ESPECIALES › DOCUMENTO DEL CELS

Mariano Ferreyra. El Juicio

Los hechos del 20 de octubre de 2010 que culminaron con el asesinato del joven militante del Partido Obrero y tres heridos de gravedad, pusieron en evidencia un entramado de relaciones entre sectores del sindicalismo, del poder político y judicial, de las fuerzas de seguridad y grupos de particulares con poder de fuego. A su vez, sirvieron para poner en cuestión aspectos centrales de la institucionalidad democrática: la actuación de los agentes policiales frente a la protesta social, el modelo sindical y el rol del Estado en las problemáticas laborales.

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 21 de la Capital Federal dará a conocer hoy su veredicto en el juicio oral por el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas producidas a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos. El 20 de octubre de 2010, un grupo que respondía a la cúpula de la Unión Ferroviaria (UF), con la complicidad de funcionarios de la Policía Federal Argentina (PFA), atacó con armas de fuego a empleados tercerizados de la ex línea ferroviaria General Roca y a militantes de distintas organizaciones políticas que participaban de una manifestación en reclamo del pase a planta permanente y por la reincorporación de trabajadores despedidos de empresas que prestaban servicios para la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). El juicio, que comenzó el 6 de agosto de 2012, desnudó las distintas problemáticas que subyacen detrás del crimen de Mariano. Dejó al descubierto complejas relaciones de poder y puso en discusión cuestiones centrales de la vida democrática, como el modelo de sindicalismo, el rol del Estado en procesos de conflictividad laboral y la actuación policial en contextos de manifestación o protesta social.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a la familia de Mariano, solicitó la pena de prisión perpetua para 14 de los 17 imputados; entre ellos, el entonces secretario general de la UF y líder de la Lista Verde del sindicato, José Pedraza, y el secretario administrativo, Juan Carlos “Gallego” Fernández. Los abogados del CELS consideraron que durante el juicio oral se comprobó que Pedraza y Fernández fueron quienes idearon el plan y ordenaron el ataque a los manifestantes. De los integrantes del grupo que respondía a la cúpula de la UF también se solicitó prisión perpetua para el delegado gremial del sindicato y hombre de confianza de Fernández, Pablo Díaz, por coordinar la convocatoria de los ferroviarios y al grupo que atacó la movilización; el ferroviario Gabriel “Payaso” Sánchez y Cristian Favale, por efectuar los disparos que mataron a Mariano Ferreyra e hirieron a Elsa Rodríguez, Nelson Aguirre y Ariel Pintos; los ferroviarios Daniel González y Francisco Pipitó, por amedrentar al equipo periodístico de C5N y así impedir el registro de imágenes del momento del ataque, y para el ferroviario Claudio Alcorcel por garantizar la llegada de Favale al lugar. En tanto, por el rol de ocultar las armas que utilizaron los atacantes, el CELS pidió la pena de cuatro años de prisión para Juan Carlos Pérez y Guillermo Uño.

Por parte de la PFA, el CELS solicitó prisión perpetua para el comisario Hugo Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti, integrantes de la Sala de Situación de la Dirección General de Operaciones; los jefes del operativo, comisarios Jorge Ferreyra, a cargo de la División Roca, y Luis Mansilla, jefe del Departamento de Control de Líneas; y el subcomisario Rolando Garay, a cargo de los móviles de la comisaría 30ª. Todos ellos liberaron la zona para hacer posible el ataque sin intentar detenerlo. Para el agente David Villalba, encargado de la filmación de los hechos –función que cumplió durante todo el operativo a excepción de los cinco minutos en los que se produjo el ataque– se pidió la condena por el delito de omisión de deberes de oficio.

¿Qué pasó el día que asesinaron a Mariano?

