Mientras enfrenta su primer juicio oral, la candidata a presidenta de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, encontró un nuevo funcionario del gobierno nacional que decidió sumarse a la cola de los que la imputan por calumnias e injurias. El martes, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, la querellará porque lo acusó de haber “presionado” a la viuda del empresario pesquero asesinado, Raúl “Cacho” Espinosa.

Carrió presentó un informe en marzo de 2004 en el que advirtió que Pescafina, la empresa de Héctor Antonio, estaba vinculada con Conarpesa y que ambas habían financiado la campaña de Néstor Kirchner y tenían vinculación con el narcotráfico –concretamente, relacionó a la empresa Estrella de Mar con la Operación Langostino, que implicaba el envío de cocaína a través de mariscos exportados– y con el banco BCCI, de Gaith Pharaon, investigado por lavado de dinero.

Dos empresarios pesqueros la querellaron, mientras que el ministro de Planificación, Julio De Vido, le inició una causa cuando lo llamó “el cajero de Kirchner”. Hace poco, Carrió dijo que la viuda de Espinosa, Lorena Garrabus, “está muy presionada por un alto ministro del Poder Ejecutivo”. Luego mencionó a Aníbal Fernández.

“No sé quién es Espinosa, mucho menos quién es la mujer de Espinosa”, le escucharon decir a Fernández, quien instruyó a su abogado, Gustavo Franquet, para que le inicie una querella. Según indicaron voceros del ministro, Fernández remarcó que no está “dispuesto a que esta mentirosa compulsiva intente manosear la tarea del Ministerio del Interior”.