El juez federal Julián Ercolini dictó ayer la inhibición general de bienes del empresario Cristóbal López, su socio Fabián de Souza y de todas las empresas relacionadas con el Grupo Indalo, incluidas Oil Combustibles, La Salamandra e Ideas del Sur. Fue en la causa en la que se investigan irregularidades en el destino de tributos, en particular el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC), y una supuesta evasión con aportes previsionales. En la misma resolución, el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra fue aceptado como actor civil en nombre la AFIP, organismo que cuantificó el “perjuicio económico millonario” al Estado en 7.665.771.438,63 de pesos, “que se compone de la detracción (sustracción) de los pagos de capital efectuados y de la deuda consolidada en cada uno de los planes de facilidades de pago a los que adhirió Oil Combustibles SA”.