La mañana del 20 de octubre, un grupo de trabajadores tercerizados y militantes de distintas organizaciones que apoyaban su reclamo se concentraron en el local de Avellaneda del Partido Obrero (PO), ubicado en la calle Lebensohn 560, con la intención de realizar un corte de vías en las inmediaciones de la estación Avellaneda de la ex línea Roca. Al mismo tiempo, un grupo de ferroviarios que respondía a la cúpula de la UF y que era dirigido por Pablo Díaz, delegado y máximo responsable de la Comisión de Reclamos del Roca, comenzó a reunirse sobre los andenes. De acuerdo al testimonio de Omar Merino, trabajador de la estación Avellaneda del Roca e integrante de la Lista Gris opositora a la Verde de Pedraza, cerca de las 9.30 el grupo encabezado por Díaz empezó a llegar al lugar. Enterados de esta situación, los manifestantes que se encontraban en el local de la calle Lebensohn descartaron la realización del corte en ese lugar. Pero comenzaron a analizar la posibilidad de realizarlo en otro punto de las vías, a fin de visibilizar un reclamo que llevaba meses sin solución.

Una vez en marcha, tras equivocar el camino y chocar con una calle sin salida, la manifestación se dirigió desde Avellaneda hacia Capital Federal por la calle Bosch, paralela a las vías férreas. Durante ese trayecto, los manifestantes fueron escoltados por miembros de la Policía Bonaerense, quienes los seguían desde atrás, y vigilados por los ferroviarios de la Lista Verde, que los insultaban desde arriba del terraplén. “Estaba encolumnada toda la patota, todos estos hombres ahí, desafiando e insultando, diciendo que éramos ‘piqueteros de mierda’ y que nos iban a cagar matando a todos”, relató Dora María Martínez, militante del MTD - Aníbal Verón.

El primer ataque

A pocos metros de haber cruzado el Puente Bosch, que une la localidad bonaerense de Avellaneda con el barrio porteño de Barracas, se produjo la primera agresión contra los manifestantes, cuando un grupo intentó subir a las vías y fue atacado por los ferroviarios de la UF. “Cuando cruzamos el Riachuelo, un compañero vio un portón, lo abrió e intentamos subir a las vías. Subimos, pero tuvimos que bajar porque vino una lluvia de piedras de la Unión Ferroviaria”, declaró durante el juicio Ariel Pintos, uno de los manifestantes, que luego sería herido por un disparo.

Este primer ataque, además de haber sido acreditado por una decena de testimonios durante el juicio, quedó registrado por dos filmaciones de la PFA. Una de ellas fue realizada por la Unidad Móvil Satelital (UMSAT), que transmitía las imágenes en directo a la Sala de Situación ubicada en el Departamento Central de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, donde el operativo era observado y dirigido por el comisario Hugo Lompizano y los efectivos Luis Echavarría y Gastón Conti. El segundo registro audiovisual fue el que llevó a cabo el agente David Villalba, que se encontraba en el lugar y tenía a cargo la filmación de los hechos. Villalba estaba ubicado arriba del terraplén, junto a sus superiores Luis Mansilla y Jorge Ferreyra y al grupo de la UF.

Tanto los jefes del operativo en el lugar como los que se encontraban en la Sala de Situación estaban al tanto de esta primera agresión y de la posible existencia de personas heridas. El mismo Pintos describió la ferocidad con la que fueron atacados: “Cuando bajamos, vimos muchas señoras y chicas atrás nuestro que quedaron arrinconadas y les seguían tirando piedras”. Después de este episodio, un grupo de efectivos de Infantería se colocó sobre el terraplén para impedir el descenso de los ferroviarios por el mismo lugar por el que, minutos antes, habían intentado subir los tercerizados.

El segundo ataque

Después de esta agresión, la columna de manifestantes se retiró por la calle Luján, que cruza las vías por debajo del puente ferroviario (ver aparte). A unos 200 metros del lugar en el que se encontraban los agresores, los manifestantes decidieron realizar una asamblea para analizar los pasos a seguir. El corte de vías estaba descartado y la posibilidad de realizar un acto en el hall de la estación Constitución era visto como una acción riesgosa.

Mientras se desarrollaba la asamblea y los ferroviarios de la Lista Verde llegaban a las vías del Roca, tres móviles de la comisaría 30ª a cargo del subcomisario Rolando Garay se ubicaron sobre la calle Luján. Durante los minutos previos a las acciones que terminarían en el homicidio de Mariano, dos de estos patrulleros permanecieron enfrentados, de manera que formaban una barrera entre los dos grupos.

