EL PAIS › VOLVIO YPF > EL PROYECTO DECLARA DE INTERES PUBLICO EL AUTOABASTECIMIENTO Y TODA LA ACTIVIDAD DEL SECTOR

De la especulación al interés público

El nuevo marco de acción para la política energética coloca el interés público por encima de la ley del mercado. Un cambio de reglas que privilegia la creación de empleo y el desarrollo regional por sobre el lucro empresario.

 Por Sebastián Premici

@El proyecto que envió el Poder Ejecutivo al Congreso declara de interés público el “autoabastecimiento de hidrocarburos”. El objetivo de la iniciativa es “garantizar el desarrollo económico con equidad social, la creación de empleo y el incremento de la competitividad de las provincias y regiones”. La iniciativa, que comenzará a discutirse hoy en el Senado, plantea un nuevo marco de acción para la política energética del país. La recuperación de la gestión de YPF, a partir de la expropiación del 51 por ciento de las acciones en poder de Repsol (por considerarse de interés público) se inscribe dentro de este nuevo escenario de la política energética. “Hay tres elementos que aconsejan la injerencia del Estado en la política de precios y cantidades –sostiene el texto del proyecto–. Su impacto sobre la competitividad, el efecto sobre el poder adquisitivo de los salarios y la apropiación de los excedentes derivados de la explotación de los hidrocarburos.” A continuación, Página/12 presenta las claves del proyecto.

Interés público y autoabastecimiento

“El modelo que hemos elegido no es de estatización, que quede claro, es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental, porque seguimos conservando la forma de sociedad anónima, seguimos funcionando de acuerdo con la Ley de sociedad privada.” La presidenta Cristina Fernández de Kirchner utilizó estas palabras para dar cuenta del espíritu del proyecto de ley que fue enviado ayer al Congreso. Como primer aspecto central, la iniciativa declara de “interés público” el logro del “autoabastecimiento de la producción de hidrocarburos, como también las tareas de explotación, industrialización, transporte y comercialización”. ¿Por qué la declaración de interés público? La justificación para esta decisión política radica en los números del sector y, en particular, la actuación de Repsol YPF en los últimos años.

“Entre 1998 y 2011, la producción total de petróleo se redujo en 15,9 millones de metros cúbicos, de los cuales 8,6 millones fueron responsabilidad de Repsol YPF. Vale decir que esta compañía fue responsable del 54 por ciento de la caída de la producción de crudo, y del 97 por ciento de la caída de la producción de gas”, puede leerse en los fundamentos del texto enviado por el Ejecutivo.

Política de hidrocarburos

A partir de este nuevo marco normativo, el Estado se compromete a la promoción del empleo de los hidrocarburos como un factor de desarrollo e incremento de la competitividad de los diversos sectores económicos y de las provincias. También se plantea como meta la integración del capital público y privado, nacional e internacional, en alianzas estratégicas “dirigidas a la exploración y explotación de hidrocarburos convencionales y no convencionales”. Este objetivo inaugura la posibilidad de realizar “alianzas estratégicas” con empresas estatales de otros países, situación que permitiría aportar al autoabastecimiento local y regional.

“Hemos elegido como nuestro socio comercial más importante (a Brasil) y que también conversamos y queremos tener una relación de igual a igual para, en forma conjunta, ayudar a que esta América del Sur se convierta en una región de autoabastecimiento. Y ustedes me habrán escuchado hablar también de la necesidad de incorporar a Venezuela al Mercosur, para cerrar el anillo energético”, sostuvo Fernández de Kirchner durante la presentación en Casa de Gobierno.

Los otros objetivos de la política de hidrocarburos apuntarán a la obtención de saldos exportables para alcanzar nuevamente el superávit energético, la promoción del valor agregado y la protección de los “intereses de los consumidores relacionados con el precio, calidad, y disponibilidad” de los derivados de los hidrocarburos. “Una definida intervención del Estado en la formulación de la política de producción y precios de los combustibles resulta crucial en un mundo que ha estado crecientemente afectado por la participación de capitales financieros especulativos”, sostiene el proyecto de ley.

