexto la aparición de afiches anónimos, cuestionando a algunos periodistas. Va a contrapelo del fenómeno democrático, de sinceramiento y exposición. Deplorarlo, sin entrar a mencionar la pertinencia o no de su contenido. En el Agora, a cara descubierta, es una cosa. Sin ponerle la firma, muy otra.

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