Pasadas las 13, llegó a la estación Yrigoyen un grupo de unas veinte personas, encabezado por Cristian Favale. Leandro Tamame, un manifestante que acompañaba a los tercerizados, declaró haber visto al grupo descender de un ómnibus “tipo escolar, de color naranja”. En su declaración, Tamame aseguró que este grupo caminó por las vías y se unió a los manifestantes de la UF. En el trayecto, Favale se detuvo a saludar a Alcorcel, que aguardaba debajo del andén. En el video que registró el agente Villalba se observa a Favale a la cabeza del grupo arengándolo, a pesar de ser un individuo ajeno al trabajo en el ferrocarril y, por lo tanto, también al conflicto.

A esta altura, el comisario Mansilla había ordenado a los efectivos policiales que se trasladaran al hall de la estación de Constitución. Cuando la gran mayoría de los ferroviarios ya se encontraba debajo del puente de Luján y Bosch, Favale llegó al lugar. Los manifestantes, por su parte, habían decidido desconcentrar y realizar una nueva reunión a los pocos días para intentar volver a encauzar el reclamo.

Las columnas de las distintas organizaciones comenzaron a prepararse para retirarse del lugar. Esta vez, lo harían por la calle Luján rumbo a la avenida Vélez Sarsfield, en sentido opuesto a las vías del Roca. La bandera con la consigna “Pase a planta permanente”, que había ayudado a pintar Mariano unos días antes, encabezaba la desconcentración.

A los pocos metros de iniciada la retirada, los manifestantes más rezagados advirtieron que los ferroviarios se aproximaban corriendo hacia ellos. El militante del PO, Néstor Miño, describió al grupo de atacantes que los corría por detrás como “un malón”. Otro manifestante, Eduardo Belliboni, afirmó que le llamó la atención que los patrulleros que minutos antes cortaban la calle y separaban a los dos grupos habían de-saparecido. Pero quizás el testimonio más contundente sobre este segundo ataque fue el de Alberto Esteche, un albañil que almorzaba en una parrilla ubicada en la esquina de las calles Perdriel y Luján: “Venía gente con banderas rojas, gente del PO. Estábamos comiendo y pasaba la gente: mujeres embarazadas, chicos. Vimos otros corriendo de atrás, más o menos en Santa Elena y Luján, a la altura de [la empresa] Chevallier”. Ante esta situación, los manifestantes improvisaron un cordón humano para impedir el avance de los agresores y permitir la huida de las mujeres, niños y ancianos que formaban parte de las columnas.

Instantes antes de producirse el ataque que terminaría en el asesinato de Mariano, Pipitó y González se dedicaban a amenazar y hostigar a los trabajadores de prensa del canal televisivo C5N que se encontraban cubriendo los hechos, con el objetivo de impedir que registraran la agresión. El asistente de cámara del equipo periodístico, Marcelo Polito, describió esta circunstancia durante el juicio: “[Nos decían] que apagáramos la cámara, que no les diéramos cámara ‘a estos negros de mierda’. Les pedí por mi hija que no nos hicieran nada, que no nos lastimaran, que estábamos trabajando y ahí comenzaron los insultos. Gente que se ponía atrás, gente que se ponía adelante. Nos fueron llevando, empujando. Una persona me fue llevando desde atrás hacia el portón de Chevallier”. Esta secuencia quedó grabada en el video de C5N y también fue narrada por el camarógrafo Gustavo Farías y la cronista Gabriela Carchak durante el juicio. Una vez que el grupo de choque se aseguró de que no quedarían registros de la agresión, comenzó el ataque final.

La embestida final

En la primera línea del grupo que dirigía Díaz se encontraban Favale y Sánchez, dos de los cuatro tiradores que dispararon contra la manifestación, según surgió de las pericias y los testimonios brindados en el juicio. A pocos metros de la esquina de la calle Perdriel comenzó el ataque con piedras y palos, pero a los pocos segundos se escucharon los disparos de armas de fuego.

Norberto Roseto, militante del PO, describió el momento preciso en el que comenzaron los disparos: “Vi a un tipo en el medio de la calle, de la parte de ellos, que nos estaba tirando. Escuché los tiros, muchos tiros y, además, me di cuenta de que era un arma de fuego porque salía humito”, y agregó: “Vos estás viendo al tipo que te está disparando, no te querés morir. Lo que hice fue ponerme de lado y agacharme detrás de un auto que estaba a mi izquierda. No me acuerdo qué auto era, pero fue cuando más claramente lo vi porque estaba quieto y mirando cómo le tiraba a mis compañeros”.

Mariano formaba parte del cordón humano que buscaba garantizar la seguridad de los manifestantes. A pocos metros de la esquina del galpón de la empresa Chevallier, quienes integraban ese grupo se detuvieron para impedir el avance de los atacantes y fue allí donde Mariano cayó herido de muerte. Nancy Arancibia Jaramillo, militante del PO, relató ese momento en el juicio: “Mariano venía del medio de la calle, retrocediendo. Lo llamé y no se dio vuelta. Siguió retrocediendo hacia atrás, se agarró a la pared y fue cayendo, sentadito”.

A casi 200 metros de ese lugar, Elsa Rodríguez corría junto a otros militantes. “Ibamos conversando y el pibe que venía al lado de ella dijo: ‘Se resbaló Elsa’. Me di vuelta y la vi caer, entonces le dije: ‘Te pegaron en la mano, no es para que te resbales’. Le di la mano y no me la dio, la miré y vi que tenía los ojos cerrados. Pensé que estaba desmayada y le agarré la pera para darle una bofetada. Entonces le vi un pedazo de carne y la miré bien. Vi que eso era hondo, que no era una bala de goma, era una bala”, narró María Villalba, compañera de militancia de Elsa.

En ese lapso, también fueron heridos con armas de fuego Nelson Aguirre y Ariel Pintos. “Recibí el primer impacto en la pierna derecha. Me di vuelta, como para escapar de la situación porque me di cuenta que era un disparo. Se sintió como un piedrazo el impacto, pero obviamente al ver sangre y escuchar los disparos, era claro que era un disparo.” Inmediatamente, Aguirre recibió un segundo tiro en el glúteo izquierdo.

Ariel Pintos contó cómo vio al tirador salir detrás de unos árboles y efectuar disparos. Intentó agacharse para recoger una piedra, pero sintió un fuerte pinchazo en su pierna e inmediatamente comenzó a ver sangre en el pantalón.

Con la misma velocidad con la que había iniciado el ataque, el grupo de la UF comenzó la retirada hacia las vías. “Cuando ya estaba muerto Mariano, se retiraron”, afirmó José Valentín Correa, otro de los testigos presenciales.

Varias de las personas que formaban parte del cordón intentaron alcanzar a los agresores, pero les resultó imposible. Los efectivos policiales que participaron del operativo y presenciaron los hechos desde el inicio, no sólo no tomaron ninguna medida para evitar el ataque, sino que una vez concluido, no hicieron nada para identificar a los agresores y evitar su fuga.

Ante la absoluta inacción de la PFA, los manifestantes detuvieron una ambulancia que circulaba por la zona y subieron a Mariano, Elsa y Nelson para trasladarlos al Hospital Cosme Argerich. “Elsa estaba en coma, pero mantenía pulso y respiraba más o menos regularmente, pero Mariano ya estaba muy mal en el momento que lo encontré. Tenía la convicción de que, hiciéramos lo que hiciéramos, no iba a llegar con vida”, explicó el médico y militante del PO, Leonardo Wul.

