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Tras los pasos del juez Juan José Galeano, todo se perfila para que el fiscal de la causa AMIA, José Barbaccia, tenga que enfrentar un jury que puede terminar en su destitución. Una comisión evaluadora de la Procuración General de la Nación está terminando de analizar las denuncias que lo cuestionan por su actuación en la investigación del atentado terrorista y hacia fin de la semana próxima decidiría impulsar su enjuiciamiento. Barbaccia también deberá rendir cuentas ante la Justicia por posibles delitos señalados por el Tribunal Oral 3.
Las primeras acusaciones contra Barbaccia ante la procuración –el organismo del que dependen todos los fiscales– fueron formuladas en marzo por la diputada Nilda Garré. Aquella presentación comprendía, además, al ex fiscal Eamon Mullen, que también actuó en el caso AMIA, pero no tendrá que enfrentar un jurado de enjuiciamiento porque renunció a su cargo a mitad de año, después de que el tribunal oral resolvió apartar a ambos del juicio. Ahora se suman once imputaciones descriptas por los jueces orales Miguel Pons, Gerardo Larrambebere y Guillermo Gordo, que fueron remitidas al procurador general, Esteban Righi.
Garré decía que los fiscales armaron “una historia oficial” sin buscar la verdad de lo ocurrido y que tuvieron pleno conocimiento del pago de 400 mil dólares a Carlos Telleldín para que comprometiera a los policías bonaerenses. Lo que no denunciaron, razonaba la legisladora, lo encubrieron. Señalaba, a la vez, que “ejercieron presiones sobre testigos para obtener las declaraciones que necesitaban”. Pedía que fueran removidos por “mal desempeño, negligencia y posibles delitos”. Las mismas cuestiones fueron evaluadas por el tribunal oral, que incluso pidió que Mullen y Barbaccia fueran investigados penalmente por falsedad ideológica, extorsión, privación ilegal de la libertad y torturas a testigos.
Barbaccia había alcanzado el segundo puesto en el concurso para las cuatro vacantes de jueces federales, pero con este escenario el Gobierno lo sacó de carrera pese a que el Consejo de la Magistratura lo había propuesto para un cargo. Su continuidad como fiscal –actualmente trabaja en el fuero penal tributario– está, en principio, en manos de un consejo evaluador de la procuración formado por cinco fiscales generales en quienes Righi delegó en julio la responsabilidad de decidir si existen o no razones para motorizar un juicio político. Esta comisión tuvo varios encuentros y, según informaron a Página/12 en el Ministerio Público, en unos diez días resolvería darle curso a la acusación contra Barbaccia. Dado que su panorama no es de lo más alentador, ya nombró como abogado para que lo represente en este proceso a Enrique Paixao.
El jurado de enjuiciamiento que sustancia el juicio político contra los fiscales no es el mismo que lo hace para los jueces. ¿Quiénes integran el jury para fiscales? Son siete miembros con mandatos de tres años, elegidos por distintas instituciones. La sorpresa es que figura como representante de la Corte el ex camaristas Andrés D’Alessio, que es el abogado del juez Galeano. En la procuración anticipan que debería excusarse. Por el Senado fue designado el jurista Ricardo Lorenzetti (uno de los candidatos que suena para la Corte), la Federación de Colegios de Abogados (FACA) nombró a Miriam Agúndez, por el Ministerio Público fue sorteado Horacio Michero; el Poder Ejecutivo tiene hace tiempo a Mariano Cavagna Martínez y la semana próxima harían sus designaciones la Defensoría General y el Colegio Público de Abogados de Capital.