El Tribunal no quiere que nadie se queje de no tener tiempo para una legítima defensa.
Imagen: Rolando Andrade.

Otra vez una sorpresa en el juicio por la ESMA. Cuando la jornada estaba por terminar, después de avanzar un casillero en el proceso, porque acababan de concluir las réplicas de la fiscalía y las querellas, de pronto todo cambió. El juicio oral debía entrar en la etapa de dúplicas de los defensores, prevista originalmente para la semana próxima. Pero, al final del día, las defensas pidieron más tiempo para preparar las respuestas. La próxima audiencia saltó así del jueves 6 de octubre al miércoles 12. En el medio se desató una discusión por “planteos novedosos”: lo que para las querellas y fiscalía no son “planteos novedosos”; porque no introdujeron nuevos hechos ni nuevas pruebas, las defensas lo entienden “como ropajes” de esa situación. El Tribunal Oral Federal Nº 5 finalmente dio la razón a la defensa. El veredicto previsto tentativamente para el 14 de octubre ya había sido pospuesto y ahora se manejan fechas alternativas como el 21 o 28 de octubre. En el medio están las elecciones, un elemento de la agenda política que se coló en las especulaciones de final de juicio: la demora entre una y otra fecha puede quedar así en manos de las defensas y de los represores con un tiempo todavía no cerrado para pronunciar sus “últimas palabras”.

Nadie espera en calma las últimas audiencias, sobre todo desde la repentina renuncia de la semana pasada de Alfredo Solari, a cargo de la defensa de seis marinos, entre ellos Ricardo Cavallo. Ayer a la mañana se presentó su reemplazante, el abogado Olmedo Barrios, que firma las solicitadas de la Agrupación Concordia a favor de los represores a los que considera “detenidos políticos”. Barrios ensayó un estratégico movimiento de piezas al comienzo del día, primero sin resultados, pero que con el correr del día le sirvió. Pidió diez días hábiles para ponerse al tanto de la causa, los jueces decidieron otorgarle sólo tres, aunque en los hechos los plazos cambiaron cuando terminaron de hablar las querellas, aparecieron los planteos de las defensas y todo se atrasó.

A la mañana, el primer “no” del Tribunal provocó cierta molestia entre los habitúes del piso superior de la sala, la bandeja donde se sientan los camaradas y mujeres de los acusados. Cinco de los diez presentes se pararon airadamente para irse. Entre ellos, alguien reconoció a Fernando Goldaracena, el abogado que representó al ex almirante Armando Lambruschini en el Juicio a las Juntas.

Luego de ese comienzo, hablaron fiscalía y querellas. Desde la semana pasada, los fiscales advertían que no iban a “replicar”, es decir que no iban a generar nuevos hechos, porque no iban a responder sobre hechos y pruebas. Sólo iban a responder nulidades y planteos de inconstitucionalidad. Las querellas hicieron lo mismo. Sin “réplicas”, las defensas no necesitaban responder o contestar novedades por los hechos, una interpretación que sin embargo, al final del día, saltó por los aires. Porque mientras unos decían que no hubo novedades, el Tribunal dio la razón a la defensa. “Es largo de explicar”, dijeron en Tribunales. “Los temas son conocidos y las argumentaciones, novedosas. Las defensas manifestaron que se les dio ‘ropaje’ de contestación de nulidades a cuestiones propias de las réplicas que se saben constitutivas de hecho y prueba. Del análisis que requiere su refutación viene la prórroga de plazo solicitada y aceptada por el Tribunal.”

Esa posición que el Tribunal cree que está en línea con su tradición de darle tiempo a todo el mundo, y que nadie se queje de no tenerlo para una legítima defensa, molestó a las querellas de los organismos de derechos humanos. En función de un tiempo que se considera perentorio –el debate lleva casi dos años y la falta de justicia, más de 35–, la demora se leyó como nueva dilación. Todos ayer se esforzaron en ser precisos y breves, pero hicieron hincapié en que no replicaron.

La fiscalía compuesta por Mirna Goransky y Pablo Ouviña primero dijo por qué no iba a replicar, dado que los hechos y las pruebas ya fueron planteadas y fundadas en el juicio. Luego respondió nulidades y planteos de inconstitucionalidad. “Pasaron 25 años desde las primeras indagatorias, siete años desde la reapertura de la causa y casi dos años de debate”, dijo Ouviña. Citó al jurista Julio Maier para hablar de “torneos de nulidades” como “el principal mecanismo defensivo en este tipo de procedimientos”. Habló del “laberinto de formas” que “multiplica los incidentes: así el proceso se convierte en una guerra de desgastes y la postergación de todas las decisiones en su arma principal”.

Y como más tarde lo hizo el CELS, respondió lo que se llama nulidad por “incongruencia”. Es uno de los ejes de las defensas en los juicios: discuten la incorporación de nuevas pruebas en el proceso oral y, entonces, de nuevos cargos. Dicen que los supuestos nuevos cargos no llegaron planteados en la acusación original (primera instancia) y, como no lo supieron antes, eso les impide defenderse legítimamente. Los toma por sorpresa. Un ejemplo es el caso Rodolfo Walsh. Elevado por privación ilegal de la libertad, la acusación imputó por homicidio producto de testimonios y pruebas del juicio. La defensa lo cuestionó. La fiscalía trabajó varios argumentos. Entre ellos subrayó la capacidad legítima de un juicio oral para provocar nueva prueba. Pero, además, rastreó cómo la hipótesis del homicidio se venía planteando desde etapas anteriores, en instrucciones de 2004: “De ese dictamen se desprende que la muerte fue descripta y considerada en numerosas oportunidades y no sólo como pretenden las defensas”.