Con la convocatoria a representantes de ONG, organismos de derechos humanos, de entidades periodísticas y de constitucionalistas, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados iniciaron ayer el tratamiento de casi una veintena de proyectos para regular el acceso a la información pública. Aunque las distintas iniciativas apuntan a “garantizar” el acceso a la información del Estado y de sus organismos descentralizados, las diferencias de criterios auspician una dura discusión que podría terminar con distintos dictámenes al recinto de la Cámara baja.

Desfilaron ante el plenario de comisiones varios expositores: Andrea Pochak (CELS); Hernán Charosky, de Poder Ciudadano; Gabriel Michi, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea); Alvaro Herrero, de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), y María Di Paolla, de la Fundación Ambiente y Derechos Humanos (FARN).

En tanto, el radical Ricardo Gil Lavedra (Justicia) y la peronista disidente Graciela Camaño (Asuntos Constitucionales) armaron un cuadro comparativo de los 16 proyectos presentados hasta ahora –se sumarían varios más– para buscar coincidencias y con la intención de tratar de arribar a un despacho único. Pero las diferencias ya se expresaron entre los expositores y entre los propios legisladores.

“Somos uno de los pocos países de Latinoamérica que no tenemos una legislación específica”, aseguró Charosky sobre el acceso a la información pública, que desde 2003 se rige por un decreto del Ejecutivo. Y sostuvo que es “la oportunidad de discutir reglas de juego básicas, relaciones con los derechos humanos y con la transparencia de la función pública”. Por su parte, Di Paolla marcó que está vigente una “ley de información ambiental” que permite “el libre acceso con gratuidad”, lo que estimó como “fundamental” para la ley general que produzca el Congreso.

Pero la diputada radical Silvana Giúdici planteó que la futura ley de acceso a la información forma parte de una “agenda ampliada”, para discutir junto a la ley de medios, el control de la publicidad oficial y otros asuntos vinculados con la libertad de expresión. Una forma de dejar abierta la posibilidad de revisar la sancionada, pero paralizada por la Justicia, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Los representantes del Cels plantearon su discrepancia con la postura de Giúdici. Pochak apuntó que la experiencia indica que conviene “avanzar paso a paso” para obtener resultados, y mencionó que en distintas áreas del Estado existe “mucha reticencia a dar información”, una situación que no logró ser zanjada con el decreto dictado por el Ejecutivo siete años atrás.

Casi todos los bloques parlamentarios tienen su propio proyecto –desde el kirchnerismo, aliados como Martín Sabbatella y la mayoría de las bancadas opositoras–, donde las prioridades y objetivos no siempre son los mismos. Aunque los opositores aspiran a llevar el debate al recinto en las próximas semanas.