La comisión, que tendrá la tarea de "garantizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional", comenzará a funcionar después de la promulgación de la presidenta Rousseff, quien durante el régimen militar fue presa política.

Si bien el plazo de investigación asignado es muy amplio, el miembro informante del proyecto de ley, el senador opositor Aloysio Nunes, consideró que "la comisión sólo se va a legitimar si mantiene su foco en los crímenes contra los derechos humanos cometidos durante el período de la dictadura de 1964".

Nunes, del opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), ex militante comunista e integrante de la resistencia armada a la dictadura, aseguró que en ese período de facto "la acción experimental de un grupo de energúmenos violentos acabó asumiendo una escalada (violenta) hasta transformarse en una política de Estado de exterminio de adversarios".

Por su parte, la ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosario Nunes, festejó la votación en el Senado, la calificó de "victoria histórica" que "inaugura una nueva etapa desde la redemocratización del país" y consideró que la Comisión de la Verdad representa un homenaje a los que lucharon por la democracia en Brasil.

"Esta comisión representa el compromiso del Estado brasileño de nunca más utilizar métodos de coerción y violencia como instrumento de política en nuestro país", comentó la ministra.

Sin embargo, más allá de las conclusiones a las que llegue la comisión, los represores cuentan con el aval de la Ley de Amnistía de 1979 del dictador Joao Baptista Figueiredo, ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal Federal, no pueden recibir penas.