EL PAíS › OPINION

Progresar a contrapelo

La devaluación enorme e impuesta, un trance inédito en la década kirchnerista. Semanas adversas y un lunes que puede ser crucial. Progresar, un nuevo derecho, una ampliación de la protección social en un contexto adverso. Los jóvenes que no estudian ni trabajan. Los que ni buscan empleo. Apuntes y datos sobre un grupo vulnerable. Alcances del programa, proyecciones. Paritarias en pausa.

 Por Mario Wainfeld

Mañana “todo el mundo” estará pendiente, minuto a minuto, de la cotización del dólar oficial. Esos lunes han sido clásicos en la historia económica de, por la parte baja, medio siglo, pero no han sido habituales durante los gobiernos kirchneristas. O, para ser más preciso, no hubo ninguno así en la década, lo que ilustra sobre la magnitud de las complicaciones.

Las fluctuaciones de la divisa verde, blue o negra siempre provocan zozobra, en los meses recientes se las ha seguido online... La decisión de liberar (sólo para personas físicas, con límites y exigencias) el mercado de cambios provoca una suerte de “día D” que el oficialismo jamás de-seó y que le fue impuesto. Ese contexto demarcó una de las semanas más peliagudas en los largos diez años de gestión, que sólo reconoce momentos comparables durante los años 2008 y 2009. No porque sean iguales las coyunturas, sí por la situación delicada que atraviesa el Gobierno. En esa ocasión, perdió varias pulseadas pero pudo recuperarse. Cinco o seis años después es otra pelea que lo ha obligado a ceder, con desarrollo y final abiertos.

En un escenario adverso la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció el programa Progresar, una acción marcadamente contracíclica. Un plan de inclusión, universal en su concepción. Un plan de ingresos dedicado a sectores vulnerables en extremo.

La operatoria se superpone en parte con otros planes y programas ya en ejecución, dependientes de diversos ministerios. Sincronizarlos es un desafío adicional. Para limar asperezas y coordinar, se realizó una reunión entre varios ministros y funcionarios. El ministro de Economía que hacía de local, Axel Kicillof, llevó la voz cantante: habló de las articulaciones a realizar, reconoció la valía de acciones precedentes. Y formuló una premisa que dos de los asistentes resaltaron a este cronista. Dijo “ahora no podemos dejar de meter plata por abajo”. La frase tiene dos facetas a resaltar. El “ahora” reconoce el momento de restricciones. El manual de la economía “presentable” ordena cerrar el grifo del gasto público. El Gobierno elige, en este punto, otro rumbo: establecer un derecho para un conjunto vasto de beneficiarios, que se debe pagar mensualmente durante muchos años. Un esfuerzo fiscal alto, perdurable, reparador. Una malla de contención en un trance preocupante.

Los motivos para volcar recursos a los más humildes son variados y rescatables. Van desde la necesidad de la promoción social, de la igualación de derechos, hasta el potencial activador que significa que personas sin empleo y de bajos ingresos mejoren sus ingresos.

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Un conjunto complejo: Progresar crea un derecho para un conjunto de jóvenes vulnerables, entre 18 y 24 años. Se los suele caracterizar como ni-ni porque no estudian ni trabajan. Puede discutirse la designación por estigmatizante. La usaremos acá a falta de otra igualmente sencilla y didáctica. Y dejando sentado que los ni-ni no lo son por decisión propia, sino por imposición de crueles circunstancias.

No es simple determinar el número exacto de potenciales beneficiarios del programa, la referencia más precisa surge de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Su lectura revela que la tasa de desocupación de ese tramo etario es casi tres veces superior al del promedio de la Población Económicamente Activa (19,2 por ciento contra 7,26 por ciento para el segundo trimestre de 2013).

Funcionarios nacionales que estudian el punto a fondo suelen distinguir dos subgrupos:

a) Los que ni estudian ni trabajan pero sí buscan trabajo por lo que son, técnicamente, desocupados.

b) los que no estudian, ni trabajan, ni buscan trabajo. Los ni-ni-ni que son la franja más abandonada. Según la EPH, serían algo menos de 750 mil argentinos. Las tres cuartas partes son mujeres.

Los datos de EPH son duros en doble sentido: por su credibilidad y por lo que muestran. Si se divide la población en quintiles por ingresos, la mayoría de los ni-ni-ni corresponde al último quintil por ingresos (el veinte por ciento más pobre), bastante por debajo del penúltimo. Hay una correlación objetiva entre la carencia de ingresos familiares y la merma de expectativas... y hasta de la voluntad o la fuerza para buscar una salida.

Concentrarse en ese colectivo es un acierto, enderezado a paliar carencias del “modelo”. Impresiona la cantidad de personas en esa condición, cerca de un tercio del total de esa edad según el censo de 2010. El “modelo” no cubre a todos los argentinos por igual. Hasta podría decirse que tiene ganadores y perdedores aun dentro de la clase trabajadora.

