EL PAIS › APROPIADORES DETENIDOS

En carne viva

Francisco Madariaga puso en marcha la causa judicial por su apropiación. Llegó al local de Abuelas de Plaza de Mayo sabiendo ya que quienes dijeron ser sus padres biológicos no lo eran. Por primera vez en su vida, su apropiadora –separada desde hace diez años del carapintada Víctor Alejandro Gallo– le había confesado la verdad: era hijo de una desaparecida. La denuncia judicial se hizo el 15 e intervino la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado. De inmediato, se realizó el estudio de ADN en el Banco de Datos Genéticos del Hospital Durand y el resultado dio positivo con la familia Madariaga–Quintela. El jueves pasado fue detenida la apropiadora y también el carapintada Gallo.

Desde hace tiempo Francisco venía teniendo dudas sobre su identidad. Pero la verdad surgió después de un planteo que le hizo a Susana Colombo, quien creía que era su madre. Ella, en tratamiento psicológico desde hace años, terminó admitiendo la verdad y acompañó a Francisco hasta el local de Abuelas de Plaza de Mayo. Francisco mismo declaró en la causa judicial que ella supo siempre que él nació en cautiverio y que era hijo de una mujer asesinada durante la dictadura. Por esa razón, fue detenida por la jueza y, además, ayer le denegó un pedido de excarcelación. De todas maneras, Arroyo Salgado está estudiando la situación de salud de la apropiadora que, por otra parte, jugó un papel positivo en la resolución del caso.

Víctor Alejandro Gallo fue detenido el jueves pasado. Es accionista de una empresa de seguridad y tiene una condena a diez años de prisión por robo con armas. Fue juzgado por una supuesta relación con el sórdido caso conocido como la Masacre de Benavídez, en la que fue ejecutada una pareja y luego los homicidas salieron a buscar a las dos hijas de las víctimas. También las llevaron a un descampado de Benavídez, donde les dispararon, pero milagrosamente una de las chicas sobrevivió y denunció a los ejecutores. El triple homicidio tenía que ver con una banda de extorsionadores que funcionaba en Tribunales, aunque siempre se sospechó que existía también una vinculación con el tráfico de drogas. En esa causa judicial no se encontraron pruebas para condenar a Gallo por los homicidios, pero sí por haber participado en un robo a mano armada. Gallo tiene, además, otra condena: se trata de lesiones infligidas a su esposa, antes de la separación.

Gallo tuvo una activa participación en el movimiento carapintada y ahora no sólo será imputado por Arroyo Salgado por la apropiación de Francisco sino que todo se incorporará a la llamada causa Riveros, la que investiga los crímenes en lo que fue el mayor centro clandestino de detención y asesinatos de la dictadura, la guarnición de Campo de Mayo, que estaba a cargo del general Santiago Omar Riveros. Por allí pasó la mayor cantidad de secuestrados y prácticamente no hubo sobrevivientes.

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