Pedraza y Fernández, ausentes en Barracas

José Pedraza y Juan Carlos “Gallego” Fernández son los únicos imputados ferroviarios que no estaban presentes en el lugar de los hechos. Sin embargo, el móvil del crimen, la instigación y las órdenes provinieron de ellos, máximos interesados en acallar el reclamo de los trabajadores tercerizados. El homicidio de Mariano fue la máxima expresión del modelo sindical y político que construyó Pedraza en la Unión Ferroviaria para perpetuarse en el poder y sostener enormes negocios a costa de los trabajadores cuyos intereses debía representar.

Desde las primeras horas de la mañana del 20 de octubre, Pedraza y Fernández se encontraban en la sede central del sindicato a la espera del inicio de un congreso organizado por una revista ferroviaria. Pedraza, junto con el ex secretario de Transporte de la Nación Juan Pablo Schiavi, sería el encargado de dar inicio a ese encuentro. A las 7.46 se produjo la primera comunicación telefónica entre Fernández y Pablo Díaz. Según surgió del cruce de llamadas, Fernández, que se encontraba junto a Pedraza mientras se sucedieron los ataques, llamó a Díaz casi una decena de veces durante el transcurso de la mañana y éste se contactó con Favale, Alcorcel y Sánchez en reiteradas oportunidades. Los móviles del homicidio de Mariano Ferreyra eran salvaguardar la hegemonía política y los negocios de la cúpula de la Unión Ferroviaria.

Los negocios

La tercerización dentro del ex ferrocarril Roca tuvo dos momentos: antes y después de la creación de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE). Hasta 2007, producto de procesos de movilización y lucha, los trabajadores del Roca lograron revertir el proceso de tercerización llevado adelante por las concesionarias anteriores a la UGOFE. Sin embargo, el papel que desempeñó la cúpula del sindicato fue siempre contrario a la organización de los trabajadores tercerizados. Entre 2002 y julio de 2007, el gremio implementaba un doble juego. Según Edgardo Reynoso, delegado opositor en la línea Sarmiento, en lo formal el sindicato reclamaba el cese de la tercerización, pero a la vez “apuntaba a la fractura, división de la unidad de los trabajadores”. Esta situación se repetiría frente al conflicto de 2010, cuando los integrantes de la Lista Verde repartieron afiches y volantes en contra del reclamo.

Desde que la UGOFE tomó el control del Roca en 2007, la tercerización creció de forma exponencial. La cúpula de la Unión Ferroviaria participó de este proceso, por ejemplo, con la firma de un acta el 16 de octubre de 2007, según la cual se permitía la contratación de empresas por un plazo de 90 días, período que fue prorrogado varias veces.

A partir del ingreso de la UGOFE en el Roca, la Cooperativa Unión del Mercosur se convirtió en forma progresiva en una de las principales proveedoras de mano de obra. Unión del Mercosur fue creada por la UF y en ella trabajaban la cuñada de Pedraza, Graciela Coria, así como su hijo y sobrino de Pedraza, Leandro Sorrón, y varios directivos de la mesa nacional del gremio. También eran asesores de la Cooperativa Susana Planas, amiga íntima del matrimonio Pedraza, y Angel Stafforini, contador de la UF; ambos imputados en la causa de sobornos (ver Los intentos de soborno...). El control de la cooperativa estaba a cargo de Pedraza y Fernández. Como afirmó el secretario de la seccional oeste de la UF y opositor a Pedraza, Rubén “Pollo” Sobrero, “eran patrón y gremio”.

El circuito del dinero

Los salarios de los trabajadores de planta eran abonados por Ferrocarriles Belgrano S.A., mientras que los sueldos de los trabajadores no convencionados, los gastos de operación y la contratación de empresas en las que se tercerizaban tareas se encontraban a cargo de la UGOFE, que debía afrontarlos con el dinero que recibía de la Secretaría de Transporte de la Nación. La UGOFE recibía sumas mensuales ($ 66 millones en octubre de 2010) para afrontar estos gastos en la línea Roca. De ese importe, obtenía el porcentaje fijo de 6% como canon por la gestión. Es decir que, cuanta mayor cantidad de trabajadores tercerizados hubiera, podía aumentar la suma mensual recibida y, por lo tanto, mayor sería el monto que obtendría en concepto de canon. De esta manera, las empresas que integraban la gerenciadora del Roca contrataban, entre otras, a empresas que pertenecían a sus propias firmas, como es el caso de la empresa Herso, que pertenecía al grupo Roggio, principal accionista de Metrovías. La cooperativa Unión del Mercosur, que contaba con unos 250 empleados, recibió entre julio y diciembre de 2010 cerca de $ 10 millones por parte de la UGOFE. Seis días después del crimen, el propio Fernández le dijo al entonces subsecretario de transporte ferroviario, Antonio Luna: “Están atentando no contra la Unión Ferroviaria, están atentando contra el sistema”. Garantizar la continuidad de la tercerización era garantizar a la cúpula de la UF y a la UGOFE un negocio millonario que era permitido por la Secretaría de Transporte.

