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“Se perdió prueba que pudo ser fundamental para buscar a López”

El fiscal Sergio Franco pidió que se investigue al Servicio Penitenciario Federal por haber obstaculizado las investigaciones sobre la desaparición de Jorge Julio López. Denunció irregularidades en el penal de Marcos Paz, donde está detenido Etchecolatz.

 Por Adriana Meyer

“Han perjudicado la investigación a tal punto que se ha perdido prueba que podría haber sido fundamental para arribar a resultados positivos en la búsqueda de Jorge Julio López y de los responsables de su desaparición. Ello es así porque la investigación ha sido desviada hacia lugares inconducentes.” La contundente frase se refiere al Servicio Penitenciario Federal (SPF) y es la conclusión del fiscal federal Sergio Franco para denunciar penalmente a ese organismo federal por haber obstaculizado las investigaciones sobre el paradero del testigo.

Tal como anticipó Página/12, el fiscal le pidió al juez federal Arnaldo Corazza que investigue las “irregularidades con las líneas telefónicas a disposición de los internos” detenidos por violaciones a los derechos humanos en la cárcel de Marcos Paz, y las “irregularidades en la inscripción en el libro en donde se asientan las visitas a los detenidos”. El fiscal acusó a catorce miembros del SPF, incluidos los dos últimos jefes de Marcos Paz, de haber cometido “falsedad ideológica de documento público, ocultamiento de información y abuso de autoridad”. Hoy se cumplen once meses de la desaparición de este albañil de 77 años, que contribuyó con su testimonio a la condena del ex comisario Miguel Etchecolatz, preso en esa cárcel.

El fiscal Franco describió con detalle las “graves anomalías” en que incurrió el SPF, y aseguró que “así podrá observarse la dimensión de los obstáculos puestos y las falaces respuestas ante los requerimientos judiciales”, tal como consta en el escrito al que este diario tuvo acceso.

- Ubicación de líneas telefónicas en lugares distintos de los indicados. Para determinar las comunicaciones establecidas entre los represores, el juez Corazza había ordenado la escucha de los teléfonos asignados a sus pabellones. Según la denuncia, quedó establecido que la línea informada como la del pabellón 7 módulo 1, donde está Etchecolatz, en realidad estaba en el módulo Enfermería, donde también hay represores. Durante el segundo allanamiento al penal, el 28 de junio, las autoridades informaron una nueva asignación y distribución de nuevas líneas. Los investigadores concluyeron que “es dable destacar la variación que desde un comienzo de la presente investigación, como mínimo en tres oportunidades detectadas, de cambios en las líneas correspondientes a los pabellones donde se encuentran alojados los internos por delitos de lesa humanidad”. Por otra parte, el sistema VAIC detectó la realización de “ocho comunicaciones al entorno de Etchecolatz a través de un teléfono que, supuestamente, se encontraba ubicado en otro sector del penal”. Los investigadores se vieron ante “varios dilemas difíciles de dilucidar: ¿Etchecolatz se trasladó a otro módulo para realizar llamadas a su entorno? ¿Esas llamadas las hicieron internos alojados en Enfermería? Y de una forma u otra ocurrieron fuera del horario legalmente establecido”. Son llamadas del 12, 14, 15, 16, 20 y 26 de septiembre de 2006, algunas de ellas pasadas las 21, y la del 20 es de las 2.18 de la madrugada.

- Abonados nunca informados. Son cinco líneas telefónicas que nunca fueron reportadas por el SPF a los investigadores, pero que recibían llamados del entorno de los detenidos por crímenes de lesa humanidad. Dos de ellas están publicadas en la página web del SPF. Entre el 10 y el 20 de septiembre de 2006 hubo siete llamados “intramuros” hechos por estas líneas. “Esto quiere decir que (los funcionarios del SPF) conocían perfectamente la existencia de los teléfonos no declarados porque, evidentemente, había comunicaciones a través de ellos”.

- Libros de visitas. El informe da cuenta de dos irregularidades: “distintos registros de visitas a los detenidos por crímenes de lesa humanidad poseen el mismo DNI, y el DNI registrado de varias visitas no corresponde con la persona” que aparece en el libro. Esto impidió saber en forma fehaciente la veracidad y totalidad de las visitas que tuvieron cada uno de los internos, por lo cual “es imposible indicarlas como parámetro de búsqueda al sistema informático VAIC”. A modo de ejemplo, dos amigos del procesado Norberto Cozzani fueron registrados con el mismo DNI; lo mismo ocurrió con tres amigos de Eduardo Cabanillas; la hermana y el cuñado de Orlando Generosos comparten el mismo documento; la esposa de Isabelino Vega fue registrada con idéntico DNI que su tío y que el de una amiga de Víctor Ríos; dos personas de nombre José y Angel Eiris visitan con similar identificación a los internos Etchecolatz, García y Vega. “Ante semejantes irregularidades no puede tenerse por cierto ningún dato plasmado en esa planilla”, concluyó el informe.

Muchos avisos, ninguna reacción

Aunque Nilda Eloy –sobreviviente de los campos de exterminio, testigo y querellante– expresó su preocupación desde el primer día y los funcionarios judiciales coincidieron en poner bajo la lupa a los 40 represores que conviven en Marcos Paz, nada impidió que se produjera el daño de la hipótesis que vincula a una banda mixta de represores retirados y en actividad con los que están encarcelados como autores de la desaparición de López. “Nos vamos a reagrupar y vamos a pasar al frente”, fue la inquietante frase del ex chofer de Etchecolatz, Mario Guallama, que alertó al fiscal Franco. El propio juez Corazza transmitió estos temores durante una reunión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero le respondieron que no hay otro lugar donde tenerlos presos. “Guardan jerarquías, se comunican entre ellos y tienen gente afuera, se consideran ‘prisioneros de guerra’”, describió el juez. Ante la segunda desaparición de López (la primera fue en 1976 a manos de la patota de Etchecolatz), los organismos de derechos humanos de Justicia Ya! pidieron el allanamiento a la cárcel. Esa medida se produjo seis meses después, pero no acudió ningún funcionario judicial y los detenidos supieron de las mismas 48 horas antes.

El alerta también provino de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense: el 14 de marzo informó que el director de Seguridad de Marcos Paz ordenó a su personal tener “trato privilegiado” con los ex miembros de fuerzas armadas y de seguridad, a quienes definió como “presos políticos”. Y describió que “tendrían acceso a un teléfono interno del complejo, con comunicación al exterior”. El segundo allanamiento a la cárcel comprobó que esto era cierto, así como el flexible régimen de visitas. Hubo relevos en Marcos Paz y hace pocas semanas el jefe del SPF, prefecto Hugo Soza, fue reemplazado por un civil. Sin embargo, el ministerio de Justicia negó que lo ocurrido en Marcos Paz tuviera que ver con esa decisión. De todos modos, Etchecolatz sigue compartiendo sus horas con Carlos “Oso” García, Raúl Guglielminetti, Eduardo Ruffo, Julio Simón y Pascual Guerrieri, entre otros.

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El penal de Marcos Paz es la cárcel donde están detenidos Etchecolatz y varios represores.
 
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