Consejo Federal

Este ámbito estará integrado por los ministerios de Economía, Planificación, Trabajo e Industria. A su vez habrá representantes de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las funciones del Consejo serán la de coordinar las acciones del Estado nacional y los Estados provinciales, con el fin de “garantizar el cumplimiento de la presente ley y la fijación de la política hidrocarburífera del país”, que será sometida a consideración por el Poder Ejecutivo. Este es un aspecto federal del proyecto, ya que integrarán el Consejo aquellas jurisdicciones que no son productoras de hidrocarburos.

“El primer título de la ley habla de la recuperación de la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina. Realmente somos el único país de Latinoamérica –y yo diría casi del mundo– que no maneja sus recursos naturales”, afirmó la Presidenta. El nuevo marco normativo apunta a una reorientación de las políticas energéticas en general. Sin embargo, como aclaró la mandataria, “hubo motivos más fuertes aún para tomar esta decisión”. Y esos motivos tienen que ver con el derrotero de YPF.

La recuperación de YPF

“Desde que Repsol ingresó en la petrolera local, la producción de crudo se redujo prácticamente a la mitad, al caer entre los años 1997 y 2011 un 44 por ciento. La política depredatoria llevada adelante por el principal accionista desde 1999 condujo a una sistemática pérdida de la relevancia de Repsol YPF en el mercado de hidrocarburos local”, indican los fundamentos de la iniciativa.

El proyecto de ley declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51 por ciento del patrimonio de YPF SA, representado por las acciones clase D pertenecientes a Repsol. De ese total, el 51 por ciento quedará en poder del Estado nacional y el restante 49 por ciento será de las provincias que integran la Ofephi. Es decir que el Estado nacional tendrá algo menos del 26 por ciento de toda la compañía y las provincias poco más del 25 por ciento. Pero la clave para el control unificado de la empresa está en el Pacto de Sindicación que deberán efectuar tanto la Nación como los integrantes de la Ofephi.

“Los que están sindicados tienen que votar siempre en la misma forma. Por eso quise asegurar que los intereses de la Nación y las provincias no se disociarán y, por lo tanto, de aprobarse la ley, van a tener que actuar y votar en la misma forma”, explicó la mandataria.

El mecanismo de la expropiación no es un acto arbitrario, sino que está regulado por la Ley 21.499, la cual establece los mecanismos para fijar el precio de los bienes sujetos a expropiación.

Continuidad jurídica

A diferencia de lo que se pretendió instalar desde diferentes sectores del poder económico, la expropiación de las acciones de Repsol quedarán bajo la órbita del Estado nacional y provincial, pero en el marco de la Ley de sociedades comerciales. Es decir que no le será aplicable la legislación que administra o controla a las empresas del Estado. Es más, se especifica que la gestión de YPF deberá seguir criterios de profesionalidad. Esto que parece una verdad de perogrullo, resulta relevante teniendo en cuenta las frecuentes críticas hacia las empresas públicas por parte de los sectores conservadores.

“Hemos dejado sentado principios muy claros en esa ley acerca de la profesionalización y vamos a convocar a muchos argentinos que se fueron del país, que tal vez ocupan cargos importantes en otras empresas. Vamos a convocar a los que se fueron y también a los que se quedaron y que apuestan a poder tener nuevamente una empresa que sea orgullo de los argentinos”, agregó la mandataria.

La iniciativa deberá ser aprobada por ambas cámaras por mayoría simple. Sin embargo, el texto incluyó una cláusula que indica que “queda prohibida la transferencia futura de las acciones sin autorización del Congreso, votada por las dos terceras partes de sus miembros”. “Si algún día, después de mí, quieren de vuelta vender patrimonio del Estado, van a tener que hamacarse un poco para conseguir las dos terceras partes”, concluyó Fernández de Kirchner.

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La Presidenta exhibe el tubo que guarda la muestra de petróleo del primer pozo perforado en la Argentina.
Imagen: Presidencia
 
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