EL PAíS › LA TOMA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO BONAERENSE

Pedido de detención para 47

El juez Guillermo Atencio les imputó coacción agravada, intimidación agravada, lesiones graves, portación de arma de guerra y daño calificado. No se presentarán voluntariamente.

 Por Laura Vales y Alejandra Dandan

La justicia penal de La Plata ordenó la detención de 47 piqueteros por la toma y los daños ocasionados en el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense. La medida fue dispuesta por el juez de Garantías Guillermo Atencio, bajo los cargos de coacción agravada, intimidación agravada, lesiones graves, portación de arma de guerra y daño calificado.

Las órdenes de arresto alcanzan a los 47 adultos identificados en la toma del edificio y habían sido solicitadas por la fiscal a cargo del caso, Ana Medina. En base a las figuras por las que fueron imputados podrían recibir hasta diez años de prisión, ya que esa es la pena prevista para la acusación más grave, de coacción agravada. La figura se aplica a quienes intenten obtener con amenazas una medida o concesión de parte de los poderes públicos.

Daniel Rodríguez, dirigente del Movimiento Popular 29 de Mayo con pedido de detención, anticipó que ni él ni los otros integrantes de su organización van a presentarse voluntariamente a la Justicia. A través del defensor oficial de turno, Ariel Richardelli, presentaron en cambio un pedido de eximición de prisión para esperar en libertad el inicio del proceso judicial. Rodríguez dijo que los referentes del Movimiento “estamos dispuestos a dar la discusión que está pendiente” y “lamentamos que haya habido policías lastimados”, pero “no queremos que se haga una acusación exagerada a compañeros que ganan 150 pesos por mes y no hicieron más que reclamar un aguinaldo”.

Los piqueteros volvieron además a definirse como una agrupación que viene apoyando el proyecto kirchnerista. “Nosotros respaldamos este proceso nacional y popular, trabajamos cuatro años apoyando la gestión del Gobierno y trabajamos para octubre”, sostuvo ayer Rodríguez.

Durante la jornada, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, había reclamado que “la Justicia actúe” para “que este tema no quede impune”. “Escapa a toda lógica que ocurra lo que pasó: que gente con bombas molotov ingrese a edificios públicos, amenace con encenderlas y tirarlas y 24 horas después nadie quede detenido, con la responsabilidad que todo esto supone”, dijo el funcionario en declaraciones radiales.

Horas más tarde, el propio ex presidente Néstor Kirchner calificó los incidentes como un “triste suceso” en su discurso ante los intendentes bonaerenses de la Federación Argentina de Municipios y pidió que no haya “acciones violentas ni de un lado ni del otro”, aludiendo tanto a los desocupados como a las fuerzas de seguridad. El ex presidente agregó que “las organizaciones sociales tienen que contribuir a la convivencia” y respaldó al gobernador Daniel Scioli al recordar que acababa de asumir cuando los piqueteros hicieron la toma.

Fuentes de la fiscalía dijeron que la decisión de pedir los arrestos fue impulsada luego de recibir informes policiales que hablarían de supuestos impactos de bala en los vidrios del edificio.

La toma se produjo el lunes, cuando los Movimientos 29 de Mayo y Trabajo y Dignidad, del sur del conurbano, realizaban una manifestación para pedir un aguinaldo de fin de año y programas para adolescentes. Uno de los datos que vuelven difícil de entender lo sucedido es que por la mañana los dirigentes piqueteros se habían reunido con el ministro del área, Daniel Arroyo. Durante la toma, los manifestantes rompieron muebles y expedientes y hubo tres policías heridos. La secretaria de Derechos Humanos Sara Derotier de Cobacho y abogados de organismos de derechos humanos intervinieron para que los manifestantes pudieran salir del edificio sin que hubiera represión policial.

Las razones de la virulencia de la protesta siguen siendo motivo de especulaciones variadas. Hay versiones sobre una interna en el PJ y sobre la supuesta intención de Scioli de debilitar a las organizaciones sociales no alineadas con el aparato del justicialismo bonaerense. Ayer se agregó otra que dice que los piqueteros habrían buscado, en realidad, romper algunos expedientes que dejó la gestión anterior. Ocurre que se está investigando el gasto de un millón de pesos en una partida de carteras que las manzaneras repartieron para el día de la madre. Esa compra ya está denunciada públicamente y hay una investigación interna sobre el tema.

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Los incidentes se produjeron el lunes, cuando grupos piqueteros realizaban una manifestación.
 
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