La orden de detención librada esta mañana por el juez federal porteño Norberto Oyarbide contra dos ex jueces de instrucción de Posadas, destituidos por su actuación en el caso del espionaje telefónico, se cumplió parcialmente ya que uno de ellos aún no pudo ser detenido.

José Luis Rey, destituido a comienzos de semana por habilitar desde su juzgado las escuchas telefónicas ilegales, quedó en calidad de "prófugo" luego de que un allanamiento en su domicilio para detenerlo diera resultado negativo.

"No se comunicó con este juzgado y su situación legal es la de un profugado", dijeron fuentes judiciales con acceso a la causa.

La familia hizo trascender que Rey viajó a Buenos Aires con la intención de presentarse ante el juzgado de Oyarbide, algo que no había ocurrido hasta el final de esta tarde, cuando cesó toda actividad en los tribunales federales de Retiro.

Gallardo y Rey habían autorizado intervenciones a líneas telefónicas del dirigente de la comunidad judía Sergio Burstein y el empresario Carlos Avila, entre otros.

Por esos hechos, además del procesamiento de Palacios y James, fueron citados a indagatoria el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y su ministro de Justicia y Seguridad, Guillermo Montenegro, cuyo pedido de recusación contra Oyarbide fue rechazado ayer por la Sala I de la Cámara Federal. Oyarbide había pedido el desafuero de Gallardo y Rey para indagarlos por sus presuntas responsabilidades penales en las "escuchas ilegales".

El Jurado de Enjuiciamiento, que destituyó a Gallardo y a Rey por cinco votos contra dos, consideró que habían avalado las intervenciones telefónicas "sin saber a quién se escuchaba, sin cotejar la información de las escuchas, sin controlar el trabajo de investigación que hacia la Policía y James". El Jurado concluyó que las víctimas del espionaje "no tenían ninguna relación con los hechos que se investiga" en las causas donde las medidas fueron ordenadas, y que se afectó el "derecho a la intimidad de las personas".