El kirchnerismo implantó políticas sociales universales exitosas, en particular la generosa ampliación de las jubilaciones y la Asignación Universal por Hijo (AUH). Con coberturas tan amplias pero no suficientes, el mejor camino actual –explican algunos especialistas– es “focalizar para universalizar”. Esto es, detectar sectores específicos que han quedado fuera o rezagados, concebir nuevas herramientas de política social y reconocerlos como titulares de derechos.

La concepción, a diferencia de las políticas noventistas, no hace centro en la pobreza que diferencia y compartimenta sino en la desigualdad. Por lo tanto no define discrecionalmente a los grupos tutelados sino que fija pautas objetivas, cuyo cumplimiento habilita el reclamo del beneficio. No hay dependencia del funcionario o del intermediario político, lo mismo sucede con la AUH.

La comparación con la AUH es razonable a condición de no extremarla demasiado. Se amplía la protección social, se garantiza un haber mensual, se exigen contrapartidas (“condicionalidades”). La diferencia finca en que en la AUH son los jefes y en especial las jefas de hogar las que se encargan de que los menores estudien y reciban atención médica. En el Progresar serán las chicas y chicos los que deben estudiar y aportar los certificados respectivos.

Hay tres finalidades que convergen: la económica, la educativa y la formación laboral. El programa sólo será virtuoso si se cumplen todas, de modo convergente. No será una sumatoria sencilla.

El Estado atendía, separadamente, varios de esos derechos. El programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, del Ministerio de Trabajo, se ocupa de la formación, capacitación e inserción para el primer empleo. Los participantes reciben una retribución y se los orienta hacia sectores productivos o de servicios que requieren mano de obra preparada. Según informes oficiales alrededor de 250 mil han conseguido trabajo formal en los últimos años. El Jóvenes deberá reformularse para compatibilizarlo con el Progresar. En parte se superponen aunque el Jóvenes incluye entre sus objetivos la terminalidad educativa.

El programa Fines también deberá rediseñarse y adecuarse. Fue creado por el Ministerio de Educación para que personas que no hubieran terminado sus estudios (de cualquier nivel) pudieran hacerlo. El incentivo son cursos especiales, con tutorías, docentes especializados, horarios amigables y más flexibles que los de la educación formal. Los cursos son especiales pero rinden los exámenes finales y se diploman en el sistema educativo formal: escuelas primarias, colegios secundarios o universidades. Ha habido cerca de un millón de inscriptos y algo así como la mitad de egresados. No hay límites de edad para los participantes, tan así es que han existido casos de padres e hijos que se han recibido simultáneamente. Según ponderaciones de Educación entre un 30 y un 40 por ciento de los cursantes en el Fines (que no reciben apoyo económico) tienen entre 18 y 24 años y podrían derivar al Progresar, si reúnen los demás requisitos pautados.

Las reconversiones insumirán su esfuerzo e implicarán discusión acerca de los recursos que recibe ahora y recibirá cada repartición. Toda redistribución presupuestaria es una cinchada. Ningún programa actual será desactivado pero sí se restringirá parte de su cobertura.

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Objetivos confluyentes: Un objetivo indeclinable en una medida de vocación igualitaria es que la educación no se considere una variable subalterna. Sería un error o algo peor dar títulos degradados, subvalorando la formación de los jóvenes. Un falso mecanismo compasivo o compensador. Sería inadmisible (y no es tan simple de evitar) que se creara algo así como una “segunda marca” de educación, admisible como “canje” por acceder a los otros objetivos.

Ningún joven de más de 19 años “reingresará” a una escuela primaria si ese fuera su nivel de formación: sería insensato. Tampoco es muy factible (ni deseable) que, en su caso, lo haga en uno de los más de 8000 colegios secundarios repartidos en 24 provincias. Ni su edad ni su problemática harían razonable ese tránsito. Su destino, entonces, sería la educación para adultos, el Fines o los sistemas oficiales de capacitación laboral. Este aspecto no se ha definido del todo aún. Tampoco se tiene medida sobre qué oferta educativa actual y disponible hay para recibir a centenares de miles de pibes y pibas que podrían sumarse en cosa de meses. Habrá que ponerse las pilas, mejorar la oferta, adecuarla. Esas tareas deben sincronizarse con las provincias y con la comunidad educativa.

Se irá sabiendo en un lapso necesariamente breve cuál es el nivel de inscripción. Hacer una prospectiva dista de ser fácil. Hay un piso alto garantizado que son los “pases” desde planes similares con menos beneficios ya mencionados. A partir de ahí divergen las especulaciones de funcionarios nacionales o provinciales (el cronista dialogó informalmente con varios). Hay quien piensa que habrá una enorme masividad de movida como ocurriera con la AUH y años atrás con el Jefes y Jefas de Hogar: en cuestión de semanas alcanzaron su techo histórico o casi.

