SOCIEDAD

Una renuncia cerca del gobernador por el crimen que conmueve a Salta

El diputado justicialista Ernesto Aparicio dejó su banca tras el avance de la investigación por la muerte de una productora rural, que lo había acusado de estar vinculado con el narcotráfico.

Ni el cinturón gástrico que lo hizo adelgazar decenas de kilos evitó que el ahora ex diputado justicialista de la provincia de Salta Ernesto José Aparicio cayera, políticamente, por su propio peso. Casi a la medianoche del martes, el ladero del ex gobernador Roberto Romero, y de su hijo, el actual, Juan Carlos, vio cómo la bancada del PJ entera, aun quienes lo habían tratado de sostener desde que fue involucrado en el caso del crimen de la productora rural Liliana Ledesma, le bajaba el pulgar y aceptaba su renuncia. Los periodistas locales, que desde el comienzo de esta trama mafiosa denuncian los crímenes en la zona, lo venían voceando en las radios desde el comienzo de la semana: “Romero lo va a dejar solo”. Lo cierto es que tras un debate a puertas cerradas, la votación para que renunciara fue unánime. Luego, en el recinto, las manos del resto de los bloques coincidieron: acusado de ser el autor intelectual del crimen más resonante y polémico del Norte argentino, sospechado de narcotráfico, Aparicio desde ayer ya no tiene fueros. “Este pedido (de renuncia) –escribió el acusado– se basa en mi convicción de que la Justicia debe tener la libertad de accionar contra todos los ciudadanos.”

La causa judicial en la que se investiga la muerte de Ledesma avanza –para sorpresa de muchos– hacia Aparicio, un justicialista que milita en la línea interna del vicegobernador Walter Wayar, a su vez uno de los tres precandidatos a suceder a Romero en la provincia. Las investigaciones no lo tienen, al menos por ahora, como imputado o acusado. Hace una semana, la Brigada de Investigaciones de Tartagal detuvo a Aníbal Ceferino Tárraga y a Lino Moreno, los hombres acusados de haber apuñalado a la productora y líder campesina, a quien, como inequívoca señal de silencio, también le hicieron un corte vertical en la boca. Tárraga es el concubino de Graciela Aparicio, detenida hace más de un mes como sospechosa en el crimen porque hay testigos que aseguran que fue ella quien acompañó a Ledesma hasta el lugar donde luego la mataron. Ledesma y otros integrantes de la Asociación de Pequeños Productores de Madrejones venían denunciando al entonces legislador, propietario de grandes extensiones de tierra en la zona del Chaco salteño, fronteriza con Bolivia, por el cierre de caminos vecinales “para proteger el tráfico libre de drogas”.

El juez que investiga el crimen, Nelson Aramayo, trabaja sobre la hipótesis de las tierras como móvil del crimen. Así como puso en la mira a la hermana de Aparicio, a su pareja y a su amigo Lito, lo hizo con dos personajes que suenan más fuerte aún por su posible vinculación con el gran narcotráfico que el propio Aparicio: Delfín y Raúl Castedo. Delfín, según aseguran los productores locales, es amigo personal y socio del ex diputado Aparicio. Lo que está probado por el momento es que eran vecinos. Sus fincas, en la zona de Ipaguazú, donde asesinaron a Ledesma, están apenas divididas por un alambrado.

“Aunque costó que el PJ se pusiera de acuerdo por la presión de la gente, de la prensa y de otros partidos, aceptaron la renuncia –le dijo ayer a Página/12 Cristos Zottos, diputado del Partido Renovador por Tartagal–. Tenía entendido que había presentado una solicitud de licencia sin goce de haberes hasta tanto se aclarara el panorama. Para mí esto es la interna peronista. No se cómo lo resolvieron, pero los mismos que lo defendían terminaron votando que se fuera.” Lo cierto es que desde Buenos Aires, el diputado nacional del PJ por Salta Juan Manuel Urtubey había advertido ya que “la intolerancia de un sector político interno de mi partido que intenta encubrir al diputado Aparicio llega al límite de lo ridículo”. Se refería al gobierno de Romero y los diputados que lideran el bloque PJ. El secretario de Seguridad de la provincia había asegurado apenas se conoció el crimen que se trataba de un “hecho policial común”.

Pero Liliana Ledesma había hecho suficiente ruido antes del crimen como para que su muerte no causara un escándalo político. Ella, que en otras épocas tuvo una buena relación con Aparicio, lo había acusado de haber mandado a matar a su ex pareja y de tenerla en la mira. “Si me pasa algo fue Aparicio”, dijo en la última entrevista que dio acusándolo de narco y asesino.

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El ahora ex diputado Aparicio tiene cercanía política con el gobernador Juan Carlos Romero.
 
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