Legisladores del ARI y la CTA, partidos de izquierda, ONG y organizaciones sociales decidieron oponerse a la iniciativa oficial sobre promoción de explotación de hidrocarburos. Cuestionan el otorgamiento de subsidios (a través de exenciones impositivas) a las empresas privadas para explorar nuevos yacimientos petroleros y gasíferos. “Con el objetivo de aumentar las alicaídas reservas se trata de una nueva entrega de nuestros recursos naturales”, advirtieron. El miércoles, cuando se votaría la ley, se movilizarán frente al Congreso. Y anunciaron denuncias por “el carácter monopólico de las adjudicaciones”.

Los sectores que se oponen a la propuesta oficialista analizaron públicamente sus objeciones y debatieron un proyecto alternativo. Estuvieron los diputados Claudio Lozano (CTA), los aristas Eduardo Macaluse y Marta Maffei, y Juan Carlos Godoy (Concertación Entrerriana); los ex legisladores Fernando “Pino” Solanas y Mario Cafiero; partidos de izquierda (MST, PC, PCR), agrupaciones piqueteras y ONG.

“Estamos frente a un Gobierno pícaro, que ningunea, que se hace el tonto, pero cuya base social no es monolítica y donde el 70 por ciento está por la renacionalización de nuestros recursos”, dijo Solanas, del Movimiento por la Recuperación de la Energía Nacional Orientadora (Moreno). Sugirió ejes de acción y propuso “escrachar” a los legisladores que apoyen la iniciativa K. Lozano insistió en acordar un proyecto opositor conjunto. “Es inaceptable que se destine recurso público hacia empresas que obtienen ganancias extraordinarias que multiplican por cuatro lo que obtienen las principales empresas del país”, sostuvo.

El borrador del proyecto común incluye “derogar los decretos que garantizan la libre disponibilidad de gas y petróleo para la exportación”, “fijar los precios internos de los combustibles de acuerdo a los costos de producción local” y “adjudicar a Enarsa la concesión de todas estas áreas”. Las diferencias sobre el papel de la empresa mixta –creada por el Gobierno– y sus características de sociedad anónima evitaron un acuerdo. El ARI no quiere dejar los contratos “en manos del ministro de Planificación”. El proyecto oficial afirma que las empresas que exploren deberán asociarse por partes iguales con Enarsa para acceder a los subsidios. El papel de Enarsa es también un ejede las objeciones que plantea la derecha parlamentaria.