SOCIEDAD › ENTRE 2009 Y 2015, AL MENOS 116 ASESINATOS DE MUJERES FUERON COMETIDOS POR UNIFORMADOS, ACTIVOS O RETIRADOS

Femicidios con arma reglamentaria

El fenómeno revela otra cara de la violencia machista: los agresores que son miembros de fuerzas armadas o de seguridad y matan a su pareja con el arma que les provee el Estado. Ya hay 222 efectivos que no pueden llevarse el arma a su casa porque están denunciados como violentos.

 Por Mariana Carbajal

En diez días, dos policías salteños quedaron detenidos acusados de matar a sus parejas con el arma reglamentaria. El 27 de abril, en Isidro Casanova, partido de La Matanza, Axel Riquelme, un efectivo de la bonaerense del Comando de Patrullas Norte, asesinó a su esposa embarazada y también policía, Natalia Liva, y luego intentó suicidarse. Riquelme le disparó con su arma reglamentaria. Dos días después, otro policía, en Santiago del Estero, quedó preso luego de amenazar de muerte, con el arma reglamentaria, a su pareja y madre de sus tres hijos, y golpearla brutalmente, en su casa del barrio de Villa del Carmen. Un mes antes, el 21 de marzo, el policía de La Rioja Luis Alba, de 27 años, fue detenido por un hecho similar en el barrio Cochangasta, en la capital provincial, tras agredir a su esposa, Jesica Dubany, de 26. En Rosario, un suboficial de la policía asesinó a su esposa y luego se suicidó: a pesar de que tenía licencia psiquiátrica, nunca le habían retirado el arma, con la que terminó ejecutando el femicidio. Los casos se repiten y ponen en primer plano otra cara de la problemática de la violencia contra las mujeres: cuando los agresores son miembros de fuerzas armadas o de seguridad y ejercen violencia machista y hasta asesinan a su pareja, con el arma que les provee el propio Estado. Entre 2009 y 2015, al menos 116 femicidios fueron cometidos por uniformados, activos o retirados, de acuerdo con los registros que lleva La Casa del Encuentro. En la amplia mayoría de los hechos, los asesinatos fueron ejecutados con armas de fuego. Actualmente hay 222 efectivos de fuerzas nacionales que deben dejar a sus superiores su arma reglamentaria al finalizar su horario de servicio por estar denunciados por violencia contra sus parejas o ex. Pero en la mayoría de las provincias no hay ninguna reglamentación que les restrinja el uso del arma cuando regresan a su hogar.

“En los casos de violencia de género al interior de sus familias, el arma reglamentaria juega un rol importante. Sirve como elemento de amenaza y luego como herramienta de ejecución. El arma está ahí, al alcance de la mano, en la mesa de luz”, destacó en diálogo con Página/12, la abogada Susana Chiarotti Boero, fundadora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo de Rosario (Insgenar).

El tema plantea otra arista del problema del uso del arma reglamentaria por parte de policías fuera de servicio, una práctica que deja como saldo la muerte de civiles en distintas situaciones en la vía pública, particularmente, y en el ámbito privado, esposas o ex parejas víctimas de violencia machista. “Las fuerzas de seguridad no están exentas de una cultura patriarcal en cuyo extremo se ejerce una violencia expresiva, con efectos disciplinadores. Sin embargo el propio carácter jerárquico de la fuerza, la permanente portación de armas de fuego, los altos niveles de impunidad político-jurídica del accionar policial, el privilegio de la fuerza física y determinadas destrezas por sobre otra forma de resolución de conflictos, los hechos de violencia laboral y sexual de los que fueron víctimas funcionarias policiales, los casos de femicidios en los que fueron policías los ejecutores, requieren de políticas específicas y comprometidas que tengan en cuenta los elementos institucionales que contribuyen a su prevención o a su incremento”, advierte y reclama el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en su informe anual 2016, próximo a publicarse, en el capítulo en el que aborda la violencia institucional desde una perspectiva de género. “Es necesario, por otra parte, que se registren y hagan públicos los casos de femicidios, lesiones y acoso por parte de agentes de seguridad”, señala el reporte del CELS.

La situación en Salta

A comienzos de abril, el policía salteño Víctor Leonardo Sánchez, mató a su pareja Leticia Sarapura de un disparo. Fue el segundo caso en esa provincial en menos de diez días. A comienzos de 2016 ya se había registrado otro femicidio a manos de un uniformado salteño. Y el 7 de abril, otro efectivo policial de Salta, Julio César Carrizo, fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por amenazar a su pareja con el arma reglamentaria.

La sucesión de hechos puso el tema en agenda en la provincia. Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que encabeza la especialista en estudios de género Alicia Ramos, emitieron el 5 de abril una recomendación al gobierno de Juan Manuel Urtubey, en la que piden que se implemente el retiro del arma reglamentaria “cuando el agente protagonice algún evento que configure violencia de género, con pase a funciones administrativas para no desproteger económicamente al grupo familiar, a excepción de los que se encuentren comprendidos en inhabilitación judicial”. Se trata de la primera recomendación del organismo, creado por la Ley provincial 6873, e integrado formalmente 25 de noviembre de 2015.

“Lo que agrava esta situación para la víctima es que el victimario tenga tan próxima el arma legitimada y que sea como parte de su cuerpo. Esto aumenta muchísimo las probabilidades de muerte. Se supone que un agente de policía tiene que cumplir con requisitos para poder ingresar a la fuerza y es una persona que puede controlarse y usar el arma en la persecución del delito y no con sus familiares”, agregó Ramos. Además, el Observatorio recomendó que los efectivos cumplan con capacitaciones sobre la temática, especialmente aquellos que reciben denuncias de las víctimas en las comisarías. “Tuvimos varias reuniones directamente con el ministro de Seguridad, luego de entregarle la recomendación. Y de allí surgieron acciones conjuntas como una capacitación a la cúpula policial y la incorporación de contenidos de género en la escuela de cadetes. Para la capacitación elaboramos contenidos mínimos y lo interesante es que se trabaja con el director de la Escuela de Formación que tiene la repartición. Está en implementación”, detalló Ramos a Página/12. Todavía no recibieron respuesta en relación a la cuestión del arma.

Según el último informe de La Casa del Encuentro, realizado en base a las noticias publicadas en medios de comunicación, Salta es la tercera jurisdicción del país con mayor cantidad de femicidios durante 2015: con 19 hechos, detrás de la provincia de Buenos Aires, con 111 y Santa Fe, con 23. Sin embargo, si se toma en cuenta la tasa de femicidios cada 100 mil habitantes, surge que los pagos de Urtubey encabezan el triste ranking, seguidos por Formosa y Santa Cruz. En 2015, se contabilizaron al menos 286 femicidios en todo el país, de los cuales 17 fueron cometidos por integrantes o ex miembros de fuerzas armadas o de seguridad. En 2014, fueron 18. Si se toma el número registrado entre 2009 y 2015, 116, representan un 5,5 por ciento del total, que en ese lapso fue de 2094 asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres en la Argentina.

Compartir: 

Twitter
 

En la mayoría de las provincias no hay reglamentación que restrinja a los uniformados el uso del arma cuando regresan a su hogar.
SUBNOTAS
 
SOCIEDAD
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2017 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.

Logo de Gigared