SOCIEDAD › NIEGAN LA DETENCION DOMICILIARIA A UNA MADRE PRESA PORQUE VIVE EN FUERTE APACHE

La culpa de todo la tiene...

El fallo de la Cámara porteña sostiene que en Fuerte Apache no podrían entrar las asistentes sociales ni los funcionarios que deberían verificar que la mujer cumpla las condiciones de detención. La mujer tiene dos hijos de 3 y 6 años.

La Cámara del Crimen porteña rechazó la prisión domiciliaria para una joven madre de dos niños, de tres y seis años, que vive en Fuerte Apache pero que está presa. Los jueces justificaron su decisión porque apunta a “asegurar la eventual realización del juicio” de quien fue declarada en rebeldía durante el proceso. En el escrito también se mencionan los propios límites judiciales: ni el oficial notificador se anima a entrar a Fuerte Apache. “De ello se puede inferir que resultaría de difícil acceso también para quienes cumplan el rol de trabajadoras sociales y deban efectuar el debido control”, dijeron los jueces.

La mujer en cuestión tiene otros procesos judiciales abiertos, entre ellos uno en el que fue beneficiada el 16 de abril de 2009 con la suspensión del juicio a prueba por el término de un año. Además, destacaron los camaristas Jorge Rimondi y Gustavo Bruzzone, “la imputada se ha identificado con nombres diferentes, como también que fue declarada contumaz en la presente causa, extremos que aún subsistirían en la causa y que de momento no resultarían neutralizados mediante su encarcelamiento bajo la modalidad de arresto domiciliario”.

Este fallo de la Cámara del Crimen confirmó una decisión de primera instancia dictada por la jueza en lo correccional Ana Díaz Cano, quien había rechazado el beneficio reclamado por la joven madre. La reclusa pidió a través de su abogado defensor un cambio de sede de detención para cuidar a sus hijos, argumentando que la contención brindada por la abuela materna, quien los cuida desde que ella está presa, “no es suficiente, pues los niños piden por su progenitora”.

Los camaristas aseguraron en su fallo no soslayar “la problemática que pueda acarrear la actual situación de los menores”. Sin embargo, aclararon que “no puede pasarse por alto que para permanecer en detención en un domicilio particular se debe valorar en forma conjunta tanto el interés superior del niño como el de evitar los riesgos procesales que pudieran existir”. Los magistrados advirtieron que la prisión domiciliaria “sería en el mismo inmueble en el que no pudo ser habida (encontrada por la autoridad) en el pasado”, una precaria vivienda en el barrio comúnmente conocido como Fuerte Apache.

“El oficial notificador informó que el lugar donde reside la nombrada se encuentra en una zona de alto riesgo al que no concurren”, comenta el fallo, en el que resaltaron que “no se cuenta con informe técnico alguno que permita sostener que los intereses de los niños que se pretenden preservar por esta vía resulten debidamente asegurados con su residencia en el domicilio indicado y junto a su madre y abuela”.

Consultado sobre los límites para entrar al Fuerte Apache que mencionaron los jueces, Roberto Cipriano, coordinador de Comité Contra la Tortura, de la Comisión Provincial por la Memoria, sostuvo que el fallo “es increíblemente prejuicioso, sectario y discriminatorio. Más allá de las otras razones que tengan para negarle el beneficio, no puede ser que el Estado termine reconociendo y avalando sus deficiencias. La mujer no puede ser culpable de que el oficial notificador no pueda entrar a Fuerte Apache”.

Cipriano señaló que existe “una disociación entre la realidad y la decisiones de los jueces”. Como ejemplo, puso el caso de las pulseras magnéticas usadas por quienes consiguen el beneficio de la prisión domiciliaria. “Después de que falleciera un bebé en la Unidad 33 (Los Hornos) –recordó el especialista– y del escándalo que provocó esto, se priorizó a las madres a la hora de dar este beneficio, pero sólo se puede utilizar la pulsera si la persona tiene teléfono. Los jueces se quedan tranquilos porque dictan la medida pero después, por la burocracia, la aplicación de estas medidas queda suspendida.”

El clasismo del sistema judicial –agregó Cipriano– es uno de los motivos por los que “hay ciertos lugares, como Fuerte Apache o algunas villas, donde los beneficios de la Justicia no llegan; sólo los que tienen un mejor pasar económico los reciben”. Por otra parte, este especialista dijo que el argumento de “la rebeldía” resulta difícil de contrarrestar, aunque suele esconder otros problemas. “Hay que ver si esta mujer no estaba en su casa porque la desalojaron o porque su marido le pegaba.”

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El fallo dice que en Fuerte Apache no se puede entrar, pero cuando entran arrasan con todo.
Imagen: Gustavo Mujica
 
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