Por realizar tareas ferroviarias, los trabajadores de la cooperativa de la UF recibían entre $2760 y $3100, según las planillas secuestradas durante la investigación. Es decir, los trabajadores empleados por el secretario general del sindicato que debía representar sus intereses ganaban menos de la mitad que un trabajador de planta por realizar la misma tarea. A esto se suma el hecho de que, a pesar de ser una cooperativa, Unión del Mercosur no repartía dividendos entre sus socios.

Garantizar la hegemonía política para no perder el negocio

Otro de los motivos que llevaron a Pedraza y Fernández a instigar a cometer el ataque criminal fue, sin dudas, mantener el control político del Roca.

El posible ingreso de 1500 trabajadores de diversa filiación podía generarles una crisis política dentro del Roca. Hasta octubre de 2010, los ingresos a planta permanente y las recategorizaciones eran controladas por la cúpula de la UF en connivencia con la UGOFE. El propio Fernández dijo que durante la concesión del Roca a cargo de la UGOFE, hicieron ingresar entre 800 y 900 trabajadores. Esto quedó probado por los innumerables listados de sugerencias de ingresos que contaban con la firma de Fernández y Pedraza.

Además, la ex línea Roca es la que cuenta con mayor cantidad de trabajadores. Esto es, con la mayor cantidad de afiliados y electores, por lo que un importante ingreso de trabajadores pondría en riesgo el control del sindicato. Impedir el pase a planta de los tercerizados era fundamental para los imputados, ya que hubiera puesto en riesgo su poder político y económico. Según Norberto Rosendo, miembro de la Asociación Salvemos al Tren, “una cantidad de mil afiliados les podía dar vuelta la elección fácilmente”.

Pablo Díaz: el organizador

“Lo que no hace la policía, lo que no hacen los jueces, en la medida en que podamos lo vamos a hacer nosotros”, Pablo Díaz, minutos después del asesinato de Mariano Ferreyra, aún sobre las vías (video disponible en http://bit.ly/cBXJ5X).

Pablo Díaz, además de delegado gremial de la UF y máximo responsable de la Comisión de Reclamos de la ex línea Roca, era el brazo ejecutor de las decisiones de Fernández y Pedraza. Además, digitaba los ingresos al sindicato. Jorge Pérez, uno de los trabajadores ferroviarios que testificó en la causa, aseguró que “tenía que hablar con Díaz para poder ingresar a la UF”. Favale figuraba en los listados de pedidos de ingreso al sindicato y, en el juicio, confirmó que fue Díaz quien lo convocó “para apoyar a la Unión Ferroviaria por el corte de vías”. Favale ya había participado del intento de de-salojo de los tercerizados en el hall de Constitución el 6 de septiembre de 2010. Allí, varios testigos lo señalaron como el “custodio” de Díaz.

Además de efectuar la convocatoria del grupo atacante a través de los delegados y de organizar la contramarcha con afiliados de la UF, Díaz llevaba la voz de mando en el lugar. “Está en un grado superior a nosotros cuando éramos delegados”, declaró el ex delegado de la Lista Verde, Jorge Krakowsky. Esta jerarquía dentro del gremio lo transformaba en el referente en el lugar. Incluso cuando la policía consultó quién estaba a cargo de la concentración, diversos testigos afirmaron que la respuesta fue Pablo Díaz.

