La Justicia porteña ordenó al gobierno de la ciudad de Buenos Aires iniciar distintas acciones para garantizar la accesibilidad de personas discapacitadas tanto en las escuelas públicas como privadas, en un plazo de 240 días. Básicamente, la gestión PRO deberá realizar un informe de situación sobre los problemas de acceso y, luego, solucionarlos. La sentencia fue originada por un amparo judicial presentado en 2006 por la Organización no Gubernamental (ONG) Acceso Ya, donde se revela que el 85 por ciento de los establecimientos educativos no es accesible para personas con problemas motores.

El caso comenzó por un relevamiento de situación sobre los problemas que tenían los niños discapacitados para poder estudiar en las escuelas de la ciudad. “En 2004, un colegio privado quería que los padres de Camila (una nena que se desplazaba en sillas de ruedas) pagaran los costos que implicaba hacer una rampa o un ascensor para que la chiquita pudiese estudiar en el segundo piso del colegio, a donde habían cambiado su aula”, explicaron a Página/12 desde Acceso Ya, la ONG que presentó el amparo en 2006. Pero, “antes de ir a la Justicia, teníamos que saber cuáles eran las condiciones reales de chicos en las escuelas”, señaló la misma fuente.

Sólo en la ciudad de Buenos Aires, la falta de accesos en los colegios para los chicos discapacitados deja fuera del sistema educativo a unos 21.000 pibes por año. “El 95 por ciento de las escuelas privadas y el 75 de las estatales presentan algún tipo de impedimento: sin adaptación en los baños y en los pisos superiores o porque el ingreso es sólo por escalera y no hay rampas, a los chicos se les está impidiendo poder estudiar”, destacó la ONG.

En 2006, Acceso Ya realizó un amparo judicial basándose en un informe que revela que el 85 por ciento de los establecimientos educativos no son accesibles para los chicos con discapacidades motrices. La jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario Elena Liberatori falló en su favor. Liberatori fundamentó su decisión en los derechos del niño y en el sistema de protección de las personas con discapacidad. Además, la magistrada destacó que “la escuela debe ser el lugar donde todo niño/a sin importar su condición física desarrolle sus capacidades, ejerciendo sus derechos y libertades a fin de crecer y madurar como persona, y no ser bajo ningún punto de vista un lugar donde sus dificultades se ven agravadas por culpa de la Administración que omite cumplir con sus obligaciones establecidas por la ley”. Aunque la sentencia no está firme y el gobierno puede apelar, la jueza instó a la ciudad para que en el plazo de no más de 240 días resuelva la situación de acceso en las escuelas públicas y privadas.