ECONOMIA › EL PAPEL DE LOS DIRECTORES ESTATALES

Lo que se puede hacer

 Por Javier Lewkowicz y Tomás Lukin

El Estado podrá designar entre 18 y 24 nuevos directores en las distintas empresas en las que posee participación accionaria, según indicaron fuentes oficiales a Página/12. Ayer mismo comenzaron a circular nombres para esos cargos, provenientes de distintos sectores afines al gobierno nacional, desde La Cámpora hasta corrientes de militancia impulsadas por ministros y legisladores. Hasta el momento, la representación en los directorios le permitió al Estado, por ejemplo, impedir la venta de una parte de una compañía a capitales extranjeros y evitar que otra firma desvíe fondos hacia una controlada, lo que iba a perjudicar el activo de la Anses. Esta herramienta de regulación fue utilizada por el Estado con una participación minoritaria y representación negociada con las empresas. Ahora las posibilidades de control se amplían.

En empresas como Pampa Holding, Consultatio, Gas Natural BAN, Telecom, Siderar, Edenor, Solvay Indupa, Aluar y TGS, entre otras, el Estado ya tiene representación, aunque en muchos casos inferior a la que ahora le corresponde. En Siderar, por ejemplo, tiene sólo un director, al que se le sumarían dos (ver nota aparte). En el Banco Macro también se pasaría de uno a tres directores, aunque los representantes designados, junto con los que vayan al Galicia, Patagonia y Francés, deberán ser aprobados por el directorio del BCRA “en función de su idoneidad y experiencia”, confirmaron a este diario fuentes de la entidad. En ninguna compañía el Estado pasará a tener mayoría en el directorio. Aunque en Pampa Energía el sector público posee el 22,5 de las acciones, el principal controlante ostenta el 20 por ciento, pero son papeles de mayor categoría y peso para la toma de decisiones. En Clarín no hay representante y la situación no se modificará.

“Nunca hubo ningún problema con el representante del Estado en el directorio de Edenor, porque el control lo sigue teniendo Pampa Holding y lo seguirá teniendo aunque aumente la participación pública”, indicaron a este diario desde la compañía eléctrica. Pampa Holding tiene el 51 por ciento de Edenor en acciones tipo A (que otorgan mayor control), mientras que el 49 por ciento restante (de acciones B) cotiza en Bolsa. De ese total, cerca de la mitad le pertenece al Estado, el resto está atomizado.

Sin embargo, hay otras experiencias donde el Estado pudo ejercer mayor influencia. Hace un tiempo una de las principales empresas proveedoras de insumos difundidos, que por lo tanto es formadora de precios, pretendió vender parte de sus acciones a sus clientes en Brasil y dejar a los socios del país vecino en una posición dominante frente a los clientes locales. “Para la compañía era un buen negocio, pero se iba a perjudicar la provisión de insumos a la industria local. Por eso el Estado, desde una visión más global, frustró la operación con un voto negativo de parte de su representante”, explicó a Página/12 una alta fuente del Gobierno que dio la directriz para impedir la fusión.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) le permitirá al Estado tener más presencia en las áreas de fiscalización y auditoría de las compañías. En diálogo con este diario, un director representante del Estado en una importante firma relató su experiencia. “Pierdo todas las votaciones, pero mi voto negativo tiene peso, porque para una empresa que cotiza en Bolsa no es lo mismo aprobar el balance contable por unanimidad que hacerlo en disidencia. Por eso los privados fueron abriendo información, lo que le permite al Estado controlar que no haya desvíos de fondos hacia otras firmas controladas y que por eso se desvaloricen las acciones de la Anses.”

En diciembre del año pasado se reunieron en la Anses todos los directores por parte del Estado en las empresas para mejorar la coordinación de tareas e impulsar la vinculación entre las firmas. En tanto, este año hubo diversos encuentros entre las autoridades de la Anses, los directores y los accionistas privados. Los representantes del sector público en las firmas provienen de diversos espacios del kirchnerismo. Iván Heyn (Aluar), Norberto Berner (Telecom) y próximamente Axel Kicillof (Siderar) son cercanos a La Cámpora, mientras que Rubén Bassi (Gas Natural BAN) proviene del sindicalismo. También hay funcionarios de segundo rango de diversos ministerios impulsados por los titulares de las carteras. Algunos de esos sectores ya se están disputando las próximas designaciones.

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