ECONOMíA › REGLAMENTAN LA ASIGNACION POR HIJO. EL PERSONAL DOMESTICO REGISTRADO PODRA SER BENEFICIARIO

Una asignación un poco más universal

La exclusión del personal doméstico con retribución registrada había sido uno de los puntos más cuestionados, que las autoridades ya habían admitido como un error. Ayer se subsanó mediante la reglamentación. Pero subsisten otras dudas.

La Anses reglamentó la asignación universal por hijo. La resolución publicada ayer en el Boletín Oficial resuelve algunos “errores” del decreto, pero no fija criterios sobre otros puntos cuestionados. Así, la exclusión originaria del personal doméstico formalizado fue subsanada. En cambio, no se especificaron criterios para detectar beneficiarios con ingresos por encima del salario mínimo vital y móvil, ni las penalidades en caso de ser detectados. La reglamentación sí contempla sanciones para aquellos beneficiarios que falseen los requisitos básicos: ser argentino –o residente legal con tres años de antigüedad–, el DNI, el vínculo acreditado con los niños, vacunación y escolaridad.

La incorporación de los trabajadores del servicio doméstico al régimen se corrigió sin dificultades. La exclusión de ese sector, que es monotributista, funcionaba como un incentivo para mantenerse en la informalidad. Esa inconsistencia había sido reconocida por el director ejecutivo de Anses, Diego Bossio, y ayer fue corregida. “Se subsanó porque corresponde que los empleados del servicio doméstico registrados puedan acceder a la asignación”, explicaron desde el organismo donde reconocieron que “el sistema todavía es perfectible”.

El decreto y su reglamentación excluyen del beneficio de 180 pesos por hijo a “los trabajadores que se desempeñan en la economía informal percibiendo una remuneración superior al salario mínimo vital y móvil”.

Esa premisa se había incluido como señal para evitar la inscripción de personas con remuneraciones medias o altas y seguirá cumpliendo esa función.

El sector no registrado representa al 36 por ciento de los trabajadores, aunque no todos cobran por debajo de la mínima. La limitación, inexistente para los asalariados registrados que son beneficiados por el sistema más allá de sus ingresos, fue incorporada para evitar que trabajadores con ingresos más altos se abusen del sistema. Sin embargo, la reglamentación presentada ayer no especifica o precisa cómo se detectarán los casos donde se superen los 1500 pesos del mínimo, relajando así las condicionalidades.

De todas formas, el organismo señala que llevará adelante rigurosos controles para detectar estos casos de abuso. En Anses explicaron que contrastarán con distintas bases de datos para analizar los datos. Estas situaciones serán observables a partir del contraste de los registros de propiedad inmueble y automotor, consumo con tarjeta de crédito, créditos, entre otras bases de datos disponibles. Así, Anses buscará detectar los casos donde se presuma que los beneficiarios perciban ingresos superiores al mínimo.

Esas precisiones no se encuentran explicitadas en la reglamentación, en parte para no forzar declaraciones falsas –subdeclarando ingresos– que luego inhiban a los trabajadores en negro ante un eventual despido a reclamar en un juicio una compensación por su remuneración “verdadera”.

La resolución sí prevé sanciones para quienes perciban la asignación sin cumplir con los requisitos necesarios. Las penalidades van desde el recupero judicial del dinero percibido incorrectamente por los meses cobrados hasta una denuncia penal. Según precisaron desde el organismo, “de las 2,7 millones de liquidaciones efectuadas en la primera etapa, Anses recibió 177 reclamos por error de liquidación de titular, lo que representa un margen de error de 0,06 por mil”. En caso de divorcio o separación de los padres, el beneficio será percibido por el padre que ejerza la tenencia.

Otros puntos cuestionados no fueron modificados en la reglamentación. Quienes tengan seis hijos cobrarán sólo por cinco. También permaneció inalterado el pago del 20 por ciento de la asignación recién contra la certificación escolar anual. Ese requisito no existe para los trabajadores del sector formal que perciben asignaciones familiares y, por otro lado, la prestación tampoco asegura la capacidad económica de los padres para enviar a los niños al colegio. En el Ejecutivo aseguran que se trata de una decisión acertada y remarcan que los mayores índices de deserción se concentran en los sectores más postergados.

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Flexibilizaron normas para que más chicos estén alcanzados, pero no los requisitos básicos.
Imagen: Pablo Piovano
 
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