EL PAIS

La participación y la protesta

 Por M. W.

Jorge Taiana salió airoso de un compromiso que le pintaba bien difícil frente a los vecinos de Gualeguaychú. El canciller se enfrentó a una asamblea enconada, muy desafiante, poco negociadora y habituada a formular reclamos de máxima. Sus planteos incluían unas cuantas acciones muy belicosas hacia el Uruguay, varias de ellas de improbable o nula legalidad y otras que harían escalar un conflicto sin retorno. Taiana habló al mismo tiempo a dos auditorios: el más obvio, que tenía delante suyo, y el gobierno uruguayo. El mensaje común fue que el gobierno argentino sigue apostando como principal recurso de coyuntura al reclamo ante la Corte Internacional de La Haya. Con eso aspira a contener a los vecinos más encabritados, haciéndoles comprender que eventuales cortes de ruta perjudicarían sus intereses. La decisión que rechazó la medida cautelar pedida por la Argentina instó a ambas partes a no realizar acciones que agravaran el conflicto. Sólo un necio podría suponer que los cortes de ruta no estén contemplados en esa firme sugerencia.

El ministro transmitió una convicción que comparte todo el Gobierno, y que este cronista juzga muy voluntarista: el pleito en La Haya será mucho menos prolongado de lo que es habitual. La convocatoria a dos abogados representativos del pueblo de Gualeguaychú para ayudar a preparar el reclamo legal argentino les da a los vecinos un grado de participación y protagonismo que, se espera, debe disuadirlos de “patear con las dos piernas” y apelar a la acción directa.

El gobierno espera que sus pares uruguayos hayan tomado nota de que no tiene urgencia en negociar. La debilidad ulterior al fallo en contra debería ser un acicate para que estuviera apurado, según muchos manuales de negociación. Pero el Lerú del kirchnerismo, tal parece, predica otra cosa. “No vamos a ir al pie cuando ellos se sienten más fuertes y hacen ostentación de su poder”, se empaca un negociador de primer nivel. No dice exactamente “ostentación de poder”, acude a una metáfora coloquial más cachazuda.

En Cancillería y la Rosada se desestima por poco estimulante la propuesta uruguaya del monitoreo conjunto que, además, exaspera a los asambleístas. De todas maneras, se acepta que hubo un corrimiento en la postura oriental. “Antes hablaban de monitoreo de la explotación y ahora hablan de la construcción”, asume un especialista que luego relativiza el avance “pero ellos quieren discutir el statu quo al que nos llevaron violando el tratado del Río Uruguay. Y rehusando poner sobre la mesa el qué, el cuándo y el cómo de las instalaciones que es lo que nosotros exigimos”.

El Gobierno machaca en que su objetivo esencial sigue siendo empiojar el financiamiento de las pasteras, aumentando la incertidumbre acerca de la legalidad de su emplazamiento. La existencia de un pleito, que Argentina considera viable y resoluble en un plazo relativamente amigable, son presupuestos de ese razonamiento. Si no se compartiera esa profecía, o si los hechos no la corroboraran, ese discurrir quedaría muy canijo.

Como sea, la instancia vivida fue un ejercicio democrático estimulante que sorteó los riesgos de desborde, sobreactuación o prepotencia que la acechaban. El Gobierno podría computar el dato, registrando que está muy en mora en eso de dialogar mano a mano con la sociedad civil o de promover nuevas formas de participación. La diversificación de los modos de participación popular es una deuda institucional enorme del sistemapolítico. En este rubro el Gobierno es, sencillamente y nada menos, el primus inter pares.

Cuestión de clases

La presentación de Argentina en el tribunal del Mercosur por el reclamo de Uruguay incursionó en un tema relevante, que es el del rango constitucional de la protesta social. Una interpretación mediática, demasiado simplificadora, acusa al Gobierno de haber dicho que el derecho a reclamar es superior al de transitar el territorio. La reacción promedio fue de enorme alboroto e indignación. Más allá de que el texto no dice lo que sus cuestionadores le achacan, valen la pena unas líneas sobre un tópico digno de una polémica más amplia.

Contra lo que creen los profanos y lo que predican algunos especialistas con la camiseta puesta, los derechos constitucionales no encastran como un Lego. Pueden ser conflictivos entre sí y en tal caso corresponde a las autoridades, al poder judicial como instancia superior, definir cuál es el primordial.

Algunos intérpretes calificados creen que la libertad de expresión ranquea primero, máxime cuando se ejercita para limitar el poder del gobierno. Roberto Gargarella viene postulando este criterio, con radicalidad y calidad impares, que se pueden percibir con detalle en su reciente libro “Carta abierta sobre la intolerancia”. El análisis democrático-libertario de Gargarella enfatiza la necesidad de preservar los derechos de los desocupados, privados de derechos esenciales y de mecanismos de acceso a los poderes institucionales, cuando entran en conflicto con los de otros ciudadanos.

Aun sin compartir del todo ese ángulo, el constitucionalista Héctor Masnatta recuerda que, según añeja jurisprudencia de la Corte, en caso de conflicto entre dos valores, éstos deben ser jerarquizados cuando no se los puede coordinar. Por ejemplo, el derecho a la vida (un valor fundante) debe primar sobre la libertad de mercado, de la que la libertad de circulación es un ejemplo.

Los vecinos de Gualeguaychú son por lo general de clase media, propietarios que buscan conservar sus bienes y sus derechos. Esos ciudadanos suelen enojarse cuando se los comparar con los desocupados que, antes que ellos, acudieron a la metodología del piquete. Claro que no lo hicieron para conservar su actual patrimonio sino para procurar el reconocimiento de derechos básicos, que les fueron conculcados. Sin embargo, sus modos de reclamar son parentales, aunque algunos renieguen de sus pares más desfavorecidos.

La presentación del Gobierno reconoció la importancia de la protesta social y la posibilidad de que en ciertos casos concretos esa manifestación de la libertad de expresión prevalezca sobre otras libertades constitucionales. Fue en medio de un contencioso internacional y fue en defensa de personas de clase media pero significó algo así como “la presentación en sociedad” de los cortes de calles y de ruta.

La cooperación entre clases tiene una historia zigzagueante. En los lejanos años 2001 y 2002 tremolaba la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”. Luego, muchos caminos se bifurcaron. Ahora, la sinergia vuelve por circunstancias diferentes de la voluntad explícita de las partes. Circunstancias menos deseadas, más intrincadas, no por ello menos fascinantes.

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