“Algo hay que hacer” es una frase que ha pasado por la cabeza y salido por la boca de todos los familiares de las víctimas de la inseguridad. Algunos, como el ingeniero Carlos Blumberg, marcharon y exigieron más mano dura y menos garantías procesales para los acusados, o la baja de la edad de imputabilidad. Otros pidieron la pena de muerte, generando un debate en cuyo cimiento se confunde la venganza con la justicia. Esta idea, que se instaló en la última semana a partir de las declaraciones de Susana Giménez, se dispersará el miércoles próximo en la Plaza de Mayo, donde habrá una concentración organizada por familiares del preparador físico Hernán Landolina.

Pero hay gente que en medio del dolor y la angustia de perder a un ser amado logró superponerse a la furia. Es el caso de tres madres cuyos hijos fueron víctimas de crímenes horrendos y que se arremangaron para hacer algo. “Luchamos por la vida –dijo una de ellas–, porque una muerte no se repara con otra muerte.”

Transparencia

El 21 de septiembre de 2000 Mariano Witis y su amiga Julieta Shapiro fueron tomados como rehenes por dos jóvenes que acababan de robar una sucursal del banco Itaú en Beccar. Los asaltantes habían abordado el auto que conducía Shapiro y la obligaron a dirigirse a Villa Uruguay, otro barrio de la misma localidad donde planeaban dejarlos en libertad. En el medio del escape, el auto fue baleado por el cabo Rubén Emir Champonois, del Comando de Patrullas de San Fernando. Witis, de 23 años, y Darío Riquelme, de 16, uno de los asaltantes, murieron como consecuencia del ataque. En su defensa, Champonois dijo que hubo un “tiroteo”. Las pericias demostraron que Riquelme tenía un arma inservible.

Los familiares de ambos jóvenes, asaltado y asaltante, se unieron para exigir justicia. Es que en un principio el cabo fue condenado a 8 años y medio por el homicidio de Witis, pero absuelto por el de Riquelme. Siguieron apelando hasta conseguir una condena por ambas muertes y lo lograron, al menos, formalmente. Champonois fue condenado a 12 años y 9 meses de cárcel, pero no había cumplido ni la mitad de la condena cuando consiguió el beneficio de la prisión domiciliaria con salidas laborales. Lo peor del caso es que el tribunal que lo condenó le permitió trabajar en una agencia de seguridad privada.

Raquel Witis ya había denunciado la impunidad que rodeaba al proceso judicial, pero el nuevo trabajo del ex cabo le hizo saltar la ficha. No había conseguido los 25 años de prisión que pidió en un principio, pero se prometió hacer algo. Entonces, junto a su marido reclamaron ante el Ministerio de Justicia bonaerense para que no se le permitiera hacer ese trabajo. “Era un peligro para toda la comunidad, realmente la gente no sabe quién los cuida. Por eso siempre digo que la seguridad no puede ser privada: es una responsabilidad del Estado”, le comentó Raquel Witis a Página/12.

Hoy, esta mujer integra el Comité de Transparencia de Gestión, creado en el 2004 y que cuenta entre sus integrantes a Estela de Carlotto y Rosa Bru. El comité toma denuncias de abusos policiales y tiene acceso irrestricto a las cárceles. La reflexión de Witis sobre la pena de muerte es que no resuelve nada. “Lo único que me repara es ver que el asesino de mi hijo se hace cargo del crimen que cometió y paga con la cárcel. Además, todos se merecen una oportunidad. Antes de proponer la pena de muerte, tienen que pensar, como mínimo, en todas las causas armadas por la policía y la inmensa cantidad de falsas acusaciones”, sostuvo.

Una de sus últimas denuncias se dirige a un grupo de policías que obligan a robar a chicos pobres de La Matanza. A la violencia, aseguró, no se la puede combatir con violencia: “Si utilizamos dardos tranquilizantes para disparar a los animales, por qué usamos balas con los humanos, es incomprensible”.

