EL PAíS › OSCAR PARRILLI HABLO CON PáGINA/12 DE LAS REFORMAS QUE SE REALIZARAN EN EL AREA DE INTELIGENCIA

“Esto eleva la calidad de la democracia”

El titular de la Secretaría de Inteligencia explicó que se pondrá fin a la “relación promiscua entre los servicios de Inteligencia y el Poder Judicial”. Destacó que la Presidenta le dio “toda la autoridad para avanzar” con la reforma de la central de espías.

 Por Ailín Bullentini

Oscar Parrilli integra el Gobierno desde el primer día de mandato de Néstor Kirchner. Fue secretario general de la Presidencia durante once años hasta que a mediados de diciembre pasado Cristina Fernández de Kirchner lo puso al frente de la Secretaría de Inteligencia. De entrada le tocó conducir la central de espías en unos de los períodos de mayor exposición política y mediática y ahora es quien deberá aplicar, en 120 días, las reformas que plantea la ley recientemente aprobada en el Congreso. En diálogo con Página/12, Parrilli habló de los cambios “radicales” que habrá en el sistema de Inteligencia, así como también de los años de gestión kirchnerista y del flanco opositor al que la Presidenta se enfrenta en los últimos meses de su mandato.

–¿Esperaba tamaña convulsión en el área de Inteligencia?

–Cuando asumimos, la Presidenta nos dio una directiva muy precisa que fue la de llevar adelante una profunda transformación de los servicios y el sistema de Inteligencia de la Argentina. Esta es una deuda que tiene toda la democracia. En más de 30 años no hemos resuelto razonablemente este tema. Todavía tenemos servicios de Inteligencia ligados, en algunos casos, a funcionarios y hasta a elementos que vienen de los servicios militares; y por otro lado, un sector de Inteligencia con una autonomía propia que extorsiona a dirigentes, a sindicalistas, a periodistas, a empresarios, con objetivos políticos propios o realiza para beneficio propio acciones delictivas. Para eso, utilizaban y utilizan todo el poder que significa tener el manejo de Inteligencia. Varios gobiernos intentaron, pero siempre se encontraron con el escollo, el temor, el miedo, de llevar adelante una profunda revisión de esto.

–¿Encontró mucho desorden en la SI?

–Hay mucho trabajo por hacer allí. Más que hablar, tenemos que hacer. Los hechos son los que van a ir demostrando nuestra línea de trabajo.

–Mencionó que hubo quienes por temor no llevaron adelante los cambios necesarios. ¿Temor a qué? ¿Cuán peligroso es para un gobierno adentrarse en esta tarea?

–Creo que algunos deben tener algunas cosas que ocultar, y que otros no avanzaron por temor, sí. Nosotros contamos con la garantía de que tenemos una Presidenta con una absoluta voluntad y decisión política, que no se deja extorsionar por absolutamente nadie. En ese sentido, nos dio toda la autoridad para avanzar en todo lo que tengamos que avanzar. El de reestructuración es un proceso que está en marcha, que no está terminado, pero ya avanzamos. Por lo menos, los elementos que nosotros considerábamos condecían con aquella política ya no están más en la Secretaría de Inteligencia. Por otro lado, tenemos una nueva ley que nos dará las pautas y los parámetros y los objetivos claros de cómo debe funcionar la Inteligencia en la Argentina de cara a los nuevos riesgos y amenazas que hay en el mundo, que tienen que ver con el terrorismo internacional, el narcotráfico, la trata de personas, el crimen organizado, amenazas económicas, ciberamenazas. No teníamos una dependencia que analizara y estudiara esos temas. Y por indicación de la Presidenta la vamos a tener. Un ejemplo es lo relativo a las escuchas judiciales, las famosas interceptaciones judiciales, procedimientos en manos de la SI que dieron lugar a un manejo discrecional, a veces delictivo. Ahora pasarán a la Procuraduría como órgano independiente. Esto dará garantía y transparencia a todos los argentinos de que se va a terminar con esta función de las pinchaduras de teléfonos y de mails. Con esta ley tenemos la facultad de llevar adelante una transformación radical. Tenemos 120 días para llevarla adelante, tenemos la decisión de hacerlo y la directiva de la Presidenta de concretarlo.

–¿Por qué se reforma la Inteligencia ahora y no antes?

–Las cosas se van dando cuando se dan. Yo decía hace unos días: “Por qué se declaró la independencia en 1816 y no en 1814 o en 1815?”. Y bueno.... También hoy la Argentina tiene muchos temas para resolver, y cuando nos aboquemos a resolverlos seguro nos dirán “¿por qué no lo hicieron antes?, ¿por qué no se dedicaron a esto otro?”. No hemos estado doce años sin hacer nada, hemos llevado adelante las transformaciones más importantes del país en los últimos 40 o 50 años, de manera que no se nos puede acusar de que llegamos tarde. Llegamos cuando llegamos y no porque no hicimos nada, sino porque los tiempos políticos y de maduración de los procesos se dan cuando se tienen que dar.

–”Por qué ahora y no antes” fue uno de los argumentos que enarboló la oposición para su posicionamiento contra las reformas...

–Y nosotros le respondemos que ellos fueron gobierno también. Durante 30 años fueron gobierno. Esta no es una deuda nuestra solamente; también es de todos los que gobernaron la Argentina antes. Entonces, nos compromete a todos los partidos políticos. La autocrítica es necesaria para avanzar. Teníamos una deuda de 30 años en esto, no doce.

–Durante su exposición en el Congreso a propósito del tratamiento de la reforma de la Ley 25.520, planteó la necesidad de poner “al servicio de la democracia” la Inteligencia del país. ¿Cuán difícil es esa meta, teniendo en cuenta las redes entabladas entre agentes y funcionarios de todos los poderes, de las fuerzas de seguridad en beneficio propio?

–Así como es grande el desafío, lo es la decisión de nosotros de llevarlo adelante. Cuando uno tiene una misión y debe llevar adelante tareas como éstas, no tiene que pensar en los problemas que se presentarán porque si no, no hace nada. Lo que tiene que hacer es agarrar la punta del ovillo y empezar a resolverlo, ir avanzando paso a paso y sin contemplaciones. Si no, uno termina atemorizándose. Creo que es lo que les pasó a muchos dirigentes y cuadros políticos que estuvieron al frente de la presidencia y organismos de Inteligencia durante todos estos años. Creo que hay un sector de la política argentina, sin distinciones partidarias, radicales, peronistas, del PRO, del socialismo, que está de acuerdo con nosotros en llevar adelante estas tareas y, sin dudas, hay otros que están negociando o conspirando con estos servicios, precisamente para sostener la mala política, para continuar con estas relaciones promiscuas. Cuando me reuní con la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos de Inteligencia, una muy buena reunión en la que participaron los representantes del radicalismo, del peronismo federal y del PRO, expresé que me iba a volver a reunir con ellos una vez sancionada la ley y que les iba a plantear planes y objetivos para trabajar juntos en el transparentamiento de la SI, en mostrar que no tenemos nada que ocultar. Siempre cuidando las reservas que corresponde por las cuestiones propias del secreto de Estado, los vamos a hacer partícipes de todas las acciones que llevemos adelante, porque esto no es sólo en beneficio de los funcionarios del gobierno nacional, sino de todos los políticos y la política en general. Esto eleva la calidad de la democracia en Argentina.

–Pero varios sectores de la oposición en el Congreso firmaron un compromiso para derogar las reformas en caso de ganar las elecciones...

–Hay sectores de la oposición que son como los vinos cosecha tardía: se dan cuenta de lo bueno después, con el paso del tiempo. Nos criticaron las políticas de las PASO, las de YPF, la Asignación Universal, la de las AFJP y ahora recién se están dando cuenta de la bondad de esas leyes. Con la reforma de Inteligencia va a pasar lo mismo. No la van a poder derogar porque no tendrán la mayoría para hacerlo. Pero, además, hay otra cosa: los avances que se dieron y se están dando demuestran que este proceso es irreversible, como decían los compañeros de La Cámpora en el acto que hicieron. Podrá tener más o menos avances, más o menos retrocesos, pero no vuelve para atrás. El pueblo argentino no lo va a permitir, no es problema de nosotros los dirigentes, sino de la conciencia del pueblo.

–¿Coincide con la definición de la Presidenta sobre que la marcha del 18 de febrero organizada por algunos fiscales y jueces fue el bautismo del partido judicial?

–Obviamente. Estuvo en marcha y todavía lo está una maniobra de desgaste y desestabilización de parte de este sector. Utilizaron a la economía, utilizaron los reclamos de un sector del campo, el delito, y ahora, como no les quedaba otra y, como parece que los políticos no les daban garantías de que pudieran ganarle una elección al gobierno nacional, utilizaron una herramienta que es el partido judicial para tratar de producir un golpe de Estado moderno donde las decisiones políticas más importantes no las tomaría un presidente de la Nación, sino los miembros del Poder Judicial. Muchos de los funcionarios que organizaron y participaron de aquello, fiscales, algunos jueces, primero fueron funcionarios menemistas. Son dirigentes políticos devenidos funcionarios judiciales. Muchos de ellos integraron la servilleta de (el ex ministro de Interior del gobierno de Carlos Menem, Carlos) Corach; son la resaca que queda de esa dirigencia. Hay que recordar quién es (el juez federal Claudio) Bonadio, quién es (el fiscal de Cámara Germán) Moldes, los cargos que tuvieron. Yo lo recuerdo muy bien, tuve discusión y relaciones políticas con ellos cuando formaban parte del gobierno de Menem. Ahora se muestran como funcionarios judiciales independientes, probos, honestos y son políticos que están utilizando los mecanismos de la Justicia para llevar adelante sus objetivos.

