Los anuncios y promesas de "desregulación total" por parte del gobierno nacional que asumirá el 10 de diciembre empieza a preocupar a los más diversos actores de la economía del país, entre ellos los de la medicina prepaga. En ese marco, fuentes del sector estimaron el aumento en los costos se dispararían inmediatamente en no menos de 40 puntos. Sin embargo, el titular de Casa Hospital San Juan de Dios y vicepresidente de la cámara que nuclea a las entidades de salud sin fines de lucro, la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (ACAMI), Héctor Santander, alerta sobre la imposibilidad de hacerlo si no se deroga antes una ley. "Cuando hablan de desregular parten de una omisión o desconocimiento", afirma a Buenos Aires/12.
“Tenemos que simplificar un montón de cosas y no va a ser fácil, ya que todos estos temas tienen que pasar por el Congreso”, reconoció Diana Mondino ante los industriales durante el Congreso realizado el jueves, donde también insistió con la idea de avanzar con una "brutal desregulación", para reafirmar los temores que ven en esa propuesta un movimiento demasiado arriesgado.
Santander es médico, graduado de la UBA, con posgrados y epecializaciones en salud pública y gestión de servicios de salud. San Juan de Dios es una orden confesional católica, con presencia en 50 países y casi 400 obras entre clínicas, hospitales, albergues sociales e institutos de formación profesional. Posee tres clínicas en el conurbano, en las localidades de Ramos Mejía, Hurlingham y Luján, que suman alrededor de 500 camas y generan 900 empleos directos y otro tanto entre indirecto y tercerizado.
Se trata de uno de los escasos grupos sanatoriales de “prestadores puros”. Es decir, que resiste la presión de los financiadores para su integración vertical, en el marco de una concentración creciente de la actividad, favorecida por el contexto altamente inflacionario. Sus clínicas prestan servicios básicamente a afiliados de empresas de medicina prepaga y algunas obras sociales de personal jerárquico. “PAMI y IOMA es otro mundo”, aclara. Aunque “este mundo”, el de las prepagas, no está exento de conflictos.
--¿Se puede desregular las cuotas, como advierten desde el equipo de Javier Milei?
--Primero, esa afirmación parte de una omisión o desconocimiento. Las cuotas están reguladas desde que en 2011 se sancionó la ley número 26.682, conocida como "Ley de Empresas de Medicina Prepaga". Allí se establecía que las empresas del sector, una por una, debían presentar su estructura de costos ante la Secretaría de Comercio Interior, que es la que fija los niveles de aumento de manera particular, porque no es lo mismo una que otra, sus características, servicios, escala, etc. Eso no llegó a ocurrir porque se interpuso la Superintendencia de Servicios de Salud y empezó a otorgar aumentos uniformes para todos, pero la ley está vigente. El manejo de las cuotas siempre fue una variable política, porque afecta el ingreso de las familias. Recordemos que nosotros somos gestores privados de un derecho público. De manera que si quieren desregular, tienen que derogarla, suponiendo que consiguen las mayorías legislativas necesarias. De lo contrario se exponen a una serie de demandas judiciales.
--¿Cuáles serían las consecuencias?
--Primero, pasan dos cosas: caída de planes y caída de carteras, como cada vez que hay un aumento drástico en el precio de un bien o servicio, por encima de la inflación. Caída de planes significa que el que tiene un plan superior pasa a uno intermedio y el del intermedio al más económico. Caída de cartera significa que muchos dejan de pagar el aporte complementario de bolsillo y se quedan con su obra social de origen, porque recordemos que de los 6 millones de beneficiarios que integran el sistema, el 70 por ciento son desregulados, es decir, derivan su aporte a través de un convenio y pagan la diferencia. Cuando esa diferencia se vuelve muy onerosa o los salarios pierden poder de compra, la gente se resigna.
--Pero hablamos de salud, que tiene una demanda poco elástica.
--Claro. El que vuelve a su obra social sindical, por lo general, es el que no la usa o la usa poco. Cuanto más intensivo el uso, cuantos más tratamientos, mayor tendencia a permanecer, porque los pacientes no quieren perder la calidad de atención ni cambiar de médico. Y esos son los pacientes menos rentables para las empresas.
--¿Cierran los números?
--Hay una cuestión más. Hoy, desde hace un año, rige una resolución de la Superintendencia, la misma que estableció el “índice de salud”, que es una fórmula polinómica para determinar los aumentos del sector, que obliga a los financiadores a trasladar por lo menos el 90 por ciento de las actualizaciones a los prestadores. Si se libera el monto de la cuota porque se cae esa resolución, se cae con ella esa obligación, y entramos otra vez en una disputa.
--¿Y cómo sería esa negociación?
--Es una relación de naturaleza desigual. Por eso, si el Estado no interviene…
--¿Cómo es hoy la relación entre ambos eslabones, financiadores y prestadores?
--Tensa. Con este nivel de inflación todos corremos desde atrás y los prestadores especialmente. Las obras sociales se financian con aportes y contribuciones, salariales y patronales, que mal o bien se actualizan de manera automática. Nosotros, en cambio, estamos en un escenario de negociación permanente.
--Milei les dijo que compitan por precio.
--Para que haya competencia, tiene que haber intervención del Estado que la garantice. Personalmente, creo que en este sector no estamos acostumbrados a eso, sino a que nos fijen valores. En 2016, cuando recién asumió, Mauricio Macri hizo lo mismo que dice Milei que va a hacer. ¿Y qué pasó? Se cartelizaron. Son cinco, ¿cuánto tardan en ponerse de acuerdo y repartirse el mercado?
--Otro tema que se desprende de la desregulación total que se propone es la liberación del dólar. ¿Qué pasará con los insumos importados si devalúan?
--Para darte una idea, la devaluación de agosto, que fue pequeña respecto de lo que se dice que vendrá, para nosotros fue dramática. Ya en estas condiciones la calidad del servicio médico que brindamos está amenazada. No podemos actualizar los honorarios de los profesionales, no podemos stockearnos de insumos. El índice de salud, que hasta hace unos meses venía en torno a los 5 o 6 puntos, en noviembre va a dar 10. En este contexto, ya estamos perdiendo capital de trabajo. Y eso que somos una entidad sin fines de lucro.
--¿Qué opinión le merece el proyecto del voucher?
--Honestamente, no, lo veo. Una modificación tan profunda requiere mucha fuerza política y mucha pericia. Además, la salud pública está bastante bien en nuestro país. Si no, no tendríamos la afluencia de extranjeros que tenemos.