Mariano Witis era músico y, cada vez que se cumple un aniversario, se lo recuerda con arte, así sea organizando recitales o exposiciones de pintura.

Vocación

Juan Manuel Canillas fue secuestrado el 12 de julio de 2002 por una banda conocida luego como “los secuestradores vip”. Había salido con su auto del local de instrumental y prótesis ortopédicas que su familia tiene en el barrio porteño de Once. Iba rumbo a su casa, en Núñez, cuando fue interceptado por tres hombres que se subieron al vehículo. Lo obligaron a llamar a sus padres para que juntaran toda la plata que pudieran.

Los secuestrados fueron hasta la casa de su familia. Su papá les dio 300 pesos. Se enojaron y le dieron un culatazo en la cara. Consiguió 700 más pero no fue suficiente. Huyeron con Canillas y el dinero recaudado, un monto ínfimo para una banda que venía de secuestrar al gerente de un banco. El cadáver del joven de 23 años apareció unas horas después a pocas cuadras de la casa de los Canillas. Lo habían ultimado con un balazo en la espalda. Hubo tres detenidos, uno de ellos condenado a reclusión perpetua.

Hoy, Marta Canillas jura haber encontrado su vocación trabajando en Missing Children. “Me reporta satisfacción, es algo que hago con absoluta alegría porque muchos de los chicos que buscamos aparecen”, comentó al respecto. Esta mujer no solamente está en contra de la pena de muerte, sino que hasta “desearía que las cárceles estuvieron en mejores condiciones, que los presos pudieran educarse y reinsertarse en la sociedad”. Como Witis, esta madre se considera reparada si los culpables cumplen su condena en vida. “Matarlos sería el camino más fácil –aseguró–, pero es algo comprensible cuando se pide desde la angustia y la bronca.”

Sin embargo, ella piensa que “hay que construir” seguridad. Por eso, ayer hablaba con Página/12 desde el Congreso, adonde fue a protestar para que se aplique el registro de ADN de los violadores que tienen sentencia firme. “Cuando te matan un hijo tenés dos opciones, o te deprimís y te encerrás, o salís a pelear y no bajás los brazos”, reconoció esta mujer, una de las fundadoras de Madres del Dolor.

Más justicia

Lucila Yaconis fue asesinada por un hombre que quería violarla a 50 metros de su casa, el 21 de abril de 2003. Fue en Núñez, cerca de las vías, otro de los tantos casos de violencia de género. Tenía 16 años. Un hombre oyó sus gritos y bajó la cabeza cuando el violador le dijo: “Jefe, es mi novia”. El hombre, que estaba trabajando en un taller de reparación de ascensores, recién llamó a la policía cuando la joven estaba muerta, cerca de las vías del ex Ferrocarril Mitre.

Su madre golpeó puertas, buscó testigos, se juntó con otras madres y padres “hasta que la cocina de casa quedó chica para las reuniones”. Todavía no apareció el culpable, pero la búsqueda de Isabel Yaconis ha servido e inspirado otras búsquedas. Sólo tiene el ADN del asesino y la mirada fija en que se compile un banco de datos genético de violadores, para poder cruzar informaciones. Ella es una de las Madres del Dolor y atiende a este diario desde el teléfono de esa asociación.

“El que mata tiene que ser castigado”, dijo Yaconis, parafraseando la frase de Susana Giménez, “hay que cortarle la libertad”. Su pedido y su meta es que la Justicia logre investigar con más agilidad, que los juicios sean más rápidos y se respeten las condenas. Desde que creó la asociación se han conseguido algunos objetivos y ella los enumeró con orgullo: “Logramos que las picadas dejen de ser una contravención para convertirse en un delito penal, que el abandono de persona después de que un conductor pisa a alguien sea una carga penal y ahora llevamos el registro de violadores al Congreso”.

Nunca, juró en un momento, ni en los momentos más duros de su duelo, se le ocurrió pensar en la pena de muerte. “Lo que quiero es la pena de vida”, explicó. “Que los delitos se paguen en la cárcel.”