EL PAíS › LAS PRUEBAS DE LA REPRESION EN JUJUY HABRIAN ESTADO AL CUIDADO DE LA POLICIA PROVINCIAL

Bajo la custodia de los sospechosos

Los elementos que serán sometidos a pericias para saber si la policía disparó balas de plomo pasaron ahora a Gendarmería. La madre de uno de los jóvenes asesinados recusó al juez: “Es inadmisible que el mismo juez que ordenó desalojar ahora investigue los homicidios”.

 Por Irina Hauser

El portal oficial del Poder Judicial de Jujuy anuncia entre sus últimas novedades que anteayer el Juzgado de Jorge Samman entregó a la Gendarmería gran cantidad de elementos secuestrados que serán sometidos a pericias balísticas y químicas como parte de la causa en la que se investigan las consecuencias del desalojo del predio del Ingenio Ledesma, en Libertador General San Martín. El material incluye las armas utilizadas por el personal policial durante la represión que causó la muerte de cuatro personas, cuya revisión por parte de expertos es fundamental para determinar si los agentes dispararon balas de plomo. Lo que no dice la página web es que esas pruebas, al parecer, estuvieron toda la semana bajo custodia de la propia policía provincial, que se supone que está siendo investigada, según informaron a Página/12 funcionarios que siguen de cerca la causa. La mamá de Ariel Farfán, uno de los jóvenes asesinados, recusó al juez por posible parcialidad, al haber hecho lugar expeditivamente al pedido de la empresa para vaciar el predio, sin antes analizar la situación ni verificar “la existencia o no de una comunidad originaria”. Y por considerar “inadmisible que el mismo juez que ordenó desalojar ahora investigue los homicidios”, dijo la abogada Mariana Vargas.

El sitio www.justiciajujuy.gov.ar informa que los “diferentes elementos secuestrados” vinculados al desalojo en el ingenio azucarero fueron entregados al comandante mayor Eduardo Silva, de Gendarmería Nacional, el miércoles último en presencia del fiscal Emilio Cattan. Silva, explica la publicación, fue designado para realizar las pericias sobre “proyectiles de armas de fuego extraídos en las autopsias, ropa de las víctimas, armas utilizadas en el operativo por la policía provincial, armas de fuego, vainas y cartuchos servidos recolectados en el predio donde ocurrieron los enfrentamientos; guanteletes de parafina realizados a los detenidos, personal policial y víctimas y un escudo de protección utilizado por el policía que falleció”.

La intervención de la Gendarmería fue dispuesta por la jueza Carolina Pérez Rojas, quien subrogaba a Samman, que se había ido de vacaciones tras firmar la orden de desalojo. Ella alegó que nombró a una fuerza “independiente” porque el personal de la policía jujeña “estaría involucrado”. Samman volvió raudamente el viernes pasado a su despacho. Pero antes de que fueran entregadas a los gendarmes, las evidencias habrían estado bajo vigilancia de la policía de Jujuy, advirtieron fuentes cercanas a la pesquisa. En un comienzo, los hombres de la Gendarmería las recibieron embolsadas, pero exigieron hacer un inventario. Aun así, no pueden garantizar el origen ni el estado del material, que se supone debería servir para algo tan importante como saber si las armas de la policía dispararon municiones de plomo, según los rastros que tengan de pólvora.

Nélida González, la mamá de Ariel Farfán, el chico de 17 años asesinado en el desalojo, pidió ser querellante, representada por la abogada Vargas, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). También se presentó con un pedido para impulsar la causa el Centro de Acción Popular Olga Márquez de Arédez (Capoma), que respaldó la ocupación inicial en 15 hectáreas de Ledesma. La actitud del juez, que firmó el desalojo el 22 de julio, dos días después del pedido de los Blaquier, fue cuestionada desde un comienzo por las organizaciones y hasta el gobernador Walter Barrionuevo. González recusó anteayer a Samman. Alegó que su “desalojo, sin investigación previa de la existencia o no de una comunidad originaria en el predio, en las condiciones poblacionales de Jujuy, y la urgencia de la orden, demuestra ya por sí misma su parcialidad respecto de quien denunciara la usurpación de las tierras (la empresa Ledesma)”. Recordó que ante la jueza subrogante se acreditó la presencia de la Comunidad Aborigen Unión Guaraní Tata Oguembae, “lo que implicaba la prohibición de de-salojo en razón de normas de orden público, hasta noviembre de 2011”.

Ahora el mismo magistrado tiene que resolver si acepta apartarse. Ayer, militantes de la CCC hicieron un escrache frente a la casa del juez en la ciudad de San Pedro, donde dejaron pintadas: “asesino”, “andate”, decían. Luego marcharon a su Juzgado y reclamaron su renuncia.

Quienes han intentado acceder al expediente desde las organizaciones afectadas se han topado con un enorme hermetismo. Sólo trascendió que ayer se habría hecho una inspección ocular en el predio ocupado de Ledesma en Libertador, que hay tres personas baleadas aún internadas y que no hay detenidos. El expediente seguiría caratulado como “atentado y resistencia a la autoridad seguido de cuádruple homicidio calificado, lesiones, robo calificado e incendio contra persona a establecer”. “Es una forma de decir o anticipar que los manifestantes se mataron entre ellos y a un policía”, se quejó Andrés Reynoso, de la oficina jujeña de Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos.

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El violento desalojo de tierras tomadas provocó la muerte de cuatro personas la semana pasada.
 
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