EL PAíS › ASUMIERON LA MINISTRA DE SEGURIDAD Y EL JEFE DE POLICíA DE CóRDOBA

Nuevas caras después del escándalo

“Quienes más interesados están en que se esclarezca la verdad somos los cordobeses”, dijo el gobernador José Manuel de la Sota. La oposición dice que los cambios de funcionarios implican una continuidad en las políticas.

La nueva ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra Susana Monteoliva, asumió ayer su cargo, luego del escándalo que se desató con la detención de cinco policías de narcotráfico al que se vinculó con el tráfico de estupefacientes. En un allanamiento a la sede central de la policía provincial encontraron armas con la numeración limada y drogas sin registrar, que podrían haber sido utilizadas para “plantarlas” en operativos. El gobernador José Manuel de la Sota afirmó que está entre los más interesados para que se esclarezca el caso. En tanto, sus opositores indicaron que las medidas que tomó no son suficientes para superar la crisis que ocasionó este caso.

Todo comenzó con una emisión del programa ADN, en la señal de la Universidad de Córdoba. Allí el informante “arrepentido” Juan “El Francés” Viarnes reveló las vinculaciones de los policías con los narcotraficantes. Como consecuencia de esto, el fiscal Enrique Senestrari ordenó detener a cinco policías, entre los que estaba el entonces jefe del área antidrogas, Rafael Sosa. Sosa es el mismo policía que tuvo a su cargo la investigación del asesinato de Nora Dalmasso y arrestó a un joven, al que se consideró un “perejil”. Senestrari imputó a otros tres policías, entre los que está el predecesor de Sosa, el comisario mayor retirado Mario Nieto. Los oficiales son investigados por irregularidades en las causas de narcotráfico desde 2010, cuando empezaron a usar a Viarnes como informante. Las repercusiones de este proceso recién están empezando, porque en el mediano plazo podrían hacer caer numerosos procesamientos y hasta condenas. Sosa, además, está siendo investigado junto a otros policías por su presunta participación en el secuestro de uno de los dueños del boliche Palmira del Cerro de las Rosas.

El gobierno de De la Sota primero reaccionó con una defensa corporativa de la policía y acusó al fiscal de ser kirchnerista (dado que pertenece a la asociación Justicia Legítima). Luego, el peso de los hechos obligó a De la Sota a aceptar la renuncia de su ministro de Seguridad, Alejo Paredes, y de su jefe de policía, Ramón Frías. En lugar de este último, ayer asumió un nuevo jefe de policía, César Almada. La nueva ministra de Seguridad se comprometió a colaborar con el avance de la causa judicial. “La Justicia está interviniendo y lo que debemos hacer es esperar los resultados. Nuestra tarea ahora es seguir trabajando en identificar los delitos para revertirlos”, dijo.

De la Sota, en tanto, afirmó que “quienes más interesados están en que se esclarezca la verdad de los hechos que se investigan de la Dirección General de Lucha contra el Narcotráfico somos nosotros, los cordobeses.

Todos y cada uno de los ciudadanos queremos confiar en nuestra policía y queremos saber la verdad”. “Son también nuestros policías, que en su gran mayoría han dedicado su vida al servicio, a la comunidad, que no quieren ver manchado el uniforme que han lucido con orgullo bajo cualquier gobierno democrático”, afirmó.

El senador Luis Juez indicó que la nueva ministra es “una empleada administrativa del sospechado y renunciado ex ministro de Seguridad”, y que como jefe de la policía asume “el tercero en la línea sucesoria”. El senador afirmó que la flamante ministra, en su cargo del Observatorio del Delito, frenó diversos pedidos de informes de la oposición. “De la Sota no quiere tomar nota del escándalo institucional que significa tener involucrada a la policía con bandas de narcotraficantes”, indicó Juez.

“Está claro que hay una continuidad en los cambios que se han hecho. Si ante tamaña crisis optamos por la continuidad, la situación es para preocuparse y mirarla con atención”, indicó Liliana Montero, del Frente Cívico y Social (FCyS). “Son cambios coyunturales. Sin hacer valoración personal sobre nadie, tiene que ver con la continuidad de una política y ése es el eje que hay que discutir”, señaló.

El jefe del bloque provincial de la UCR, Eduardo Yuni, consideró que hace falta “una discusión sobre la Ley de Seguridad de la provincia, garantizar una estructura legal y ágil y transparentar la situación de la policía, de cara a la sociedad”.

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La ministra de Seguridad fue nombrada luego del arresto de cinco policías de Lucha contra el Narcotráfico.
 
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