EL PAíS › SECRETO DE SUMARIO EN EL CASO DE REDUCCIóN A LA SERVIDUMBRE EN RAMALLO

Comienza la asistencia territorial a las víctimas

El juez federal Carlos Villafuerte Ruzo, que entiende en la causa por presunta trata de unos 200 jornaleros santiagueños en campos de San Pedro y Ramallo, se reunió ayer con personal de los ministerios nacional y provincial de Desarrollo Social para coordinar futuras acciones en el marco de la investigación. La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, no avanzó en nuevas indagatorias ni tiene detenidos. En tanto, la tarea que encabeza el fiscal de la UFI 6 de San Nicolás Rubén Giagnorio en torno de la multinacional Nidera tiene un pedido para que sea traspasada a la Justicia federal. Todavía con competencia en el caso, Giagnorio se reunió con funcionarios del Inadi para cooperar en un trabajo que indague sobre las prácticas discriminatorias que ejecutaron las patronales, y así fortalecer su investigación. Desde Desarrollo Social ya pautaron con el gobierno de Santiago del Estero para conformar un “comité de crisis” en torno del tema.

Villafuerte Ruzo encaró ayer un encuentro con personal del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social y con los responsables de Asistencia a la Víctima de la provincia de Buenos Aires. Según informaron desde Desarrollo Social “se habló sobre cómo se actuó y cómo aceitar las tareas para futuros operativos”.

En otro punto, la fiscal federal Paula Moretti, quien intervino en los operativos del viernes en la estancia Santa Celestina, de Ramallo, terminó su turno en la fiscalía y fue reemplazada por María Marta Poggio. Por ahora, ni el juez ni la fiscal llamaron a declarar a los dueños de Status Ager, la empresa que explotaba los dos campos ubicados en el kilómetro 195 de la ruta 9. La semana próxima, la causa, en la que también está denunciada la empresa Southern Seeds Production SA –que tenía trabajadores en condiciones de insalubridad en San Pedro–, la tendrá en sus manos el fiscal Juan Murray, fiscal federal subrogante de San Nicolás. Desde la fiscalía federal se solicitó que se inhiba a la Justicia de la provincia de la investigación sobre Nidera. Por ahora, Villafuerte Ruzo, que es quien debe efectuar el pedido a la Justicia ordinaria, no reclamó el expediente. En ese sentido, fuentes judiciales indicaron que con los plazos que está tomando el juez, “se les da tiempo a las empresas para que desmonten los campamentos” en los que mantienen a los campesinos en condiciones de reducción a la servidumbre.

El fiscal Giagnorio, abocado a analizar el material obtenido en los allanamientos a las fincas que explotaban Nidera y SSP SA, planea en breve citar a indagatoria a los ingenieros que trabajaban para Nidera, así como también a los dueños de la otra cerealera. Sobre la posibilidad de que la causa que involucra a Nidera sea traspasada a la Justicia federal, el funcionario dijo: “Mientras la investigación siga en mis manos, va a continuar en marcha”.

Para profundizar su tarea, el fiscal se reunió con la vicepresidenta del Inadi, María Rachid, con la que dialogó sobre actividades conjuntas a realizar. “Se habló sobre la colaboración del Inadi para estudiar posibles actos de discriminación. En ese sentido, proyectamos hacer algún trabajo con abogados del organismo”, explicó el fiscal a Página/12. De esta manera, “podría tener más fuerza la investigación que está haciendo la fiscalía”, agregó.

Desde Desarrollo Social, en tanto, enviarán a Santiago del Estero, en la segunda quincena de enero, personal especializado en trata y trabajo infantil. “Se armó una interministerial con Desarrollo Social de la provincia y la Secretaría de Niñez. La idea es actuar como un equipo de crisis”, contó Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Desde la cartera que dirige Alicia Kirchner ya comenzaron a trabajar con funcionarios santiagueños en la asistencia territorial a las víctimas y en la prevención de este tipo de actividades ilícitas. Además, empezaron a coordinar un plan de trabajo con el municipio de San Pedro, ya que al igual que en otros distritos del país, la explotación laboral y la reducción a servidumbre “es un síntoma recurrente”, definió Graham.

Informe: Leonardo Rossi.

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Trabajadores del campo de Ramallo fueron trasladados a su provincia.
Imagen: Daniel Dabove
 
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