SOCIEDAD › FUE INAUGURADO EL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE LA TORTURA, EN BUENOS AIRES

Un paso para visibilizar el silencio

El público desbordó las instalaciones. Más de 700 inscriptos. Diez expertos internacionales en sus paneles y otros 40 locales. Importante presencia del interior y países limítrofes. Hoy cierra el congreso el juez Raúl Zaffaroni.

 Por Horacio Cecchi

Estela de Carlotto, Stella Maris Martínez, Juan Méndez y Horacio González en la apertura del Congreso.
Imagen: Télam.

De los lugares de detención y los despachos judiciales a un espacio público y abierto como lo es la Biblioteca Nacional, la Campaña Nacional contra la Tortura alcanzó uno de sus innumerables objetivos, quizás el más cercano pero de ninguna manera el menos complicado: lograr con el Primer Congreso Internacional sobre la Tortura abrir al debate de la comunidad una parte gravísima de la violencia institucional como lo es la tortura, cuyo principal mecanismo de subsistencia es la impunidad de los muros de ladrillos y otros, más invisibles, los de silencio. Con más de 700 inscriptos (cifra que superó las expectativas de los organizadores) y medio millar de personas en el auditorio durante la inauguración, una decena de los principales especialistas del mundo sobre la tortura y el maltrato –representantes de la ONU, de la Corte Interamericana de DDHH, y de la Comisión IDH, y de países limítrofes– comenzó a recorrer los paneles, además de una serie de representantes del interior en un hecho de inédita de repercusión en la apertura del debate a todo el país. Será difícil argumentar que el problema no interesa a la sociedad.

A las 10.30, en el auditorio Jorge Luis Borges del primer piso, largamente desbordado en su capacidad de 400 personas, quedó formalmente inaugurado el congreso por Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación. A su lado, Juan Méndez, relator especial sobre Torturas de las Naciones Unidas, daría, poco después, la conferencia inaugural.

“Quedan todavía impunes funcionarios insensibles, en un sistema de justicia ineficaz para investigar los delitos de torturas”, dijo Estela de Carlotto. En el ambiente flotaba la mención de la involución del gobierno cordobés con su denuncia por la intervención de la Procuvin –organismo contra la violencia institucional de jurisdicción nacional que intervino secuestrando del penal de la capital cordobesa cadenas utilizadas para sujetar a los internos, y que fue tapa de este diario–, una pretendida intromisión en la política provincial. Carlotto homenajeó a Néstor Kirchner en su “búsqueda de memoria, verdad y justicia, que convirtió en política de Estado, y los juicios, que son un triunfo de la lucha contra la tortura”.

Martínez, que promovió el congreso como parte de la Campaña contra la Tortura (en coincidencia con cumplirse 200 años de su abolición por parte de la Asamblea del Año XIII), sostuvo que “la tortura sigue existiendo en todos los ámbitos de encierro como cárceles, comisarías, centros de alojamiento de enfermos mentales, geriátricos e instituciones de la niñez” y recordó en dirección tanto a la falta de investigación como a la sordera judicial que “casi no existen condenas”.

Poco después, Méndez inició su exposición, que se extendió durante 45 minutos, sobre “Obligaciones internacionales del Estado en materia de tortura”. Habló con conocimiento de causa, desde su cargo como relator de la ONU, su aquilatado currículum como investigador de la tortura, pero también desde su experiencia personal como víctima durante el gobierno de Isabelita. “Esta es una lucha cultural antes que nada por comprender que la dictadura nos dañó a todos porque sus prácticas eran contra la dignidad humana. Por suerte hoy se acepta, pero la batalla cultural no concluyó”, sostuvo después de señalar “los progresos innegables” por los que está transcurriendo Argentina. De todos modos, Méndez no dejó de subrayar las “malas condiciones carcelarias y malos tratos en comisarías y otros ámbitos de encierro” y planteó la necesidad de “renovar el compromiso para garantizar respeto a la prohibición de la tortura y erradicar ese flagelo en la práctica”.