El interés de Pedraza por un remisero

La prueba documental incorporada en la causa, reafirma el estrecho vínculo entre José Pedraza y Cristian Favale. En este sentido, el cruce de llamadas del día 22 de octubre que se presenta a continuación, resulta contundente:

23.02 hs. Pedraza recibe un llamado de un renombrado estudio jurídico y mantiene una comunicación durante más de un minuto.

23.08 hs. Favale recibe un llamado del mismo estudio y mantiene una conversación de más de dos minutos de duración.

23.12 hs. Pedraza recibe un llamado del estudio jurídico y mantiene una comunicación durante un minuto y medio, aproximadamente.

23.14 hs. Pedraza se comunica con Fernández durante un minuto y medio.

23.33 hs. Favale dialoga con el delegado de la Lista Verde Mario Giunti en dos conversaciones que duraron en total alrededor de diez minutos.

Pedraza se habría contactado con el estudio de abogados para solicitar, al menos, que se pusiera en contacto con Cristian Favale, investigado por la justicia por los hechos del 20 de octubre y sin ningún vínculo formal con la Unión Ferroviaria. Inmediatamente, el estudio se comunicó con Favale. Minutos después, los abogados habrían confirmado a Pedraza que se había cumplido con lo solicitado en el primer llamado. Al cortar esta comunicación, Pedraza se contactó con su mano derecha, Juan Carlos “Gallego” Fernández, quien habría hecho llegar el mensaje a Favale, ya que desde las 23.33 se registran dos comunicaciones de unos diez minutos entre Favale y el delegado de la Lista Verde, Mario Giunti. De esta manera, la defensa legal de Favale, un remisero sin vinculación con el trabajo ferroviario, estaba garantizada.

Juicio a un perito

En junio, se llevará a cabo el juicio oral al perito Roberto Locles por el delito de inutilización de un elemento de prueba. Durante un peritaje balístico dispuesto por el juzgado a cargo de la investigación por el homicidio, Locles golpeó varias veces contra una mesa el proyectil que mató a Mariano y provocó modificaciones en la estructura de una prueba central. El CELS, como apoderado de Beatriz Rial, madre de Mariano, se constituyó como querellante e impulsó la causa.

Los intentos de soborno a los integrantes de la Cámara de Casación

En diciembre de 2010, la jueza Wilma López ordenó una serie de escuchas telefónicas en la investigación por la muerte de Mariano. A partir del análisis de estas pruebas, López descubrió la intención de manipular el sorteo de la sala de la Cámara de Casación mediante un presunto pago de sobornos para luego obtener un fallo favorable para los implicados en el homicidio, el cual revocaría los procesamientos de manera que los miembros del grupo conformado para atacar a los tercerizados obtendrían la libertad. Con esta maniobra se buscaba evitar el avance de la investigación. Hasta entonces, José Pedraza no se encontraba imputado en la causa.

Se inició entonces una nueva causa en la que se investiga el intento de cohecho a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Además de Pedraza, por ser el interesado en obtener un beneficio por parte de la justicia, se encuentran imputados Angel Stafforini, Susana Planas, Octavio Aráoz de Lamadrid, Juan José Riquelme y Luis Ameghino Escobar. Stafforini, contador de la UF, hombre de confianza de Pedraza y vicepresidente de Belgrano Cargas, se habría encargado de entregar el dinero necesario para una resolución favorable. El pasado miércoles 10 de abril, fue procesada la apoderada del Belgrano Cargas y de la Cooperativa Unión del Mercosur, Susana Planas, quien habría acompañado a Stafforini. Aráoz de Lamadrid –ex juez federal y secretario de Riggi en la Cámara de Casación, y que fue durante un tiempo abogado defensor de Guillermo Uño– hizo el contacto, junto con el ex agente de inteligencia Riquelme, entre Pedraza y los funcionarios judiciales de la Cámara de Casación.

