EL PAíS › LOS DEFENSORES DE LOS DETENIDOS POR EL CRIMEN DE FERREYRA PIDIERON QUE SE LOS DEJE EN LIBERTAD

Los patoteros que reniegan de la patota

Los abogados de los siete detenidos solicitaron que la Cámara revoque el procesamiento por homicidio calificado. Dijeron que se los responsabilizó “sin pruebas” y que no hubo un ataque organizado por la Unión Ferroviaria. Las querellas retrucaron sus argumentos.

 Por Irina Hauser

Los abogados de los siete detenidos por el asesinato del militante del Partido Obrero (PO) Mariano Ferreyra intentaron convencer a los jueces de la Sala I de la Cámara del Crimen de que revocaran el procesamiento por homicidio calificado –prevé prisión perpetua– de sus clientes y los dejaran en libertad. Dijeron que se los había responsabilizado en forma “arbitraria”, “sin pruebas” y pidieron cambiar la calificación por “homicidio en riña”, que es excarcelable y apunta a desconocer un ataque organizado de la patota de la Unión Ferroviaria (UF) contra los trabajadores tercerizados de la ex línea Roca. Las querellas retrucaron que la comprobación de “un plan criminal acordado” es lo que hace a cada imputado responsable del crimen y de las heridas de bala sufridas por otras tres personas. Enumeraron entre las evidencias las comunicaciones de los matones, el uso de armas de fuego y su recolección para ocultarlas y el empeño por impedir que la TV filmara los hechos.

La audiencia de ayer fue el paso previo a que la Cámara resuelva si respalda o manda a reformular las resoluciones tomadas por la jueza Wilma López. El tribunal se tomaría al menos los cinco días reglamentarios para resolver la suerte de los miembros de la patota, todos ferroviarios, excepto el barrabrava de Defensa y Justicia Cristian Favale.

López los procesó como coautores de homicidio agravado, tentativa de homicidio en tres casos y coacción, convencida de que actuaron con un “acuerdo previo” orquestado por la UF, que incluía el uso de armas y “violencia física”. Si los camaristas Jorge Rimondi, Alfredo Barbarosch y Luis Bunge Campos avalan el razonamiento es posible que la jueza “suba” en la jerarquía sindical, como planteó la fiscalía al pedir la indagatoria del titular de la UF, José Pedraza, y su segundo, Juan Carlos Fernández.

Durante el encuentro, algo solemne, hubo un momento de tensión cuando Carlos Froment, abogado de los delegados Pablo Díaz (señalado como reclutador y líder del grupo de choque) y Jorge González, justificó la avanzada de los matones para “impedir el corte de vías” porque querían “proteger a los usuarios”. El defensor del picaboletos Guillermo Uño hasta sugirió que tenían el deber de evitar el corte por ser un delito.

“Eso no es creíble”, dijo el abogado Alberto Bovino, que representa a la familia de Mariano Ferreyra, junto con Diego Morales, del CELS. “Desde las vías al lugar de los disparos hay tres cuadras de diferencia”, señaló Morales. La abogada María del Carmen Verdú (Correpi) añadió que está demostrado el gran tiempo transcurrido desde que los manifestantes dejaron la zona de las vías hasta que los emboscaron al retirarse. Verdú asiste a Nelson Aguirre, baleado, junto con la abogada del PO, Claudia Ferrero, quien volvió a pedir que el partido pueda ser querellante.

Los abogados de Favale y del guarda y ex barra de Racing Gabriel “Payaso” Sánchez”, Sergio D’Amico y Gustavo D’Elía, respectivamente, pusieron en duda los testimonios que los describen disparando. Las querellas minimizaron las objeciones y mostraron las coincidencias entre relatos, la coordinación de los agresores y la identificación de quienes estaban armados. Los defensores hablaron de “arbitrariedad”, falta de “pruebas” directas y dijeron que a lo sumo hubo “homicidio en riña”, o sea, un crimen producto de una pelea. El defensor de Juan Carlos Pérez, portero de los talleres de Remedios de Escalada, negó que hubiera juntado las armas para llevárselas y que, de ser así, sería “encubrimiento”. La defensora oficial de Salvador Pipitó (acusado de amenazar al equipo del canal C5N) aseguró que la instrucción de la causa fue “inquisitoria”. Hubo planteos de nulidad y todos pidieron la excarcelación.

Según Verdú, justificar el ataque con que “se evitaría un hecho ilícito sólo busca disimular la responsabilidad que tuvieron en el armado del plan la Ugofe, la Policía Federal y la dirigencia de la UF, con conocimiento del Gobierno”. “Es lo que aún falta en la instrucción: el plan criminal no se agota en los siete procesados ni mucho menos en quienes estuvieron presentes”, advirtió.

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“No es creíble”, dijo Alberto Bovino, el abogado que representa a la familia de Mariano Ferreyra.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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