Ahora hay un margen mayor para la duda. Muchos integrantes del Gobierno creen que, por sus características culturales, al menos una fracción de los potenciales beneficiarios no responderán de inmediato, habrá que motivarlos. Que puede haber jóvenes ganados por la pasividad, el bardo, las tentaciones de “la calle”. Que no bastará divulgar masivamente la convocatoria y habilitar trámites eficaces y amigables en la Anses. Que habrá que buscarlos, convencerlos, “invitarlos”, superar reticencias y desconfianzas. Mucho activismo estatal, pues, cuerpo a cuerpo.

El cronista es reacio a emitir pálpitos, la inscripción orilló los 29 mil en solo los dos primeros días: es una cifra elevada. A título de intuición, mezclada con data y antecedentes, parece verosímil que haya preeminencia de mujeres. En parte porque son la mayoría más desvalida, como ya se dijo. En parte porque han sido más vivaces que los varones para sacarle el jugo a este tipo de derechos. Y en parte porque una proporción alta de ellas son madres y el Progresar incluye acceso a guarderías entre sus prestaciones.

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Una cuestión nada secundaria: El despliegue de Progresar será una gran oportunidad para estudiar a fondo la realidad de un grupo social tan prioritario como desfavorecido. A cuenta, cabe imaginar que la mayoría estará trabada en el nivel secundario de la educación formal. En un amable intercambio con el cronista, la politóloga Roxana Mazzola puntualiza que “alrededor del 20 por ciento de los pibes de 20 años todavía está en la escuela secundaria, una demostración de tres problemas centrales: la sobre edad, la repitencia y el abandono”. Progresar los enfoca a todos.

La crisis del secundario no es exclusiva de la Argentina, lo que no le resta entidad. Recorre todo el mundo y se hace más patente en la región. Mazzola señala que “según datos de 2011 de la Siteal (Sistema de Información y Tendencias Educativas de América Latina), la mitad de los jóvenes de 20 años de la región cuenta con título de educación secundaria”. Se infiere, por lo tanto, que la otra mitad no llega a obtenerlo. La “sintonía fina” y la capacitación permanente son imprescindibles y jamás se da del todo en la tecla. El gobierno nacional anunció a fines de 2013 un programa de formación docente muy ambicioso, concertado con los gremios del sector. Se proyecta para tres años, para alrededor de un millón de trabajadores de la educación en todas las jurisdicciones. Claro que ese plan tiene un password que es conseguir un acuerdo en la paritaria nacional docente. Ese piso es imprescindible para construcciones de mediano y largo plazo. La realidad político-gremial es así, sin consensos coyunturales no se puede aspirar a progresos estratégicos.

Para ser precisos, esa interdependencia no sólo ocurre en materia gremial. La democracia de masas es un sistema de negociación permanente supeditado a revalidaciones cotidianas, a menudo acuciantes.

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El piso y el contorno: Se describe, con justeza, que el kirchnerismo ha propiciado un piso de protección social muy elevado, único en la región. Es su mérito y uno de sus designios. Claro que la segmentación social es muy amplia y hay numerosos argentinos que están en el borde del “modelo”, todo el recorrido de esta nota demarca poblaciones que no alcanzan los derechos propios de la ciudadanía.

Las comparaciones con otras etapas de la Argentina, en particular con el primer peronismo, le parecen forzadas a este escriba: demasiado han cambiado el mundo y el país. Rozándolas apenas, valga decir que entonces eran menos escindibles la política social y la económica. Puesto de otra forma: la política económica era la principal política social. Ahora todo es más complejo, menos homogénea la clase trabajadora, más desigual la sociedad.

Progresar no es un enclave en un contorno de crisis. Es una respuesta protectoria consistente con la praxis previa. Se instala a contrapelo del mal momento y de la ortodoxia... en buena hora.

El contorno es agobiante: es innegable que la devaluación ya ocurrida, cuyo tope se desconoce hoy día, perjudica a amplias franjas de la población. Los argentinos con algunos años somos lectores avezados de esas peripecias, la prédica del kirchnerismo las señaló con asiduidad. Las devaluaciones favorecen al gran capital, a los exportadores, y perjudican a los sectores con ingresos fijos y a la industria nacional.

Una contrapartida parcial, potencialmente virtuosa, sería la promoción a las exportaciones de economías regionales, que mejoran sus perspectivas inmediatas aunque afrontan un cuello de botella que va más allá del valor del dólar. Ese beneficio “colateral” sólo regirá si el Gobierno consigue en un plazo breve poner coto a la depreciación del peso y a la inflación. Es indudable su decisión de hacerlo, sin resignar la obsesión en mantener los puestos de trabajo, el consumo interno y la protección social. Pero la voluntad no es bastante, también es imprescindible dar con los instrumentos adecuados. En los últimos meses, con aceleración en las últimas semanas, el Gobierno ha perdido terreno. Fue compelido a ceder ante las presiones de adversarios, enemigos y grupos poderosos de interés. El escenario dista de ser halagüeño: un tenso lunes, exótico a la cotidianidad de la década, alerta al respecto.

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