El ex comandante en jefe de la Armada Jorge Isaac Anaya sufrió una descompensación cardíaca ayer a la mañana cuando se preparaba para presentarse en los Tribunales federales de Retiro. Había sido convocado por el juez Sergio Torres para una indagatoria en el marco de la megacausa donde se investigan los crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura. Por primera vez, luego de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida, el represor podía quedar detenido. Pero según la Armada no sucederá por ahora: Anaya está “grave” y permanece con “pronóstico reservado” en la terapia intensiva del Hospital Naval y con un “infarto agudo de miocardio con paro cardiorrespiratorio”. Tiene 80 años; aun así los especialistas no descartan una recuperación. Durante el día, el juzgado tomó otras indagatorias.

“Minutos antes de las 8 llamaron desde la Armada al juzgado para avisar que Anaya había tenido un problema cardíaco” y que “fue trasladado de urgencia al Hospital Naval”, explicó temprano una fuente del entorno del juez Torres. En ese momento, el ex comandante estaba detenido en el Edificio Libertad y a punto de ser trasladado a Comodoro Py 2002 para comparecer ante el magistrado.

A las diez de la mañana, el juzgado ordenó a un médico forense constatar la situación y estado de salud del marino con las autoridades del hospital. Anaya continuará internado, al parecer, durante varios días. Así lo dio a entender la Marina, que a las ocho de la noche difundió el parte médico a través de un vocero. Según esa información, el acusado está bajo el cuidado de especialistas en la Unidad Especial de Hemodinamia de Terapia Intensiva y “se encuentra en estado reservado, por la seriedad del cuadro”.

¿Qué es exactamente lo que tiene? Un especialista en psicogerontología consultado por este diario explicó que su estado de salud es “muy grave y puede morirse fácilmente, más aún tratándose de una persona mayor como él”. Pero, “hoy en día existen recursos para revertir ese cuadro y los recursos pueden ser exitosos”, explicó. La internación en la sala de Hemodinamia, por ejemplo, parece un factor que alienta mejores perspectivas, dado que “significa que los médicos ven que existen posibilidades y están intentando una recuperación”.

¿La detención pudo disparar un cuadro así? Sus 80 años y la certeza de una detención inminente pudieron haber ayudado en su descompensación, pero no fue todo. “En esa situación cualquiera puede inventar hasta un romance con la reina de Isabel –dice el especialista–, pero lo que acá hace falta para que se dé un paro es una falla anatómica previa: el paro es como una gota en medio de un vaso que rebalsa de agua”, continuó.

Torres lo había convocado para interrogarlo en el marco de 266 hechos de secuestros y torturas ocurridos en 1976 y 1977, cuando formaba parte de la cúpula de la Armada, con el general Leopoldo Galtieri y el brigadier Arturo Lami Dozo. Fue la junta militar que en 1982 ordenó la ocupación de las Islas Malvinas y tras 82 días de combate perdió la guerra.

En el Juicio a las Juntas de 1985 la fiscalía lo había acusado por 236 casos de secuestros, tortura y reducción a la servidumbre, pero finalmente quedó absuelto por la Cámara Federal. La anulación de las leyes de obediencia debida y punto final permite ahora la nueva imputación.

En tanto y fuera del caso Anaya, el juzgado ayer comenzó con la ronda de indagatorias convocadas en el marco de esa misma causa. Frente a Torres pasó el almirante retirado Antonio Vañek, de 80 años y miembro de la tercera junta militar de la última dictadura. A Vañek se le atribuye responsabilidad en dos centenares y medio de casos de privaciones ilegales de la libertad y tormentos a detenidos en el ámbito de la ESMA.

Además de Vañek, pasó el hijo homónimo del jefe de Cuerpo I del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason. Y los detenidos Miguel Angel Benazzi Berisso, Carlos José Pazo, Julio Antonio Torti, Carlos Fragio, Hugo Enrique Demario y Rogelio Martínez Pizarro. Todos ellos negaron los cargos que les atribuye Torres, mencionaron la “cadena de mandos” para dar cuenta de las actividades y se ampararon en el derecho constitucional de permanecer en silencio.