El siguiente panel fue un desarrollo de diferentes niveles y representaciones de las Naciones Unidas: el representante regional del Alto Comisionado para DD.HH. de la ONU, Amerigo Incalcaterra, quien se refirió a la tortura en los países de América latina desde la perspectiva de ese organismo; Fabián Salvioli, integrante del Comité de DD.HH. de las Naciones Unidas, que trabajó sobre los estándares en la materia, que hoy aparecen como un punto a ajustar entre los países, y Enrique Font, integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU, que también profundizó en la materia. Y Leandro Despouy, presidente de la Auditoría General de la Nación, que trató sobre los aportes del país a la Convención contra la Tortura de la ONU.

Por la tarde, se abrieron dos paneles simultáneos: en el auditorio Juan L. Ortiz se tituló “Tortura y personas en situación de vulnerabilidad”. Se trabajó sobre la niñez (Miguel Cillero Bruñol, de Chile), las mujeres (Diana Maffía, Observatorio de Género en la Justicia, CABA), la salud mental (Macarena Sabín Paz, equipo de Salud Mental, Cels) y la exclusión social (Alejandro Mosquera, Comisión Provincial por la Memoria), todos referidos, claro, a la tortura. “Las prácticas violentas y de tortura se realizan preferentemente sobre jóvenes, varones, pobres, que habitan en los barrios más empobrecidos –sostuvo Mosquera–. Las violencias y torturas en las cárceles o institutos de menores son la continuidad de las que suceden en calles y barriadas. Sobre este segmento se descarga el activismo clasista y racista del sistema penal, de las fuerzas de seguridad y de la Justicia”.

En el otro panel, en el auditorio Borges, se desarrolló la experiencia de los mecanismos locales de prevención de la tortura, dos en funcionamiento, Chaco y Salta. María José Urgel, de la Oficina Regional de la APT, que trató sobre los mecanismos a nivel regional, señaló que Argentina es la única que avanzó en ese sentido. El diputado Remo Carlotto se refirió al Mecanismo Nacional, recientemente sancionado, y del que indicó que “tenemos la expectativa de que en diciembre estemos en el proceso de reglamentación y selección, aunque hay que tener en cuenta que es un año electoral que agudiza mucho las discusiones en el Parlamento”. En cambio, Paula Litvachky, del CELS, sostuvo que “es necesario que se ponga en funcionamiento ya el sistema de selección de integrantes del Comité Nacional contra la Tortura, que establece la ley, y que se le fije un presupuesto para que empiece a funcionar el año que viene. Nosotros creemos que no es necesario esperar a la reglamentación de la ley para avanzar en esos pasos”. Mario Bosch, presidente del primero de los mecanismos del país, el de Chaco, describió el funcionamiento, sostuvo que “los sistemas no terminan de entender que quienes estan privados de la libertad en cárceles, neuropsiquiátricos y otros lugares de encierro son sujetos de derecho”, destacó que el Procuvin visitó las cárceles de su provincia sin limitaciones, y lo comparó con la experiencia en la cárcel de Córdoba donde “el gobierno de Córdoba marcó que reconocieron la existencia de las cadenas, que eran de uso habitual, y que se trata de un reclamo de federalismo de patrón de estancia decimonónico”.

El último panel, en el Borges, trató sobre el Sistema Interamericano de DD.HH. y las obligaciones argentinas, y contó con el ex canciller Jorge Taiana, director del CIEP de la Universidad de San Martín; Dina Shelton, integrante de la Comisión IDH, y Alberto Pérez Pérez, juez de la Corte Interamericana de DD.HH. Taiana sostuvo que “para erradicar la tortura se debe seguir con el esclarecimiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar”, pero también consideró un aspecto de la seguridad ciudadana no contemplado en los discursos en general, “la seguridad de las personas privadas de la libertad, en su mayoría sin condena, en cárceles, comisarías e institutos de menores donde se ven inmersas en una situación de vulnerabilidad frente a condiciones inhumanas de detención, sobrepoblación y prácticas sistemáticas de violencia”.

Pérez Pérez sostuvo que “es muy importante recordar que la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, establece que todas las personas tienen derecho a la integridad física y mental, lo cual, además de establecer una protección contra la tortura, amplía la protección hacia otros tratos degradantes que afectan a la integridad humana”.

Primera jornada cargada de definiciones pero, especialmente, de apertura. Por las dos salas del 1º y 3º piso circuló medio millar o más de interesados. La apertura del tema no sólo se notó en las cifras, también en la larga lista de participantes del interior del país y de países limítrofes: Bolivia, Paraguay, Chile y Uruguay.

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