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Por H. V.

La tortura con picana eléctrica y el uso de las personas privadas de libertad como un ejército privado al servicio del Servicio Penitenciario continúan degradando a la provincia de Buenos Aires a niveles crecientes de descontrol y desintegración ética. La Comisión por la Memoria presentó otra grave denuncia ante la Suprema Corte de Justicia provincial por el pase de corriente eléctrica a Julio Esteban Ortiz, en la Unidad Penitenciaria 34, de Melchor Romero. El 28 de octubre Ortiz contó que luego de torturarlo, lo golpearon, le pusieron una escopeta dentro de la boca y le dijeron que si hablaba lo matarían por más que consiguiera el traslado a otra cárcel. Como recién pudo contarlo cuatro días después, las marcas se estaban borrando en su pierna.
El abogado del Comité contra la Tortura de la Comisión, Cipriano García, solicitó una pericia urgente. La fiscal María Laura Di Gregorio pidió a la Asesoría Pericial de Tribunales que designara a la médica Emma Virginia Creimer, quien había actuado con gran diligencia en el caso de Cristian López Toledo, lo cual permitió comprobar el uso de corriente eléctrica en la Unidad 9 de La Plata. Pero el Director de Medicina Forense de la Asesoría Pericial, Juan Carlos Cassano, respondió que no autorizaría la extracción de piel y que designaría como perito a su mujer. El propio Cassano se presentó en la cárcel, observó desde lejos a Ortiz y sin más dictaminó que las marcas de su piel se debían a autolesiones. Ante el asombro de los instructores de la causa dijo que lo sabía por su experiencia “en tantos casos de terroristas” que denunciaban torturas “durante la época de la guerrilla”. No procedería a la extracción de piel pues su organismo no hace “ese tipo de prácticas invasivas”, no había un ambiente “adecuado” y el interno estaba “lúcido, ubicado en tiempo y espacio, y deambulante por sus propios medios”.
Recién a la noche y por insistentes gestiones de la Comisión, Ortiz fue trasladado a un hospital de La Plata, hasta el que Cassano llegó sin que nadie lo llamara para “controlar” la extracción. En su oficio a la Suprema Corte la Comisión afirma que ésta es una de las “inaceptables conductas de ciertos actores del sistema judicial frente a las prácticas aberrantes que se desarrollan dentro de unidades penitenciarias de la provincia, y en general con las violaciones a los derechos humanos”. Acciones semejantes “contribuyen a la impunidad y la oscuridad del sistema” y deben ser investigadas y castigadas.
Junto con los abogados del Comité estaban en la cárcel el Subdirector, Prefecto Fernando De la Cruz; los asesores del Jefe del Servicio Penitenciario, Leonardo Vila y Leonardo Sauma, y la abogada Carolina Brandana, de la denominada “Secretaría de Derechos Humanos” de la provincia. Los miembros del Comité contra la Tortura entrevistaron al preso Miguel Angel Juárez Torres, quien había llamado dos veces a la Comisión. De 24 años de edad, penado a veinticuatro meses de cárcel, de los que había cumplido diecinueve, Juárez Torres les contó que el jefe de turno le había entregado dos facas para que con un palo de escoba armara un arpón e hiriera a otro preso, porque había lastimado a dos internos que trabajaban para el Servicio. A cambio, le ofreció buenos informes de conducta que acelerarían su puesta en libertad. Si no lo hacía, lo matarían donde fuera. Juárez Torres fingió aceptar, pero llamó al Comité y explicó que no quería agredir a nadie ni pelear porque le faltaba muy poco tiempo para irse. Agregó que quería entregar el arpón que tenía en su celda. Los abogados del Comité llamaron al Subdirector, a los dos asesores del jefe y a la doctora Brandana y les pidieron que los acompañaran a la celda. Allí encontraron el arpón, que no podía haber pasado desapercibido en una requisa. El Subdirector dijo que otro interno debía habérselo pasado por una ventana, cosa que los miembros del Comité descartaron: era imposible por la distribución del espacio físico. Ante la indiferencia y la complicidad de funcionarios políticos y judiciales, sólo los poderes federales pueden poner coto a esta situación que realimenta la violencia en las calles y compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino.