EL PAíS › OPINION

Paraísos para pocos

El Gobierno frente a las revelaciones de Panama Papers. Las empresas off shore, su razón de ser. Las excusas de Macri. Franco Macri, el defensor sin legitimidad. Laura Alonso, una de twittera a stopper. Rebusques ingeniosos para tapar la información, jueces federales que cooperan.

 Por Mario Wainfeld

La privatización de YPF fue más grave que las dádivas que pudieron haber recibido funcionarios o legisladores menemistas. La Reforma Laboral del presidente Fernando de la Rúa, más dañina que las coimas que “adornaron” a senadores peronistas. La corrupción, queremos decir, no es el núcleo de la historia o la política. Su centralidad en el debate público es, por lo general, un problema, acentuado por la creciente “judicialización de la política”.

Desde ya que las conductas atentatorias contra la la fe pública deben ser señaladas y llevadas a los tribunales. Nadie está exento o a cubierto. Ningún desempeño político (por virtuoso o popular que sea) “blinda” contra denuncias, investigaciones, juicios o condenas por delitos. Esas cuestiones graves afrentan a las gentes del común, lastiman la credibilidad en el sistema democrático, fomentan el descreimiento o la apatía política.

El deber del dirigente o el estadista es superior al de cualquier persona, su responsabilidad va en proporción directa. Sabiamente, las leyes fijan penas más severas para las autoridades públicas que para los particulares.

Las sospechas deben, entonces, pesquisarse. El deber de jueces y fiscales es ser diligentes y veloces dentro de lo factible. De cualquier forma, hay dos niveles de juzgamiento. El político que es expeditivo y depende de la opinión pública, sin supeditarse a los rígidos parámetros penales. Y el judicial, sometido a reglas, a la presunción de inocencia y al respeto de los derechos constitucionales de todos los sospechosos, procesados y aún condenados.

De nuevo: la judicialización de la política es una tendencia nociva. La agrava la exorbitancia de los jueces.

Los abusos cometidos contra el ex Secretario Ricardo Jaime o el empresario Lázaro Báez apestan a intencionalidad política. Apresamientos espectaculares, con chalecos antibalas y cobertura mediática pactada vulneran las reglas del debido proceso.

Por si es necesario: Jaime es un personaje oscuro, pesa sobre él una condena justa por su responsabilidad en la tragedia de Once y acusaciones con cargos verosímiles en otros expedientes. Bueno es que avancen los trámites lo que no sanea un arresto sin derecho y sin respetar derechos esenciales, que todos los tenemos.

Algo similar rige para Lázaro Báez. El recuento procaz de parvas de billetes en una cueva activa sospechas firmes, que pueden ampliarse a otros protagonistas, si hay elementos sólidos. Su arresto cinematográfico ocupó las tapas de los diarios hegemónicos horas después de estallar el escándalo Panamá Papers. Una tapadera, precisamente para desplazar a Macri como tema central.

El juez Sebastián Casanello, rápido para los mandados, justificó una detención sin condena por el temor a que Báez se fugase o entorpeciera la investigación. Privar de la libertad a un inocente es un recaudo extremo, admisible solo como excepción. Las razones aducidas por Casanello sirven para un barrido como para un fregado. Vaya un ejemplo contrario, tomado de la vida real y cercana. El presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tiene procesamiento firme por un delito económico. Pocas posiciones mejores que la suya para potenciales interferencias en la causa. Es oficialista, poderoso, maneja la autoridad monetaria. Sería insensato exigir que se lo arreste, enchaleque y arrastre a una comisaría. No lo hacemos, pues, porque tratamos de evitar el doble standard que grita la inocencia del presidente antes de averiguar y condena prematuramente a sus adversarios políticos o a quienes se sindica como “empresarios K”.

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El desastre de Panamá: El fulbito tiqui tiqui entre el Gobierno, Comodoro Py y los grandes medios daría para un seminario internacional de comunicación de masas. Hacerlo en Panamá sería una ironía simpática.

La narrativa abunda en ejemplos de cómo tapar un hecho con otro o entre otros. Jorge Luis Borges imaginó en “La muerte y la brújula” tres crímenes distractivos como preludio y coartada necesarios del cuarto, el único que importaba. Edgard Allan Poe fabuló que es un gran rebusque esconder dentro de un conjunto visible de cartas una que fue robada. Gilbert K. Chesterton narró la historia de un general que mató a uno de sus oficiales y que camufló el crimen llevando a todo el ejército a una derrota sangrienta, con muchas bajas. Es tópico en cuentos y novelas, se ahorran otros para no fatigar o no anticipar el final.

Los relatos mediáticos del siglo XXI superan esas fuentes excelsas, por su arsenal de recursos y tácticas. La saturación informativa es uno, claramente descripto por el periodista Ignacio Ramonet.

Se “sobreinforma”, se discute, se coloca a tres especialistas de posturas divergentes y se los somete al formato de Intratables. La grita abruma sin esclarecer, enfurece sin dar pie a la reflexión, empacha sin alimentar.

Si Macri quedó expuesto, es momento para llenar la pantalla con imágenes de Lázaro o Jaime. La superposición sugiere un empate falaz.

Las revelaciones del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) sobre los Panamá Papers son un escándalo internacional cuyas estribaciones no se conocen del todo.

Mauricio Macri es el vicepresidente de dos sociedades off shore: Kagemusha constituida en Panamá en 1981 y Fleg Trading Ltd, armada en las Bahamas en 1998. Las preside su padre, Franco.  Los grandes diarios se ingeniaron para escurrir de sus tapas a la segunda.

El oficialismo trató de tapar el cielo gris con un arnero. “No pasa nada, no nos toca” es un primer reflejo típico de gobiernos ante una situación límite: no se puede acusar al macrismo de original en ese punto. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, canchereó de entrada y quedó desairado, es un castigo automático por su rol.

Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, rebasó la medida por su compulsión al tweet precoz. No es abogada, papelón iniciático que podría suavizar estudiando o asesorándose. Alegó que participar de una empresa off shore no es “un delito por sí mismo”. Es verdad, a condición de no actuar como abog... militante de la defensa.

Casi ninguna conducta es delito por sí misma, aunque algunas den toda la impresión. Matar a dos personas puede constituir homicidio, sin embargo el juez federal Claudio Bonadio que lo hizo (con balazos en la espalda de uno de sus atacantes) fue declarado inocente por haber obrado en defensa propia.

Si usted ve a alguien baleando a otro humano, es sensato que advierta a las autoridades. Es factible que haya delito, aunque se reconocen excepciones. Salvando distancias, hay homología con las off shore. Lo habitual es que sean instrumentos para delitos de guante blanco. La evasión impositiva, para empezar, el lavado para seguir.

Macri es inocente en materia penal hasta que se acredite lo contrario, como cualquier persona. La necesidad de investigar su proceder es flagrante, tanto como la parcialidad de Alonso, carente de abuela y seriedad.

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¿Qué hiciste tú en el istmo, papá?: Ricos y famosos eligen cambiar de nacionalidad o de lugar de residencia para pagar menos impuestos. Tenistas, automovilistas, el actor francés Gérard Depardieu, entre muchos. La conducta arranca como poco ética y linda con lo delictual, la frontera es borrosa.

Las grandes empresas se valen de recursos más sofisticados y difíciles de detectar. Los “paraísos fiscales” y las empresas off shore ranquean en primer lugar. El economista francés Gabriel Zucman escribió un libro notable que las estudia, publicado en castellano el año pasado: La riqueza escondida de las naciones. Lleva como subtítulo “Cómo funcionan los paraísos fiscales y qué hacer con ellos”. Zucman enseña que las off shore existen para evadir impuestos y que “el dinero de los paraísos fiscales no duerme, alimenta los mercados financieros internacionales”.

Nadie crea empresas así para tenerlas inactivas, adornando la vitrina. Su buena plata cuestan los papeleos, el secretismo, los grandes estudios.

El anonimato de las acciones al portador es un subterfugio clave. Zucman propugna, como académicos de todo el mundo, imponer la nominatividad de las acciones para que la responsabilidad no sea velada por la falta de información.

Bajo el cobijo del anonimato mencionado el presidente aduce que no posee acciones de las dos off shore caribeñas y que jamás cobró nada. En general nadie integra una sociedad encriptada para alardear o por hobby. Se las constituye para hacer negocios y no para la pereza, que es madre de todos los vicios. Es forzoso investigar.

El fiscal Federico Delgado imputó al presidente por haber omitido toda mención en sus declaraciones juradas y buscará averiguar si existió otra irregularidad o delito. Delgado a veces exagera su afán inquisitorio pero es un funcionario honesto que no se embandera políticamente, descripción que no se hace extensiva a Casanello que lleva la causa.

El Grupo Macri es conocido, nadie lo emparentaría con un colegio de monjas. Pregonar que las excusas del padre del presidente sirven como excusas (¡o pruebas!) judiciales es una tomadura de pelo, que sería cómica en un cuento de Fontanarrosa.

El intendente PRO de Lanús, Néstor Grindetti, es otro devoto de las off shore. El economista Horacio Rovelli recuerda en un buen post publicado en “La [email protected] Eñe” que toda la trayectoria de Grindetti en la actividad privada transcurrió en el Grupo Macri, detalle también subrayado en este diario.

Son indicios rotundos que contradicen la euforia de Alonso y Marcos Peña.

Macri se “puso a disposición de la Justicia” a su manera: amañó una presentación ante un juzgado civil. Delgado respondió, con derecho y razón, que la competencia apropiada es la penal, la civil es una pantalla, un simulacro. Otra vez la táctica de esconder el árbol plantando un bosque en su derredor.

“Plantar un juicio” contra Cristina forma parte de la estrategia oficial.

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Flojos de papeles: La ex presidenta está citada el miércoles 13 para declarar ante Bonadío** en la causa por el “dólar futuro”. El periodista de La Nación” Adrián Ventura la describe como la más floja iniciada en su contra. Se queda corto, pero rumbea bien.

La audiencia depende de lo que defina la Cámara sobre una recusación deducida contra Bonadío por otro acusado, Pedro Biscay. Según viene informando Página/12, la decisión se conocería mañana o pasado. Si prospera el pedido, el expediente cambiará de juzgado. La parcialidad de Bonadío es notoria, se denota apenas habla: el veredicto de la Cámara es incierto porque no todo es coherente en el fuero Federal.

Los cargos son confusos y mal fundados. Los debilita el pecado original de querer judicializar medidas de gobierno. Para peor, el efecto de las ventas a futuro es consecuencia de una decisión de Macri, negada en campaña: la maxi devaluación. Sin ese hecho, las consecuencias serían otras. Dicho en criollo, el escenario sería distinto si el ex hubiera ganado el ex gobernador Daniel Scioli o si Macri hubiera honrado sus promesas. La decisión popular era un hecho futuro, que distaba de ser inexorable.

Los funcionarios toman decisiones que comprometen intereses de los gobernados. Es alocado que cualquier movida, así arroje resultados negativos, se traduzca en persecución penal. Pensemos preventivamente en el ministro de Salud César Lemus, cuya campaña contra el dengue es criticada acerbamente por actores calificados como Médicos del Mundo. Han muerto personas por la epidemia, otras sufrieron daños severos ¿Cabría procesarlo por homicidio o lesiones graves si un magistrado cree que obró equivocadamente?

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Hacerle la venia al Comodoro Py: Mayoría no es unanimidad: sobreviven jueces federales dignos y decorosos, una proeza en un contexto adverso.

El mega poder de los magistrados que atienden en Comodoro Py se remonta al menemismo que los designó en banda, como protección. El poder político es temporario, el de los federales se autonomizó y sobrevive.

Un sistema procesal perverso les concede la prerrogativa de actuar como jueces y fiscales, a su criterio. Funcionalmente es un problema: quien se hace cargo de acusar estará menos inclinado a archivar, sobreseer o absolver. Incluso si mediara buena fe

En cualquier circunstancia, la acumulación de tareas conlleva exceso de poder. El manejo discrecional de los tiempos ahonda el problema: cajonear los juicios provee una amenaza latente que se puede reactivar a piacere. Los procedimientos espectaculares en primera instancia infligen daños irreparables que no reparan las revocaciones de las Cámaras.

El kirchnerismo, como todos los gobiernos, atravesó su luna de miel con Comodoro Py. El divorcio motivó reformas judiciales, correctas o infaustas. En todas faltó prestar atención a los litigantes del común, las personas que van a pleito una vez en la vida por problemas cotidianos y acuciantes: accidentes viales o de trabajo, despidos, conflictos familiares. Con la mira en las “grandes causas” se relega a quienes son los demandantes principales de un poder judicial democrático.

La reforma del Código de procedimientos penal estuvo entre las mejores acciones. Impone la oralidad, audiencias públicas, disminuye el papeleo y la proliferación de instancias que demoran procesos de por sí kafkianos. El sistema acusatorio aporta otra virtud: los jueces hacen de jueces y los fiscales de fiscales, a quienes le cabe la carga de acusar.

El cúmulo de ventajas de la nueva ley explica la resistencia de los magistrados del Ancien régime: les quitarían facultades desmesuradas, poder.

El Gobierno demora la implementación, que no es sencilla. Es costosa, requiere inversión pública. Y provoca un casus belli con los Bonadío, Casanello y colegas semejantes.

La jubilación de Norberto Oyarbide sería una buena nueva si no aconteciera con un delay record. Debió ser removido en 2001 con un juicio político del que zafó con apoyo de la bancada de senadores peronistas. Escogieron el 11 de septiembre, ´día en que el mundo miraba a hacia Nueva York. La repercusión se mitiga también con un hecho más tremendo.

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Clamor de palcos y tribuna: Los palcos VIP y la tribuna de doctrina no se han saciado con las ventajas formidables concedidas a las cerealeras, la gran banca, los buitres y el multimedios. Ahora claman por “el fin de la impunidad”. Kirchnerista, por más señas.

Los catones de los medios llegan a expresar que “el pueblo votó para ver presa a Cristina”. Qué pocas demandas... Quizás ese reduccionismo vulgar explique por qué a los voceros M les importan tan poco las transferencias regresivas de ingresos, la baja del valor adquisitivo de los trabajadores y del consumo de carne, la suba de tarifas y de transporte público, los despidos, la recesión, los gritos de alarma de sindicatos y pymes.

En las últimas semanas al gobierno se le escapó de las manos la agenda pública. Medidas antipopulares, mal comunicadas para colmo. Y los Panamá Papers, cuya espuma no baja.

El Gobierno espera que vengan las inversiones para frenar la recesión y contener los despidos. Y pone sus fichas a la “agenda negra K”: la corrupción de los otros. Tiene de su lado a bravos jueces federales y comunicadores PROactivos. Les patean en contra indicadores sociales, económicos y laborales que empiezan a alarmar o meter miedo hasta a los macristas menos fanáticos.

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