SOCIEDAD › UNA NIñA EMPLEADA MUERTA A GOLPES EN PARAGUAY

La cara más brutal de la explotación

El asesinato de una chica de 14 años que realizaba tareas domésticas en una vivienda en Paraguay, hecho por el que está detenido el dueño de la casa, reactivó el pedido de organizaciones de derechos humanos para terminar con el “criadazgo”, una práctica arraigada en el país que encubre la explotación laboral. “Este triste suceso se suma a otros ocurridos anteriormente donde, pese a los esfuerzos de los organismos estatales y de la sociedad civil, persiste la práctica” del criadazgo por la que chicos y adolescentes “son explotados laboralmente en casas particulares, en condiciones que les impiden desarrollarse plenamente y disfrutar de su infancia”, expresaron desde la sede paraguaya de Unicef, el organismo de Naciones Unidas para la infancia.

El crimen ocurrió el último fin de semana en la localidad de Vaquería, en el departamento de Caaguazú, ubicado en el centro del país. El dueño de la casa, un militar retirado de 49 años, reconoció haber golpeado a la adolescente y se encuentra en prisión preventiva pero por homicidio culposo, es decir, negligente o involuntario. En pocas palabras, la justicia cree que la mató a golpes pero sin querer matarla.

El fiscal de la causa, Gustavo Chamorro, solicitó más pruebas para determinar si se trató de un homicidio doloso, lo que implica la intención de matar.

La Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia definió el criadazgo como una forma de “esclavitud” y señaló que la trata de personas con fines de explotación laboral y sexual afecta a gran parte de la población rural, indígena y suburbana del país.

Un total de 46 mil 993 niños y adolescentes paraguayos son explotados laboralmente en casas de terceros, lo que representa un 2,5 por ciento de la población infantil del país, según una encuesta citada por Unicef.

El organismo de la ONU resaltó los efectos negativos de esta práctica, que “somete” a niños y adolescentes “a largas jornadas de trabajo, las cuales obligan a que dejen sus estudios, lo que hace que no puedan conseguir mejores ocupaciones en el futuro, impidiendo que superen su situación de pobreza”.

Además, resaltó que “muchos de ellos caen en redes criminales” que buscan chicos “en las comunidades más alejadas con promesas de trabajos bien remunerados, pero terminan siendo explotados laboral y sexualmente, lejos de sus familias y del control de las autoridades”.

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