El dictamen del fiscal Fernando Uriarte a favor de la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual cuestionados por el Grupo Clarín causó satisfacción en el oficialismo, que coincidió con sus argumentos y ratificó la necesidad de obtener pronto una sentencia de fondo. “Compartimos la opinión del fiscal. No tenemos ninguna duda sobre la constitucionalidad de la ley y nos parece sumamente importante que se avance en esta discusión”, expresó el titular de la Afsca, Martín Sabbatella. “La cuestión de fondo es claramente constitucional. Por eso Clarín mantiene las medidas cautelares, porque sabe que lo otro es una locura, una chicana de formalidades judiciales”, remarcó el senador y consejero Marcelo Fuentes.

La decisión de Uriarte de recomendarle al juez Horacio Alfonso que desestime el planteo de inconstitucionalidad presentado por el Grupo cortó con la mala racha que sufrió el oficialismo la semana pasada, cuando la Cámara Civil y Comercial le concedió al Grupo Clarín una reposición de la medida cautelar y la Corte rechazó el pedido de avocamiento sobre ese tema. “En los últimos tres años la ley fue frenada por medidas cautelares, con maniobras judiciales, pero sin debatir la cuestión de fondo y ésta es la primera opinión judicial sobre la constitucionalidad”, remarcó Sabbatella la noche del martes, luego de conocer el dictamen. “No se han expuesto argumentos relevantes para invalidar las normas cuestionadas en virtud de la afectación de los derechos constitucionales de libertad de expresión y de prensa”, aseguró Uriarte.

De todas maneras, el titular de la autoridad de aplicación advirtió que el pronunciamiento del fiscal no es vinculante y remarcó que la resolución de la cuestión de fondo no se retrasó por responsabilidad de Uriarte y del juez Alfonso, “porque ellos no tenían la causa desde el principio, sino por todas las maniobras que hizo el Grupo Clarín”. Primero, con la obstrucción en el Consejo de la Magistratura de un reemplazo para el juez jubilado Edmundo Carbone y luego con la designación irregular de Raúl Tettamanti, otro jubilado.

Por su parte, Fuentes vinculó la situación de la causa por la ley de medios con la absolución, luego de diez años, de los trece acusados en el caso Marita Verón y consideró que es necesario debatir la función de los magistrados. “Esto muestra, así como daba vergüenza ser senador o diputado en 2001 y no se podía salir a la calle, que es necesario un proceso de adecuación de la Justicia como sucedió con el Parlamento”, aseguró Fuentes, en sintonía con el planteo de “democratizar la Justicia”, expresado por Cristina Kirchner. “No solamente tiene que ver con el tema de los grupos de medios, tiene que ver también con casos como las reticencias de Alfredo Bisordi a juzgar los crímenes de lesa humanidad”, completó el legislador, quien consideró que por la historia argentina, durante los períodos democráticos ha habido escasas posibilidades para renovar los magistrados.

En este contexto, en el Gobierno vieron con satisfacción que un grupo de camaristas, jueces, fiscales y funcionarios judiciales salieran a contestar el comunicado emitido por la Comisión Nacional de protección de la independencia del Poder Judicial, junto con asociaciones de magistrados. La solicitada de este grupo planteaba que “los magistrados también deben ser independientes de los intereses económicos de las grandes empresas”. En ese contexto, Fuentes ratificó que se presentará un pedido de juicio político contra los integrantes de la Cámara en el Consejo de la Magistratura, en el que se incluirán las irregularidades en la designación de jueces subrogantes, la denuncia penal por obstrucción en el nombramiento de jueces constitucionales, entre otros puntos.

Mientras esperan la sentencia de primera instancia, en el oficialismo se mostraban expectantes respecto del planteo realizado a la Cámara Civil y Comercial. Estimaban que el martes de la próxima semana el tribunal podría expedirse sobre el recurso extraordinario presentado por el Ejecutivo y darle traslado a la Corte Suprema para que lo evalúe. Si la Cámara no lo acepta, el oficialismo todavía cuenta con el recurso de queja, con el que agotaría las instancias sobre cuestión de la cautelar.