–¿A qué se oponen? ¿A qué se resisten?

–A toda intención de profundizar la ampliación de derechos. Y lo seguirán haciendo. Nada fue simple ni sencillo en esto de llevar adelante las transformaciones que este Gobierno tuvo que hacer. Acuérdese nomás de cuando llevamos a cabo las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Decían que teníamos que seguir endeudados, que no pagáramos. Cuando iniciamos los juicios por delitos de lesa humanidad, las cosas que nos decían y las marchas que había. Cuando recuperamos los fondos previsionales, cuando estatizamos el Correo, Aguas Argentinas, YPF, bueno... nada ha sido fácil ni nada lo será en la persecución de objetivos que tengan que ver con distribuir la renta, mejorar la calidad de vida, darle más participación al pueblo en las decisiones, más protagonismo popular y terminar con estos sectores enquistados que quieren manejar la Argentina. Acuérdese que durante muchísimos años en la Argentina no importaba el presidente, sino el ministro de Economía. Entonces, parecía que los argentinos votábamos tontamente, porque votábamos un presidente, pero después a ese ministro lo ponían los grupos económicos.

–¿Las reformas en el área de Inteligencia son también resistidas por miembros del Poder Judicial?

–Hemos logrado modificaciones en la Ley de Inteligencia muy importantes en este sentido. Ha habido siempre una relación promiscua entre los servicios de Inteligencia y el Poder Judicial. Funcionarios, jueces, fiscales, que en definitiva ha dado lugar a que se llevaran a cabo operaciones que las autoridades políticas de los servicios ni estaban enteradas. Esto lo hemos cortado por varias cuestiones: primero, porque hemos prohibido esa relación taxativamente en la ley; en segundo lugar, porque a partir de la reforma los funcionarios judiciales no tienen ninguna posibilidad de realizar ninguna gestión sin autorización expresa de las máximas autoridades; y tercero, porque por sugerencia de los organismos, como el Centro de Estudios Legales y Sociales y de algunos senadores, hemos prohibido terminantemente las tareas de investigación criminal por parte de la SI. En caso de que se concreten, que deben ser expedientes que específicamente lo necesiten y por petición fundada del juez, los funcionarios que participen de esa tarea estarán sometidos a las reglas procesales penales de toda la legislación. Así se va a terminar precisamente con esta manera oscura y tenebrosa de operar desde la Inteligencia que hacía dudar sobre si los servicios se utilizaban para hacer maniobras u operativos mediáticos y judiciales.

–¿Eso fue para usted la denuncia que presentó el fiscal Alberto Nisman?

–Claro. Era un disparate, un papelón total. Con todo el respeto que merece una persona que está fallecida, es un papelón total esa denuncia, no tiene ni pies ni cabeza, y creo que el juez (Daniel) Rafecas la ha desmenuzado punto por punto para dejar en evidencia las incongruencias, las mentiras. Los razonamientos a los que llegaba Nisman son como decir “camino diez pasos para adelante y el doble para atrás”. La verdad es que tenía unas incongruencias muy graves.

–¿Qué expectativas tiene sobre el avance de la denuncia que realizó contra ex agentes de la SI?

–Ya hemos ratificado la denuncia y la argumentamos con documentación ante el juez (Rafael Caputo, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico No 3). Tenemos nuevos elementos que vamos a aportar la semana que viene sobre el tema. Sabemos que la fiscal ya ha tomado intervención. Desde ya que estamos dispuestos a colaborar en lo que necesite la Justicia, aunque para nosotros, la documentación existente no deja duda de que está absolutamente probado que han sucedido estas maniobras criminales, de contrabando, llevadas a cabo no sólo por (el ex director de Operaciones de la SI, Antonio) Stiuso, sino por otros funcionarios de la secretaría con complicidades en la Aduana.

–¿Cuáles son los desafíos de acá a octubre?

–Eso lo va a decir la Presidenta hoy en su discurso. No voy a hacer futurología ni previsiones de gobierno. Eso le corresponde a la Presidenta y lo hará en su discurso. Desde ya, hay que seguir llevando adelante los cambios, mejorando la calidad de vida de la gente, los niveles de independencia de la Argentina, de autonomía, de crecimiento del valor agregado. Todavía hay muchas cosas pendientes: la manera, los tiempos y demás, lo va a ir determinando la Presidenta en función de su estrategia y de la realidad del país.

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