EL PAíS › RADICALES, CC Y PRO REDOBLARON LA OFENSIVA ANTE LA JUSTICIA PARA RECHAZAR EL NUEVO DNU

Todos tras la búsqueda de una sentencia

Los legisladores de la oposición empezaron a recurrir otra vez a los jueces para frenar el uso de reservas destinadas a pagar deuda externa. La UCR se anticipó y entre hoy y mañana ampliarán recursos o presentarán nuevos amparos el PRO y la CC.

 Por Irina Hauser

Con nuevos amparos y planteos varios, y a pesar de los reproches de la Presidenta, la discusión por el uso de las reservas para el pago de la deuda se vuelve a judicializar. Los legisladores de la oposición que en enero consiguieron congelar el Fondo del Bicentenario apuestan a lograr lo mismo con el Fondo del Desendeudamiento, ya que, según los primeros argumentos esgrimidos, consideran que es lo mismo pero con otro nombre. Los radicales pidieron ayer ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo que se extienda a los nuevos decretos –uno simple y uno de necesidad y urgencia– los efectos de la medida cautelar que mantenía en suspenso la aplicación el DNU que acaba de caer y que era el que pretendía usar las reservas del Banco Central. Una presentación similar harán entre hoy y mañana el PRO y la Coalición Cívica, que también insistirían ante la Corte Suprema. A la vez tramita un nuevo amparo promovido por dos abogados particulares.

En estos días, quien está a cargo de las causas en danza ya no es la jueza María José Sarmiento, que cobró notoriedad después de hacer lugar a las medidas cautelares promovidas por la oposición durante la feria judicial, lo que impidió al Gobierno el uso de las reservas, una decisión que confirmó la Cámara, también en pleno verano. El expediente de la UCR está en el juzgado de Claudia Rodríguez Vidal, el del PRO y la CC lo instruye Liliana Heiland y la nueva cautelar requerida por los abogados Enrique Piragini y Carlos Tortera le tocó al juez Esteban Furnari. El fuero contencioso se especializa en revisar resoluciones y decretos del Poder Ejecutivo.

Los jefes de los bloques de la UCR en ambas Cámaras –el senador Gerardo Morales y diputado Oscar Aguad–, junto al diputado porteño Ricardo Gil Lavedra, le llevaron a Rodríguez Vidal un pedido para que traslade la misma medida cautelar que afectaba al derogado Fondo del Bicentenario a los nuevos decretos: el decreto simple que dispone el uso de 2372 millones de pesos para pagarles a los organismos internacionales de crédito y el DNU que destina 4187 millones de las reservas para pagarles a los bonistas los vencimientos de este año.

Uno de los argumentos es que con esos nuevos decretos el Poder Ejecutivo pretendió “eludir” la medida judicial que estaba vigente para “disponer inmediatamente de los recursos”. Otro acusación es que el “Gobierno pretende evitar el trámite y los alcances de la intervención del Congreso” que indicaba la propia cautelar. “Es tan así que, con el dictado del nuevo DNU, se habría dispuesto de las reservas del BCRA, con anterioridad al control legislativo previsto por la ley 26.122 vigente.” “Nada más sencillo que derogar el (DNU) anterior y dictar uno nuevo sustancialmente análogo”, dijo Gil Lavedra.

La CC y el PRO mostrarán en tribunales pretensiones similares. El eje, señaló la diputada Patricia Bullrich a Página/12, “es que lo que hay de parte del Gobierno es una simulación, una sucesión del mismo decreto a través de otros nuevos, lo que genera un fraude”. “Vamos a reclamar que continúe la cautelar hasta que se realicen los procedimientos en el Parlamento, que puede declarar la nulidad”, advirtió. “En la Corte –agregó el diputado Juan Carlos Vega– vamos a plantear la extraña decisión del Poder Ejecutivo de interponer un recurso extraordinario y a la semana dictar un decreto derogando el original cuya legitimidad defendía.”

En la cocina de estas presentaciones judiciales, los propios diputados admitían en voz baja sus dudas sobre el posible éxito: esta vez no está tan clara su legitimación como legisladores para impulsar la causa porque el Congreso está en funcionamiento. Sus derechos no estarían, en ese aspecto, afectados, razonan algunos. Incluso hay quienes creen que se deberían abrir expedientes nuevos en lugar de hacer ampliaciones de los previos.

Tanto Heiland como Rodríguez Vidal se incorporaron al fuero contencioso administrativo en los ’90 –la primera en 1991, la segunda en 1994– y se les conocen algunas decisiones adversas al kirchnerismo. Heiland, por caso, falló contra las retenciones móviles. Rodríguez Vidal intervino en temas sensibles: por ejemplo, le ordenó al Indec que explicara cómo hace sus relevamientos y a la Anses, que detallara en qué invierte los fondos de los aportes provisionales después de la estatización de las AFJP. Rodríguez Vidal fue investigada por el Consejo de la Magistratura por haber beneficiado supuestamente al empresario Sergio Taselli con la prórroga de la concesión del ramal General San Martín, que le habría permitido cobrar 4,3 millones de pesos en subsidios. El caso terminó archivado a instancias de radicales y jueces.

Furnari, a cargo del amparo planteado por el abogado Piragini –promotor de varias denuncias contra los Kirchner–, fue nombrado por el gobierno de turno entre cuestionamientos porque había saltado del cuarto al primer lugar, luego de haber fallado a favor de la intervención de Aerolíneas Argentinas como juez subrogante. Más allá del magistrado, en Tribunales todo el mundo pone en duda la legitimidad de Piragini y su colega Tortera para impugnar judicialmente los nuevos decretos.

Así las cosas, las miradas en estos días se correrán de la Corte Suprema, donde la causa por el Fondo del Bicentenario va camino a quedar abstracta. En el Palacio de Justicia, sin embargo, todos los rumores indican que Sus Señorías tienen una gran tentación de pronunciarse sobre algún DNU, aunque sea viejo y previo a la existencia de la Comisión Bicameral, como para fijar algunas limitaciones.

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La crítica de la Presidenta a la “judicialización” de la política fue respondida con más “judicialización”.
Imagen: Bernardino Avila
 
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