EL PAíS › DEFENDIó LAS INHUMANAS CONDICIONES LABORALES EN EL CAMPO Y ASEGURó QUE “NO HAN SIDO DEMOSTRADAS”

Para la Rural la casa está en orden

La entidad afirmó que las críticas del ministro de Trabajo por la precarización laboral del sector son “temerarias”. Dijo que el salario del peón “incluye prestaciones que no son habituales en los sueldos de otros gremios, como vivienda y comida”.

La Sociedad Rural se refirió ayer por primera vez a la inspección que detectó condiciones inhumanas de trabajo a fin del año pasado en un campo arrendado por la cerealera Nidera, pero en lugar de condenar el hecho se limitó a decir que “aún no ha sido demostrado” y reivindicó las condiciones laborales de los peones rurales, calificando de “temerarias” las críticas que había formulado el ministro de Trabajo, Carlos Tomada.

El funcionario aseguró que “en la actividad agropecuaria hay una explotación infrahumana en algunos casos”. “Las inspecciones en San Pedro y Ramallo sirven para que los que creen que esto no ocurre tomen conciencia”, afirmó en referencia a las condiciones de trabajo detectadas en campos de Nidera, caso que fue denunciado por Página/12 el pasado 2 de enero.

Pese a que el ministro aclaró que la explotación infrahumana se observa en “algunos casos”, la Rural afirmó en su comunicado que Tomada calificó de ese modo las condiciones laborales de todos los empleados rurales y sostuvo que “considera temerario que se generalice de esa manera sobre hechos que su mismo ministerio debería fiscalizar”. Además, agregó que “dicha generalización se realiza a partir de un hecho denunciado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) que aún no ha sido demostrado, en una investigación que está en manos de la Justicia”.

Como informó Página/12 el 2 de enero, la denuncia no fue realizada por la Uatre. Los delegados del sindicato recién llegaron al lugar una vez que el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 6 de San Nicolás, Rubén Darío Giagnorio, notificó al Ministerio de Trabajo de la provincia la situación. Tampoco es cierto que el hecho no haya sido “demostrado”. Los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires verificaron que en las 200 hectáreas arrendadas por Nidera en la Estancia El Algarrobo trabajaban 130 peones en jornadas de 10 horas, pero tenían prohibido salir del campo y dormían hacinados en trailers de chapa, sin luz, sin agua potable y con dos agujeros en el piso como baño. Además, la comida les era vendida por sus patrones a precios exorbitantes que se les descontaban de la paga mensual.

La entidad rural presidida por Hugo Luis Biolcati reivindicó además las condiciones laborales existentes en el campo. “La remuneración de los trabajadores rurales, cuyo mínimo se encuentra sustancialmente por encima del Salario Mínimo Vital y Móvil, incluye prestaciones que no son habituales en los sueldos de otros gremios, como viviendas, comida, salud, alfabetización, capacitación, fondo de sepelio y fondo de desempleo para los más de 800 mil trabajadores inscriptos de la actividad”, dice el texto.

Tomada había afirmado que “hay un salario mínimo rural que se cumple, pero, si lo comparamos con la rentabilidad es muy brutal la diferencia”. De hecho, el salario del trabajador rural es uno de los más bajos del país. La Rural intentó relativizar eso diciendo que los trabajadores reciben vivienda y comida, aunque esos gastos suelen ser descontados del salario. Además, dijo que les cubren salud, alfabetización y capacitación, entre otros beneficios. Sobre este punto la entidad no dio mayores detalles, pero hasta el momento nunca había informado sobre la existencia de planes de alfabetización y salud a cargo de los ruralistas. Por lo general, los peones que estudian lo hacen en colegios públicos y cuando tienen problemas de salud recurren a salitas u hospitales que también son públicos.

Un punto que la Rural omitió en su comunicado de ayer es el alto índice de empleo informal que existe en la actividad. Según estimaciones del Indec, la AFIP y el Renatre (un organismo donde participan empleadores y sindicatos) el nivel de informalidad llega al 70 por ciento en el agro. Otro indicador de la no registración surge de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). De los 70 mil empleados registrados para poder cobrar los subsidios, menos de 10 mil declararon tener trabajadores a cargo. El resto aseguró que no demanda empleo para sus tareas de siembra y cosecha, dato desmentido hasta por la Uatre, un sindicato de muy buena relación con la patronal.

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La entidad que preside Hugo Luis Biolcati criticó duro al ministro Tomada.
Imagen: Leandro Teysseire
 
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