Por su parte, Ameghino Escobar, empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal encargado de realizar los sorteos de las causas, se ocupó de digitar el sorteo. Por estos hechos, en febrero de 2011 se realizó un allanamiento en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid en el que se secuestró documentación y un sobre que llevaba su nombre y contenía una suma de dinero coincidente con el monto que se mencionaba como parte del pago en las distintas escuchas telefónicas.

El 11 de septiembre de 2012, el CELS denunció al juez Riggi ante el Consejo de la Magistratura por el intento de soborno y solicitó que se le inicie el proceso de remoción para que se determine su responsabilidad funcional por los hechos que surgen de la investigación. El lunes 10 de septiembre, el juez Luis Rodríguez procesó a Riquelme, Escobar, Stafforini, Aráoz de Lamadrid y Pedraza. De acuerdo a la resolución de Rodríguez, “la influencia de Aráoz de Lamadrid y Riquelme sobre el magistrado Riggi se consideraba real, en tanto ambos mantenían relaciones personales preexistentes con él, uno como ex empleado y el otro con un vínculo afectivo demostrado por el intercambio de las comunicaciones y otras escuchas telefónicas obtenidas”.

Los intentos de soborno a los integrantes de la Cámara de Casación

En diciembre de 2010, la jueza Wilma López ordenó una serie de escuchas telefónicas en la investigación por la muerte de Mariano. A partir del análisis de estas pruebas, López descubrió la intención de manipular el sorteo de la sala de la Cámara de Casación mediante un presunto pago de sobornos para luego obtener un fallo favorable para los implicados en el homicidio, el cual revocaría los procesamientos de manera que los miembros del grupo conformado para atacar a los tercerizados obtendrían la libertad. Con esta maniobra se buscaba evitar el avance de la investigación. Hasta entonces, José Pedraza no se encontraba imputado en la causa.

Se inició entonces una nueva causa en la que se investiga el intento de cohecho a los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Eduardo Riggi, Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Además de Pedraza, por ser el interesado en obtener un beneficio por parte de la justicia, se encuentran imputados Angel Stafforini, Susana Planas, Octavio Aráoz de Lamadrid, Juan José Riquelme y Luis Ameghino Escobar. Stafforini, contador de la UF, hombre de confianza de Pedraza y vicepresidente de Belgrano Cargas, se habría encargado de entregar el dinero necesario para una resolución favorable. El pasado miércoles 10 de abril, fue procesada la apoderada del Belgrano Cargas y de la Cooperativa Unión del Mercosur, Susana Planas, quien habría acompañado a Stafforini. Aráoz de Lamadrid –ex juez federal y secretario de Riggi en la Cámara de Casación, y que fue durante un tiempo abogado defensor de Guillermo Uño– hizo el contacto, junto con el ex agente de inteligencia Riquelme, entre Pedraza y los funcionarios judiciales de la Cámara de Casación.

Por su parte, Ameghino Escobar, empleado de la Cámara Nacional de Casación Penal encargado de realizar los sorteos de las causas, se ocupó de digitar el sorteo. Por estos hechos, en febrero de 2011 se realizó un allanamiento en el estudio jurídico de Aráoz de Lamadrid en el que se secuestró documentación y un sobre que llevaba su nombre y contenía una suma de dinero coincidente con el monto que se mencionaba como parte del pago en las distintas escuchas telefónicas.

El 11 de septiembre de 2012, el CELS denunció al juez Riggi ante el Consejo de la Magistratura por el intento de soborno y solicitó que se le inicie el proceso de remoción para que se determine su responsabilidad funcional por los hechos que surgen de la investigación. El lunes 10 de septiembre, el juez Luis Rodríguez procesó a Riquelme, Escobar, Stafforini, Aráoz de Lamadrid y Pedraza. De acuerdo a la resolución de Rodríguez, “la influencia de Aráoz de Lamadrid y Riquelme sobre el magistrado Riggi se consideraba real, en tanto ambos mantenían relaciones personales preexistentes con él, uno como ex empleado y el otro con un vínculo afectivo demostrado por el intercambio de las comunicaciones y otras escuchas telefónicas obtenidas”.

Compartir: 

Twitter
 

SUBNOTAS
 

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.