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El poder de la imagen

 Por José Natanson

Conviene destacar un dato, que a menudo se soslaya. A pesar de que muchos de ellos llegaron al poder con los medios más importantes militando en contra, casi todos los presidentes latinoamericanos son presidentes ultramediáticos, en un doble sentido: deben parte de su ascenso al poder de los medios de comunicación y son muy conscientes del peso e influencia de la prensa en el juego político. El investigador colombiano Omar Rincón los llama “telepresidentes” o “políticos-celebrities”.

El caso de Evo Morales es ilustrativo. Fundador de un movimiento indígena que expresa valores milenarios y rescata tradiciones precolombinas, el presidente boliviano es también un líder moderno, un hombre de su tiempo, que conoce, y está dispuesto a utilizar, el poder de la imagen, como demuestra la cuidadosa puesta en escena que acompañó el anuncio de la medida más importante de su gestión. El 1° de mayo de 2006, sorpresivamente, Evo apareció en el campo gasífero más importante del país y, parado sobre un estrado, leyó por un altavoz los alcances del decreto de nacionalización de los hidrocarburos. Vestía la pechera y el casco amarillo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y estaba acompañado por tropas militares, algo totalmente innecesario desde el punto de vista militar pero que le dio a la medida un tono teatral que reforzó la imagen y amplificó su impacto.

El ejemplo revela una clara conciencia acerca del poder de la imagen y la voluntad de utilizarla a su favor, en un intento de imponer sus propios términos y evitar que sean los medios los que establezcan sus tiempos y sus formatos. Varios presidentes de la región, incluyendo a Lula, Kirchner y Evo, se resisten a conceder conferencias de prensa, y rara vez aceptan entrevistas. Prefieren evitar las mediaciones –en una táctica que el periodista boliviano Fernando Molina define adecuadamente como “by pass mediático”– comunicándose directamente con la sociedad.

El uso y abuso de las cadenas oficiales es una muestra de ello: en Ecuador hubo 233 cadenas obligatorias hasta 2009, que se suman a los “enlaces de los sábados”, espacios en los que el presidente y los ministros explican su gestión en la radio y la TV públicas, a las que los medios privados pueden engancharse voluntariamente (160 hasta 2010). Lo mismo hace Evo cuando transmite directamente un discurso desde un pueblo perdido del Altiplano, o los Kirchner cuando anuncian las medidas más importantes por cadena nacional. Pero el campeón es sin dudas Chávez: desde su asunción, el 2 de febrero de 1999, hasta el 22 de enero de 2010, Chávez se encadenó 1995 veces, por un tiempo total de 1310 horas 36 minutos, según los datos de la consultora AGB.

Esto se complementa con la decisión de potenciar y ampliar el complejo de medios públicos, que revela la voluntad de avanzar en una mayor intervención del Estado, tal como se comprueba en otras dimensiones de la política y la economía, como la nacionalización de empresas en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina; la potenciación de empresas y bancos públicos, como el Bndes y Petrobrás, en Brasil; la creación de nuevos impuestos, como sucedió en Uruguay bajo el gobierno del Frente Amplio, y la extensión de los planes sociales, como sucede en casi toda la región. En un contexto de mayor presencia estatal en la vida política y económica de América latina, los gobiernos apuestan a fortalecer los medios públicos.

El hecho de que los mayores esfuerzos y recursos se hayan orientado a los medios audiovisuales confirma, una vez más, la clara conciencia acerca de su importancia e impacto, sobre todo en los sectores populares, que se informan básicamente a través de la televisión. El gobierno venezolano cuenta hoy con seis canales de televisión: Venezolana de Televisión, Televisión Venezolana Social, que se difunde a través de la señal de RCTV, Avila TV, que antes pertenecía a la Alcaldía de Caracas, Asamblea Nacional Televisión, Vive TV y Telesur. En Ecuador, el gobierno controla el periódico El Telégrafo, el canal Ecuador TV y la Radio Pública, a lo que se suma la creación de una agencia de noticias estatal. En Bolivia, al relanzamiento de Televisión Boliviana hay que añadir la transformación de Radio Illimani (hoy Patria Nueva) y la creación del diario Cambio. En algunos países, el Estado no multiplicó pero sí mejoró los medios existentes: es el caso de Canal 7 de Argentina y de Televisión Nacional de Uruguay, que la gestión frenteamplista modernizó mediante el simple método de limpiar las válvulas de las cámaras (lo que le quitó la turbidez característica a las transmisiones de la televisión pública).

Un aspecto a discutir es el del pluralismo. Aunque a menudo se proclama que se trata de medios estatales y no gubernamentales, y por más que se invoque el ejemplo de neutralidad política de la BBC, en general los gobiernos les han dado a sus medios un tono claramente oficialista, en algunos casos de un oficialismo exasperante. Quizá por ello los medios públicos han logrado en general una penetración limitada, en un esfuerzo que apunta a predicar a los ya conversos antes que a conquistar nuevas voluntades. En Venezuela, por ejemplo, las seis señales estatales apenas acumulan el 3 por ciento del total de la audiencia. En este marco, el Fútbol para Todos argentino no sólo implica la posibilidad de mirar gratis los partidos, sino que contribuye a potenciar el total de la programación de Canal 7 y elevar su rating global.

Y, junto a la mejora de los medios estatales, existen otras herramientas, más discutibles pero más sutiles, a través de las cuales los gobiernos inciden en los contenidos de los medios privados. Me refiero a la potestad del Estado de prorrogar las licencias y al uso discrecional de la publicidad oficial. Esto es especialmente cierto en países pequeños, con mercados de publicidad privada reducidos, donde el Estado es el primer anunciador, por lo que los medios necesitan su apoyo para sobrevivir. Un buen ejemplo es Nicaragua, donde la utilización de esta herramienta por parte del gobierno sandinista permitió crear un poderoso entramado mediático paraestatal.

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Imagen: Télam
 
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