SOCIEDAD › UNA LEY GARANTIZA EL DERECHO A LA IDENTIDAD

Travestis, con su nombre de género

La Legislatura porteña aprobó una ley mediante la cual se garantiza el derecho al uso del nombre correspondiente a la identidad de género, en todas las instancias de la administración pública de la ciudad de Buenos Aires. “Esta ley transforma en un derecho exigible para todas las travestis de todas la áreas administrativas lo que hasta ahora resultaba un privilegio inalcanzable”, explicó la autora de la iniciativa, Diana Maffía.

La legisladora recordó que este “proyecto tiene como antecedente una resolución que elaboré en mi condición de defensora adjunta del Gobierno de la Ciudad, y que dio lugar a sendos decretos del Poder Ejecutivo para las áreas de Educación y Salud, y en un decreto del vicepresidente primero, Diego Santilli”.

Esta iniciativa fue el fruto del trabajo de una asesora de la Legislatura en materia de derechos humanos, la activista Lohana Berkins, quien fue aplaudida al final de la sesión por diputados y diputadas de todos los bloques.

Al respecto, la militante celebró ante la prensa que “sin duda alguna, para las travestis, transexuales y transgéneros éste es un escalón más para lograr la plena ciudadanía y correr los márgenes para que la diversidad sexual sea real”. Y continuó: “Esto va a ser un gran avance en nuestra vida cotidiana, poder acceder a nuestro pleno desarrollo y a la efectiva participación en la vida política, económica y social de la comunidad, sin que se violente nuestra identidad”.

Según la ley, deberá respetarse la identidad de género adoptada por travestis y transexuales y, a su solo requerimiento, el nombre adoptado deberá ser utilizado para la citación, registro, legajo, llamado y cualquier otra gestión administrativa en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tanto en la Legislatura porteña como en las dependencias de la administración pública central local, entes descentralizados, entidades autárquicas, así como en empresas y sociedades del Estado y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde la ciudad tenga participación. La norma incluye a todos los empleados y empleadas de dichas dependencias del Estado porteño.

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