SOCIEDAD › DICTAMEN PARA UN PROYECTO LABORAL

Igualdad salarial

 Por Mariana Carbajal

Las mujeres que perciban menor salario que los varones en iguales empleos podrán demandar la equiparación salarial correspondiente y una indemnización en concepto de daños y perjuicios, si avanza en el Congreso un proyecto presentado por el diputado del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, con el apoyo de legisladoras y legisladores de un amplio arco político. La iniciativa ya obtuvo dictamen de mayoría de la Comisión de Legislación del Trabajo, de la Cámara de Diputados, que preside Recalde. Ahora deberá discutirse en la Comisión de Familia.

La propuesta busca combatir la discriminación salarial que afecta a las empleadas por el hecho de ser mujeres. “Este proyecto es un gran avance. Estamos viendo la letra chica de las relaciones laborales y del mundo social. Claro que tiene muchas aristas y después se podrá discutir el poder de policía para que se cumpla. Sabemos que todo no es cuestión de legislación. Pero es bueno discutir y promover estos temas. En la comisión estamos pensando en un régimen de relaciones laborales de un país moderno”, destacó en diálogo con Página/12 la diputada del socialismo Alicia Ciciliani, una de las firmantes del dictamen.

La iniciativa establece que toda trabajadora que cobre menos que un varón en igual posición podrá reclamar la equiparación salarial debida y además tendrá derecho a una suma igual al monto que no se le pagó, que tendrá que abonarle el empleador en concepto de daños y perjuicios. El proyecto aclara que se trata de una medida de discriminación positiva, como la ley de cupo. Y en ese sentido, establece que anualmente el Ministerio de Trabajo deberá elevar un informe de seguimiento a la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados “sobre el estado de tratamiento salarial con relación a las mujeres, a fin de que una vez alcanzado el estado de igualdad de trato se promueva la derogación de esta norma”. Es decir, se trata de una cláusula transitoria.

El abogado laboralista y presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo señaló que los sectores del comercio y de la actividad rural suelen ser aquellos donde se encuentran las mayores diferencias salariales entre hombres y mujeres que se desempeñan en tareas semejantes.

El proyecto fue tratado en la última reunión de la comisión, el miércoles por la mañana. Y se aprobó con amplio consenso. No se le incorporaron modificaciones. Fue firmado por Recalde, Stella María Leverberg, Carmen Nebreda, Carlos Gdansky, Mayra Mendoza, Silvia Simoncini, Omar Plaini, Juan Pais y Walter Santillán, del Frente para la Victoria; Pablo Orsolini, Eduardo Santin, Daniel Kronenberg y Miguel Giubergia, de la UCR; Alicia Ciciliani, del Partido Socialista; Roberto Mouilleron, de Unión Peronista; Lino Aguilar, del Frente Peronista; y Julio Ledesma del Pensamiento Federal.

En la comisión se están discutiendo otros dos proyectos interesantes. Uno para la prevención y sanción de la violencia laboral y el acoso sexual, tanto en el ámbito público como privado, cuya sanción viene frenada hace años en el Congreso, aunque fueron presentadas distintas iniciativas que abordan esa problemática. Puntualmente, esta iniciativa había obtenido media sanción de Diputados en 2011, pero no llegó a tratarse en la Cámara de Senadores y terminó caducando. Lo volvió a presentar Recalde y en la próxima reunión podría obtener dictamen favorable.

Está también en debate un proyecto que apunta a eliminar la discriminación en los avisos clasificados para selección de personal: prohíbe la inclusión de requisitos como la “buena presencia”, que excedan la idoneidad para el puesto “una distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en determinados pretextos, como la etnia, el género, la orientación sexual y/o identidad de género, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición económica, el nacimiento, el aspecto físico, la discapacidad, la edad, status familiar y/o marital, o cualquier otra condición social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad real de oportunidades o de trato en el acceso al empleo y a las diversas ocupaciones”.

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